La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de cuatro años de prisión y multa de 100.000 euros para la práctica totalidad del equipo de Gobierno de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València entre los años 2007 y 2015, en concreto, para 45 asesores y concejales, en el marco del 'caso Taula' por el que se investiga la financiación ilegal de las campañas electorales de los años 2007, 2011 y 2015, así como el blanqueo de fondos con el método del pitufeo, por el cual cada uno de los acusados ingresaron 1.000 a la cuenta del partido que después les habrían sido devueltos en un sobre con dos billetes de 500 euros.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es, Anticorrupción ha pedido también hasta 15 años de prisión y multa de 100.000 euros para el que fue vicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, por los delitos de blanqueo, malversación y cohecho, mientras que para María del Carmen García Fuster, secretaria del grupo municipal popular de València y persona de confianza de la fallecida alcaldesa, ha solicitado hasta siete años de cárcel y multa de 100.000 euros por los delitos de blanqueo y cohecho.
El titular del Juzgado de Intrucción 18 emitió el pasado 19 de octubre auto de procesamiento, paso previo a la apertura de juicio, salvo que prosperen los recursos planteados.
Algunos de los encausados para los que el fiscal solicita 4 años de prisión, como el asesor Luis Salom, la asesora Cristina Diego, o el exconcejal de Deportes, Cristóbal Grau, forman parte del actual grupo municipal popular que dirige la portavoz María José Catalá.
Salom, quien ha interpuesto una quincena de denuncias contra los actuales dirigentes sin que ninguna de ellas prospere, sigue siendo asesor, lo mismo que Diego, mientras que Cristóbal Grau es el secretario del grupo.
Origen del caso
El caso Taula saltó a la luz a principios de 2016 cuando la Unidad Central operativa de la Guardia Civil irrumpió en el Consistorio para recabar documentación por un supuesto caso de blanqueo perpetrado por medio centenar de concejales y asesores poco antes de las elecciones municipales de 2015.
La propia alcaldesa declaró ante el Tribunal Supremo por el presunto 'pitufeo' en el grupo municipal que ella dirigía por el cual todos sus miembros hicieron una aportación al partido de 1.000 euros para cubrir los gastos de la campaña electoral de 2015 que supuestamente se les devolvió poco después en dinero negro.
Toda esta situación provocó que las Corts Valencianes aprobaran por unanimidad, incluidos los diputados del Partido Popular, una resolución por medio de la cual exigían a Rita Barberá que renunciara al acta de senadora autonómica “para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos”.
Recientemente, Catalá solicitó al Ayuntamiento el nombramiento de Rita Barberá como alcaldesa honorífica, algo descartado por el equipo de gobierno municipal.
El legado de la que fue durante 24 años alcaldesa de València fue ampliamente reivindicado hace dos semanas en la convención nacional del PP que tuvo lugar en la Plaza de Toros de València. Las referencias a la excalcaldesa, a la que el partido reclamó apartarse por su investigación judicial en el caso Taula, fueron una constante que ha logrado encender al público en el cierre de la convención nacional del PP.
De hecho, el líder popular Pablo Casado recordó a la exalcaldesa, asegurando que el partido va a recuperar la ciudad en su memoria. Casado interpretó el acto multitudinario como el “preámbulo de otra victoria como con Rita Barberá” y el primer paso para llegar al Gobierno central. “Aquí está otra vez el PP llenando la plaza de toros”, apuntó.