La polémica decisión de Puertos del Estado de delegar en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la responsabilidad y la decisión de realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la ampliación norte sigue generando reacciones en el ámbito político y los gobiernos de izquierdas, tanto autonómico como municipal.
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà (Compromís), en declaraciones a elDiario.es, ha insistido en que “cualquier proyecto que afecte al litoral debe adecuarse a escenarios futuros que marca la normativa en materia ambiental de cara a los años 2030 y 2050” y ha advertido de que el proyecto de ampliación “confronta con las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático”.
La consellera ha cuestionado “los sucesivos cambios sobre un proyecto cuya versión definitiva no se ha hecho pública” y ha instado a copiar “el modelo del Puerto de Castellón en materia de medidores de calidad del aire”, al contar con cinco medidores, tres más que el Puerto de València, si bien es cierto que está en previsión un ampliación de estos dispositivos.
El alcalde de València, Joan Ribó, también de Compromís, insistió este martes en la necesidad de contar con una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para decidir si se lleva a cabo o no la ampliación del puerto de la ciudad. En este sentido, consideró que la capital valenciana “no puede verse maltratada” por el recinto portuario y reclamó “soluciones” ante “problemas” de movilidad en la ciudad y a su área metropolitana y repitió su apuesta por el transporte metropolitano, además de advertir de las consecuencias medioambientales del citado proyecto.
Desde el PSPV, el síndic de las Corts Valencianes, Manolo Mata, se mostró favorable a la ampliación este martes al considerar que “en cuestiones técnicas, la posición del PSPV-PSOE es hacer caso a los técnicos”. En este sentido, añadió que “el debate sobre la Declaración de Impacto Ambiental está resuelto, porque el Gobierno de España legitima que la DIA del 2007 sigue vigente”. Además, afirmó que “la afección medioambiental más importante ya se hizo en 2012 y es el dique de abrigo del puerto, que afecta a las playas del sur de la ciudad”.
La vicealcaldesa de València y portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, en declaraciones a la Cadena SER y À Punt, evitó profundizar sobre si es necesaria una nueva DIA y reivindicó un plan “serio” de regeneración para las playas del sur de la ciudad para “paliar” los “posibles efectos” de la ampliación norte del Puerto de València. Gómez defendió que “cualquier” obra pendiente de hacer en el Puerto de València tiene que tener un impacto medioambiental “nulo” y abogó por “compensaciones” ante este proyecto.
También se puso de perfil el conseller socialista de Política Territorial, Obras Públicas i Movilidad, Arcadi España, quien preguntado por este diario se limitó a reiterar como en otras ocasiones que “hay que apostar por el equilibrio entre el respeto al entorno y el desarrollo económico, cumpliendo siempre con la normativa en materia de sostenibilidad”. Respecto a la DIA, como su compañera de partido Sandra Gómez, evitó posicionarse al afirmar que es “una cuestión técnica, donde debe primar el criterio técnico”.
Desde presidencia de la Generalitat no contestaron a las preguntas de este diario en relación a este tema sobre el que Ximo Puig aún no se ha pronunciado.
El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, aseguró que su formación no dejará de lado la lucha para evitar la “ampliación monstruosa del puerto de València” y advirtió de que agotarán “todas las vías necesarias”, empezando por la parlamentaria.
El Consejo de Círculos de Podem València, por su parte, acordó sumarse a la vía judicial contra la ampliación del puerto en una reunión mantenida el sábado 10 de abril. El Consejo, además, reclama la paralización o moratoria del proyecto.
Por contra, los partidos de derechas, tanto PP, como Ciudadanos y Vox, han manifestado su apoyo sin fisuras a la ampliación portuaria esgrimiendo la creación de puestos de trabajo, un argumento que cuestionan los propios estibadores en las alegaciones presentadas al proyecto o el mismo eurodiputado del PP Esteban González Pons.
Por otra parte, la Federació D’associacions Veïnals de València exigió este martes la paralización del proceso de adjudicación de la concesión para la construcción y gestión de la nueva terminal norte del Puerto de València y ha solicitado la apertura de un debate serio en el que tengan voz todos los agentes implicados con el objetivo de analizar la posibilidad de desmontar los actuales diques de abrigo que tanto daño han hecho y siguen haciendo a las playas del parque natural de la Albufera para reutilizarlos en una posible ampliación del Puerto de Sagunto que satisfaga las necesidades de espacio a largo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a largo plazo.