El Gobierno valenciano tiene trazada una hoja de ruta para posibilitar el desarrollo del nuevo estadio, del polideportivo de Benicalap y del resto de compromisos que le quedan por cumplir al Valencia CF una vez el pleno del Consell apruebe la caducidad de la actuación territorial estratégica (ATE), el plan urbanístico que recoge todas los beneficios urbanísticos otorgados al club en forma de edificabilidad (75.000 metros cuadrados de residencial y 40.000 de terciario) para poder financiar las obras, pero también las obligaciones.
Esta hoja de ruta está a expensas de ser validada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y por lo tanto su viabilidad dependerá de que todos los puntos incluidos en ella sean legalmente avalados por el organismo, que emitirá un informe previsiblemente a finales del presente mes.
El primer punto sobre el que se debe pronunciar el CJC es en lo referente a la caducidad de la ATE, una cuestión que ya ha sido informada favorablemente en un informe de la Abogacía de la Generalitat de agosto del pasado año, por el cual se inició el proceso, pero que los abogados del club siempre han considerada contraria a derecho. Así pues, se requiere el pronunciamiento del CJC antes de que la caducidad de la ATE se apruebe en el pleno del Consell.
Pero, ¿cuál será el escenario una vez caiga la ATE? Según ha averiguado elDiario.es, el plan de la Generalitat pasa por mantenerle al Valencia CF todos los derechos urbanísticos de forma condicionada, una opción que se argumentaría jurídicamente por una cuestión de interés general, al considerar que ambos desarrollos, tanto el del viejo Mestalla en la avenida de Aragón, como el del nuevo en la avenida de las Cortes Valencianas, tienen un impacto y beneficios que van más allá del ámbito municipal, es decir, que trascienden a la esfera del área metropolitana.
Así, todo el proyecto quedaría bajo el paraguas legal de los ámbitos estratégicos de cualificación urbana incluidos en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), una figura similar a las ya desaparecidas ATE que permite establecer condiciones y requisitos para su desarrollo.
Al mismo tiempo, se devolverían al Ayuntamiento de València, en concreto a las Concejalía de Desarrollo Urbano, todas las competencias en materia de planeamiento, unas funciones que con la firma de la ATE quedaron en manos de la Generalitat. De esta forma, el Consistorio podrá imponer los plazos de ejecución y condiciones que considere.
Además, el Valencia CF perdería la condición de promotor que le otorgaba la ATE, aunque esto en la práctica no tiene gran trascendencia, más allá de que, como cualquier propietario con terrenos a edificar, se regiría por la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).
En cuanto a las garantías económicas, no se contemplaría desde la Generalitat solicitar nueva documentación precisamente porque la consideración de los desarrollos en las parcelas del viejo y del nuevo estadio como ámbitos estratégicos de cualificación urbana ya implica el cumplimiento de una serie de condicionantes que desarrollará el Ayuntamiento.
Adicionalmente, la obtencion de las licencias de obras para ejecutar las torres de viviendas o el tercierio quedarían suspendidas y codicionadas al cumplimiento de todos los condicionantes y plazos establecidos por el Ayuntamiento, que en su caso sí que podría solicitar garantías financieras adicionales. Esta suspensión no afectaría ni a la licencia para retomar las obras del nuevo estadio ni a la del futuro hotel que debe construir Expo Grupo en la avenida de Aragón.
Por último, la Generalitat se incautaría del 1,1 millón de euros depositado por el Valencia CF en 2015 como promotor de la ATE, una garantía que perdería al declararse la ATE caducada por su incumplimiento.
Tras las diversas reuniones que mantuvo Lay Hoon, mano derecha del máximo accionista Peter Lim, con el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, con la vicealcaldesa, Sandra Gómez, y con el alcalde, Joan Ribó, el club tiene previsto remitir al Ayuntamiento un nuevo modificado del proyecto que contemple los acuerdos alcanzados, entre ellos, el aforo de 66.000 espectadores, ampliable a 70.000, además de los servicios asociados como el museo o los locales comerciales y una mayor dotación de aparcamiento.