¿Está definitivamente descartada València como posible sede del Mundial de 2030? Esta es la pregunta que se han venido haciendo aficionados y empresarios de los diversos sectores vinculados al turismo desde que el Valencia CF anunciara el pasado jueves 22 de febrero que su negativa a firmar el contrato de adhesión con la FIFA por el que se comprometía a finalizar el nuevo estadio para acoger partidos de la máxima competición continental. Unos contratos que, sin embargo, sí que firmaron tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat Valenciana.
La respuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a preguntas de elDiario.es ha sido tajante en la línea de que no se puede dar por descartada a estas alturas a la capital valenciana ya que aún hay margen de tiempo: “Se ha ampliado el plazo para presentar la documentación a la RFEF y se está hablando con FIFA sobre las condiciones que exigieron a las ciudades candidatas para ser sedes. Se analizará caso por caso. Por lo tanto, nada está cerrado”, han asegurado desde el organismo.
Con todo, los plazos no son ilimitados, es más siguen estando bastante ajustados ya que la idea de la RFEF era tener lista toda la documentación de las sedes en el mes de abril o de mayo a más tardar de forma que en junio ya tenga claro cuáles son las ciudades que cumplen y cuáles no. Esto daría margen, el menos en un primer momento, para conocer la resolución judicial sobre la caducidad de la actuación territorial estratégica (ATE) y sobre la denegación de la prórroga, cuyos recursos se dirimirán de forma conjunta el próximo 6 de marzo, por lo que lo normal sería que ese mismo mes se conociera el fallo. Este es uno de los nudos gordianos clave para un posible desbloqueo de la situación, según han trasladado las autoridades de las instituciones valencianas a la Federación. Lo que sí es seguro es que la firma del club propietario del estadio, junto a la de las administraciones, es imprescindible. Vencido el plazo, si el Valencia CF mantiene su negativa, la ciudad quedaría definitivamente descartada.
Como informó este diario, el pasado miércoles 21 de febrero el Ayuntamiento de València aprobó una moción con dos puntos. El primero, apoyado por PP, Vox y Compromís (el PSPV se abstuvo), implica hacer una auditoría del proyecto del nuevo estadio presentado por el Valencia CF para conocer su coste real y pedir al club garantías por ese importe. El segundo, apoyado por el PP y Vox, supone no tomar ninguna decisión en cuanto a la eventual aprobación de los beneficios urbanísticos en favor del club hasta conocer la sentencia sobre la actuación territorial estratégica (ATE) que se dirime el 6 de marzo.
Esta nueva hoja de ruta no había sido comunicada previamente al club, que seguía esperando la licencia de obras tras presentar las pertinentes certificaciones para este primer trimestre, tal y como anunció la alcaldesa de València, María José Catalá, así como la aprobación en el pleno de las fichas urbanísticas con las que en la práctica recuperaría el patrimonio perdido con la caducidad de la ATE. Unos activos con los que el Valencia CF pretende financiar las obras, junto al préstamo de CVC de la Liga.
Tras la aprobación de la moción en el seno del Ayuntamiento, la reacción del máximo accionista del club, Peter Lim, fue contundente. El Valencia CF trasladó a la Generalitat Valenciana que ante la incertidumbre creada con este nuevo escenario no se daban las condiciones para que el club firmara el protocolo con la FIFA para que la ciudad optara a ser sede del Mundial de 2030. Fuentes del club recordaron a este diario que hasta ahora, en lo referente la candidatura, el Valencia CF había cumplido con todos los compromisos que se le habían solicitado pero que ante la inseguridad jurídica generada no pueden firmar un contrato con un tercero sin saber a ciencia cierta cuándo van a disponer de la licencia de obras y de los activos urbanísticos. Incluso podrían incurrir en sanciones en caso de incumplimiento.
El club perdió el control de estos activos urbanísticos con la caducidad anticipada de la actuación territorial estratégica (ATE) decretada por la Generalitat Valenciana, pero podrá recuperarlos a efectos legales si la justicia le da la razón en el litigio o si el pleno del Ayuntamiento aprueba en primera instancia las fichas urbanísticas, la parte que da vigencia al nuevo planeamiento y que se incluirá en el convenio que posteriormente deben firmar el club y el Consistorio. El club exige la aprobación de las fichas para reiniciar las obras, pero para eso se deben aprobar en el pleno son mayoría absoluta de 17 concejales. De momento, solo el PP, con 13, está por la labor.
En virtud de estas fichas que acordaron el anterior ejecutivo municipal de Compromís y el PSPV con el club en enero del pasado año, el Valencia CF recuperaría los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario ubicados en la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas una vez abonara al Ayuntamiento los 9,8 millones de euros del coste del pabellón deportivo de Benicalap, y volvería a disponer de los 75.900 metros cuadrados de edificabilidad residencial y de otros 14.000 de terciario en la parcela de la avenida de Aragón una vez haya finalizado las obras del nuevo estadio.