“El Ayuntamiento de València, con carácter inmediato, encargará una auditoria externa e independiente para evaluar el coste de las obras del estadio, recogidas en el proyecto presentado por el València CF, y para que se puedan determinar y exigir eficazmente las garantías que aseguren el coste total de las obras y que las mismas no volverán a ser paralizadas”.
El punto uno de la moción aprobada este miércoles en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València con el voto favorable de PP, Vox y Compromís y la abstención del PSPV, se expresa en estos términos en relación a la posible reactivación de las obras del coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas. Se trata de una moción pactada por el PP y Vox presentada como alternativa a la que llevó a la comisión Compromís en la cual, además de exigir la mencionada auditoría y las garantías, se pedía que se vinculara la aprobación de los beneficios urbanísticos al convenio, de forma que se diera luz verde a todo de forma conjunta antes de que el club reiniciara las obras para tener más capacidad de exigencia sobre las características del recinto deportivo.
La mencionada moción alternativa del equipo de Gobierno incorpora además un segundo punto aprobado con los votos favorables de PP y Vox y en contra de Compromís y PSPV, en el que se propone: “Por seguridad jurídica posponer cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el Valencia CF hasta que se conozca la votación y fallo prevista para el 6 de marzo sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Valencia CF”.
Al parecer, el PP solo quería este segundo punto en la moción, pero finalmente la presión de Vox y la posibilidad de un acuerdo a tres con Compromís que fue el partido que inicialmente exigió la auditoría y las garantías acabaron por convencer a los populares.
Respecto a esta moción, el concejal de Urbanismo, Viviendas y Licencias, Juan Giner, ha explicado que “el Ayuntamiento va a garantizar, en todo momento y como no puede ser otra forma, la seguridad jurídica, con independencia de los actores que protagonicen el procedimiento administrativo”.
Por su parte, el portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas, comentó: “No vamos a permitir ningún balón de oxígeno que permita seguir engañando al valencianismo”, en alusión a Peter Lim.
Posibles escenarios
La aprobación de esta moción implica que el Ayuntamiento tendrá una aproximación independiente y actualizada del coste total de las obras que quedan por ejecutar en el nuevo estadio, tras el parón que se produjo el 25 de febrero de 2009, que el club cifra en entre 160 y 170 millones de euros. Ese será el montante que el Valencia CF deberá garantizar.
El documento, comunicado mediante una nota de prensa evitando las preguntas de los periodistas, no dice en ningún momento que el máximo accionista del club, Peter Lim, deba presentar avales bancarios personales, sino que dice literalmente que exigirán “las garantías que aseguren el coste total de las obras”. El club, salvo que cambie de postura, ya ha explicado en reiteradas ocasiones que las vías de financiación son la venta de los 40.000 metros de terciario de la avenida de las Cortes Valencianas, la venta de su edificio de oficinas, la venta de la parcela del viejo Mestalla y un crédito puente de Caixabank y de Rights and Media, además de los 85 millones del crédito del fondo CVC.
Llegado el momento, el Ayuntamiento deberá valorar si da credibilidad a estas vías de financiación siempre y cuando den para cubrir el 100% del presupuesto. De aceptarlas, se llevarían las fichas urbanísticas para su aprobación en el pleno municipal, una condición que siempre ha puesto el Valencia CF para reiniciar las obras. ¿Daría en ese caso Vox su voto favorable? Fuentes del partido consultadas por este diario han asegurado que no, que se mantendría la negativa expresada por su portavoz, Juan Manuel Badenas, a conceder cualquier beneficio al club mientras lo dirija Lim, lo que mantendría el actual escenario de bloqueo, siempre que Compromís y PSPV se opusieran también.
Con todo, las mismas fuentes consideran que el coste final del estadio será mucho mayor del hasta ahora previsto y que será poco probable que el club pueda mediante sus propios recursos garantizar la totalidad de la cuantía, lo que aún complicaría más la situación, ya que Lim nunca ha estado por la labor de avalar de forma personal nada relacionado con el coliseo.
Sin embargo, está por ver que Badenas mantenga el pulso, teniendo en cuenta que el vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Barrera, también de Vox, es el responsable de la candidatura de València como posible sede del Mundial de 2030 y esa postura del portavoz municipal y segundo teniente de alcalde complicaría mucho las opciones de la ciudad.
Sin ir más lejos, el Gobierno valenciano autorizó este miércoles a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte a suscribir el acuerdo de adhesión en relación con la acogida, organización y puesta en marcha de la Copa Mundial de la Fedération Internationale de Football Association (FIFA), con objeto de formalizar la candidatura de València como ciudad anfitriona de dicho evento deportivo.
Otro posible escenario, aunque poco probable, es que la Justicia dé la razón al Valencia Cf en su recurso contra la denegación de la prórroga y la caducidad de la actuación territorial estratégica (ATE). El primer fallo se deliberará el próximo 6 de marzo y de ganar el club el contencioso, recuperaría los derechos urbanísticos sin necesidad de pronunciamiento alguno por parte del Ayuntamiento. Por otra parte, fuentes consultadas por este diario aseguran que se está tratando de alcanzar un acuerdo extrajudicial entre la Generalitat y el Valencia CF para que esto suceda, lo que daría vía libre, al menos inicialmente, al reinicio de las obras una vez el Ayuntamiento concediera la licencia y de paso a la candidatura de València como sede del Mundial de 2030.
Sin embargo, el club dispondría de los derechos urbanísticos sin ningún tipo condición. Las fichas urbanísticas, en cambio, liberan el suelo terciario una vez el Valencia CF abone el polideportivo de Benicalap y el residencial de la avenida de Aragón una vez haya finalizado las obras del coliseo.
Compromís y PSPV advierten del favoritismo del PP a Lim en los juzgados
La portavoz de Compromís per València Papi Robles se congratuló de que el gobierno municipal haya aceptado finalmente realizar una auditoría externa e independiente del proyecto presentado por Peter Lim para el nuevo estadio con el fin de tener las garantías de que las obras no se volverán a paralizar.
Ahora bien, lo que no han querido validar ni Catalá ni Vox es la condición de vincular la aprobación de las fichas urbanísticas en el convenio. Respecto al conflicto judicial, Robles ha añadido: “Ahora dicen que esperarán a la resolución judicial dejando la puerta abierta a ceder a los intereses y al negocio de Meriton. Nuevamente vemos unas declaraciones en público y después unos acuerdos completamente distintos. Claramente están cediendo al chantaje y se están convirtiendo en cómplices dejando la ciudad y el club en manos exclusivamente de lo que quiera hacer Peter Lim sin garantía ni control”..
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, manifestó su “profunda indignación” ante lo que ha calificado como “estrategia clara, sonrojante y abierta de María José Catalá para ponerle las cosas muy fáciles a Peter Lim y Meriton”. “Ha pasado de exigir de cara a los medios de comunicación y la opinión pública que desistiera de las demandas contra el Ayuntamiento a poner negro sobre blanco que está a la espera de que resuelvan los tribunales”, lamentó.
Sobre su abstención en el punto de la auditoría y las garantías, explicó que lo han hecho porque “se da por bueno el estadio low cost y deja de exigir las condiciones del estadio de la ATE, porque la auditoria se haría sobre un estadio que no es el que debería ser y el aval solo se exigiría para un estadio a medio acabar”.
Gómez advirtió de que la gestión de Catalá y Mazón “va a tener unas consecuencias terribles para esta ciudad”. “La desidia con la que está operando la Generalitat y el Ayuntamiento para perder el procedimiento judicial solo va a tener unos responsables: Catalá y Mazón”.