La portavoz del grupo municipal socialista de València Sandra Gómez denunció este viernes que la “barra libre a los especuladores de Catalá” ha provocado que los apartamentos turísticos ilegales se hayan disparado en la ciudad un 40% en el último año, según los datos oficiales que ofrece el propio Ayuntamiento de València a través de Visit València.
Gómez informó de que en menos de un año han aparecido en la ciudad 3.297 apartamentos turísticos y todos ellos ilegales, tal y como confirman los datos oficiales, ya que la oferta legal incluso ha disminuido en el mismo periodo de tiempo. Según los datos de Visit València que ha ofrecido la responsable socialista, la ciudad ha pasado de 7.318 apartamentos en enero de 2023 a los 10.286 que tiene localizados el Ayuntamiento en todos los barrios. Sin embargo, el registro de apartamentos turísticos de la Agencia Valencia de Turismo reflejaba hasta el mes de febrero 5.604, por lo que un 54% serían irregulares.
“Este incremento abrumador es el resultado de la inacción de Catalá para frenar este fenómeno y la libertad que ha dado su gobierno para que los especuladores conviertan las viviendas de nuestros barrios en alojamientos turísticos con todas las consecuencias que implica, como el incremento de la conflictividad social en forma de molestias para nuestros vecinos y vecinas y, en mayor medida, un aumento desmesurado de los precios del alquiler”, dijo.
La líder de los socialistas incidió en que las políticas desarrolladas por Catalá han supuesto un “cambio de rumbo radical” frente a la gestión de los socialistas durante las dos legislaturas anteriores que consiguió poner freno a la proliferación de los apartamentos.
“Cuando observamos la incidencia que estaba teniendo el fenómeno en 2016 iniciamos una regulación. Pusimos límites y normas que nos ayudaron a controlar la proliferación de apartamentos que se estaba detectando en todas las ciudades españolas. Pusimos un coto legal muy importante y activamos inspecciones para trabajar contra los apartamentos que nos ayudaron a contener la apertura de apartamentos así como a cerrar centenares que habían abierto ilegalmente”, dijo.
Gómez, en este sentido, recordó el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella y el del Cabanyal que ya establecieron fuertes restricciones a los apartamentos, así como la suspensión de licencias que dejaron encima de la mesa los socialistas en Urbanismo para no conceder nuevas autorizaciones a apartamentos turísticos en toda la ciudad y también regular las residencias de estudiantes por sus efectos negativos sobre el precio de los alquileres.
La alcaldesa de València, María José Catalá, preguntada al respecto, descartó aplicar la mencionada moratoria y afirmó que se han incrementado un 120% las inspecciones, que se está trabajando “con una ordenanza de regulación que no se hizo en los ocho años de gestión de la izquierda” y que se está combatiendo a los apartamentos turísticos ilegales, que “es lo que ellos no hicieron cuando estaban al frente del Ayuntamiento”.
Según fuentes municipales, tan solo en el primer trimestre de 2024, la Policía Local ha puesto 156 denuncias a apartamentos ilegales, más de del doble de las que se ponían con el PSPV y Compromís en el Ayuntamiento, cuando en todo el año 2022 sólo se pusieron 73 denuncias, mientras que en 2023 fueron 84.
No caben más apartamentos
Goméz exigió a Catalá que continúe con el camino que emprendieron los socialistas en el Ayuntamiento y que se demostró eficaz, ya que se logró reducir ostensiblemente la oferta. “Pero Catalá llegó y lo primero que dijo es que era partidaria de la libertad de mercado y que no iba ni a regular ni a prohibir. Y este es el resultado de sus nueve meses de gestión: un 40% más de apartamentos ilegales. Mientras nosotros redujimos los apartamentos ilegales, la inacción de Catalá ha convertido València en el paraíso de los especuladores”, indicó.
Finalmente, la portavoz socialista anunció que el Grupo Municipal Socialista presentará una moción en el próximo pleno ofreciendo un acuerdo para que se siga la senda que establecieron los socialistas que fue eficaz y que redujo la oferta en 2.000 apartamentos.
Compromís pide que se declare València como zona tensionada
La portavoz de Compromís, Papi Robles, comentó que es “prioritario” que las personas que viven en València tengan acceso a la vivienda: “Dado que los apartamentos turísticos son una competencia prácticamente desleal frente a la vivienda, hemos propuesto en varias ocasiones que se plantee que toda la ciudad sea declarada zona tensionada, es decir, que no puedan subir los precios del alquiler. Una petición que se hizo desde el gobierno de Joan Ribó y que Catalá y Mazón mantienen guardada en un cajón”.
Asimismo, otra de las medidas que ha pedido Compromís de forma reiterada es la puesta en marcha de una moratoria para frenar la apertura de esos apartamentos turísticos puesto que, según Robles, “la ciudad está masificada y saturada de turismo y Catalá debería hacer más políticas para garantizar el acceso a la vivienda y menos políticas de atracción de turismo; queremos turismo pero se está yendo de las manos y no vale mirar hacia otro lado mientras hay muchas personas sufriendo porque los precios de alquiler están descontrolados”.