“La realidad es que nadie va a ayudar a 13 trabajadores que estuvimos ayudando cuando era necesario en el Aquarius o bien cuando nos pusimos a repartir comida o desinfectar la Marina en plena pandemia, resultando contagiados varios de nosotros. Ahí sí que éramos servicios imprescindibles. Este jueves he tenido que hacerme cargo de un agricultor que ha sufrido un desvanecimiento en el tinglado 2, esa es la gente que ahora parece que sobramos”. Uno de los 13 trabajadores del Consorcio Valencia 2007 que gestiona la Marina de València se queja en declaraciones a elDiario.es ante la posibilidad de que sean despedidos, tal y como les trasladó recientemente el concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano. Para este viernes está previsto un consejo rector en el que desconocen si se hará efectivo el despido colectivo.
El sindicato CCOO ha solicitado la creación de un ente público que asuma la responsabilidad con los trabajadores y las trabajadoras, algo que hasta ahora ha sido rechazado. El sindicato reclama que las administraciones públicas y entidades privadas que realicen la actividad asuman la plantilla y no dejen desamparadas a 13 personas que llevan desde el año 2003 trabajando para la ciudad de València, principalmente en la organización de la Copa del América en 2007.
Desde que se inició el proceso de liquidación del Consorcio, entidad pública que gestiona la Marina participada por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno, en el mes de mayo de 2021, la representación de las personas trabajadoras se ha reunido con los liquidadores, con los grupos políticos del PSPV (Sandra Gómez), de Compromís (Papi Robles), con el diputado en el Congreso de Compromís-Sumar (Alberto Ibáñez), con el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València (José Marí Olano, del PP), así como con el director general de Puertos, Costas y Aeropuertos de la Conselleria de Medio Ambiente, Aguas, Infraestructuras y Territorio, (Vicente Martínez).
El sindicato ha trasladado la necesidad urgente de la creación de una empresa pública, y, en todo caso, de la recolocación de los 13 trabajadores y trabajadoras que se encuentran en tierra de nadie, pese a la especialización y conocimientos que tienen de los espacios y actividades que se están realizando: “CCOO agradece que todos y todas hayan mostrado su predisposición a dar una solución, pero, de momento, lo único que está sobre la mesa es la posibilidad de un Expediente de Regulación de Empleo, sin expectativas para la plantilla que no es asumida por la concesión de la Marina de Valencia”.
CCOO ha manifiestado su intención de no cesar en estas reivindicaciones, hasta conseguir la recolocación de la plantilla del Consorcio y que se garanticen formalmente los puestos de todas las personas trabajadoras, reservándose la convocatoria de las acciones necesarias para tal fin, ante los distintos organismos públicos, responsables del Consorcio Valencia 2007.
Como informó este diario, entre los afectados hay ingenieros, arquitectos y abogados, quienes acudieron a la convocatoria de empleo público desde diferentes puntos de España con motivo de la Copa del América y a los que ahora con una media de edad de entre 55 y 57 años y con una dilatada experiencia en la gestión, no solo en la organización de la Copa del América, sino en todos los eventos que se han desarrollado desde entonces en la Marina de València, se pueden a quedar en la calle.
El pasado 5 de diciembre tras la reunión del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se aprobó la privatización de un 47% de la Marina de València con el beneplácito de la alcaldesa, María José Catalá. En primera instancia la APV y, en segunda, la empresa que entre a gestionar el espacio, asumirán a otros 13 empleados más relacionados con la gestión náutica y los amarres.
Según los propios afectados, el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, les comunicó el pasado lunes 5 de febrero que en marzo se procederá a su despido ya que, según afirman los trabajadores, Olano les trasladó que no está previsto crear un nuevo ente de gestión pública para el espacio que queda sin privatizar. ya que pasará a depender directamente del Ayuntamiento.
Hasta ahora, era el Consorcio Valencia 2007, órgano gestor de la Marina integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), el encargado de gestionar los amarres de las embarcaciones deportivas, así como el resto de los terrenos, instalaciones y actividades, de manera que se garantizaba una gestión unitaria de todo el entorno, algo que se romperá con este concurso.
El Consorcio sigue enredado en una maraña jurídica y en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente. La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar su liquidación, pero finalmente quedó paralizada hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor que al parecer finalmente no se producirá.