La batalla judicial de Ribera Salud contra el Gobierno valenciano: 59 recursos derivados del rescate de hospitales privatizados

“La concesionaria de Torrevieja se ha dedicado a obstruir el proceso de reversión al no atender los requerimientos de la Conselleria de Sanidad, acudiendo a la vía judicial mediante la interposición de recursos”, señaló este miércoles la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, en su comparecencia a petición propia en la comisión de Sanidad de las Corts Valencianes para explicar la inminente recuperación pública del departamento de salud del hospital de Torrevieja a partir del próximo 15 de octubre, una vez finalizado el contrato de 15 años adjudicado en su día por el PP.

Barceló puso en evidencia las contradiciones del PP, precursor del modelo de privatizaciones, cuando en 2014 ya anunció por boca del entonces presidente Alberto Fabra, y de su conseller de Sanidad, Manuel Llombart, que no prorrogaría ninguna concesión sanitaria, un modelo de concesiones que ahora el propio PP reivindica.

La consellera aseguró que la administración está preparada para que la transición se produzca con total normalidad para la ciudadanía, pero lamentó las trabas que ha puesto la empresa Ribera Salud para facilitar un rescate previsto explícitamente en una de las cláusulas del contrato.

De hecho, denunció que a tan solo nueve días de la recuperación de la gestión pública, la compañía sigue sin enviar la información relativa al personal, que según denuncia, comparte en algunos casos con el departamento del Vinalopó.

“Una información que se considera imprescindible para poder garantizar la continuidad del servicio a la población protegida del departamento de salud de Torrevieja, que está en torno a las 180.000 personas. Sin embargo, como ya ocurrió en el proceso de reversión del departamento de la Ribera, se ha repetido la obstaculización y la negativa a facilitar cualquier tipo de información por parte de la concesionaria”, lamentó.

La consellera aseguró que el modelo concesional impulsado por el PP de Zaplana es “un experimento fracasado que socializa pérdidas y privatiza beneficios, al tiempo que hipoteca la planificación de la red pública”.

Entre los problemas de este modelo destacó la falta de mecanismos de control de la administración sobre las empresas concesionarias, así como la elevada litigiosidad precisamente por la falta de claridad en las diferentes cláusulas de los contratos.

“Deficiencias y falta de claridad”

Según destacó Barceló, “las deficiencias y falta de claridad de los documentos contractuales que regulan la relación entre la administración y las concesiones y la desconfianza entre las partes ha propiciado la existencia de numerosas reclamaciones tanto en vía administrativa como judicial, interpuestas por las empresas adjudicatarias”.

De hecho, las concesionas han interpuesto en los últimos años 62 procedimientos judiciales, de los que 59 corresponden a las concesionarias controladas por Ribera Salud: 26 en La Ribera, 18 en Torrevieja y 15 en Elx-Crevillent.

La responsable de Sanidad Universal y Salud Pública recordó que el pasado 14 de octubre de 2020 se comunicó a la empresa concesionaria la no prórroga del contrato y se remitieron las normas de reversión encaminadas a recabar la información, verificación y comprobación del estado de situación para facilitar el proceso de transición del departamento de manos privadas a la red pública.

Desde ese momento, la compañía ha puesto cinco recursos ante el Tribunal Superior de Justicia para lograr la suspensión tanto de las normas de reversión como de la notificación de la no prórroga solicitada por la empresa concesionaria, todos ellos desestimados.

Por último, Barceló lamentó la situación denunciada por los sindicatos mayoritarios del departamento de Torrevieja, que protestaron recientemente porque desde el 30 de septiembre y ante la finalización del contrato, Ribera Salud no ha renovado a 200 trabajadores eventuales y ha cerrado agendas de citas de especialidades y camas en UCI, maternidad y cirugía.