La paciencia del Gobierno valenciano con Meriton Holdings, la empresa propiedad del magnate Peter Lim que posee la mayoría accionarial del Valencia CF, se ha terminado.
La Conselleria de Política Territorial que dirige el socialista Arcadi España ha confirmado a elDiario.es que iniciará el expediente de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), el plan urbanístico diseñado en 2012 y aprobado en 2015 para posibilitar el traslado del Mestalla de la avenida de Aragón a la de las Cortes Valencianas.
Feuntes del mencionado departamento han explicado que de esta forma se da cumplimiento a la recomendación de la Abogacía de la Generalitat, que el pasado mes de agosto emitió un informe no vinculante solicitado por el propio España que advertía de que la ATE está caducada al no haberse cumplido con la finalización del nuevo estadio (debía estar terminado este verano), y de posibles responsabilidades jurídicas de las administraciones si no se procedía a su nulidad.
Las mismas fuentes han precisado que la Conselleria de Política Territorial está ultimando el escrito para iniciar el trámite de expediente de resolución anticipada por caducidad de la ATE, proceso que se trasladará al pleno del próximo viernes 19 de noviembre.
De esta forma, se pondría fin a la ATE como herramienta urbanística. No obstante, Territorio tiene la potestad de decidir si se mantienen o no las previsiones de planeamiento, basándose siempre en el interés general.
Cuando se hizo público el informe de la Abogacía, el conseller ya lanzó un ultimátum a la propiedad del club: “O la propiedad del Valencia CF da pasos transparentes, creíbles y económicamente viables para cumplir sus compromisos o se resolverá de forma anticipada”. España recordó que “la Generalitat Valenciana siempre ha trabajado en garantizar el interés público, con sangre fría y la ley en la mano”.
Dos meses después, nadie de la dirección del club se ha dirigido a la Política Territorial ni a presidencia de la Generalitat para presentar un plan de reinicio de los trabajos mediante los fondos extraordinarios que recibirá del fondo de inversión CVC a través de La Liga.
En este sentido, Meriton se ha limitado a trasladar por escrito a la Conselleria de Economía, el otro departamento competente en la tramitación de la ATE, que dedicará gran parte de esos fondos (unos 118 millones de euros) a reiniciar las obras.
De hecho, recientemente presentó un recurso de reposición ante la decisión de Economía de denegar la solicitud de prórroga. En ese recurso, el club hizo referencia a esta cuestión: “El 31 de agosto de 2021, el Club puso en conocimiento de esa Administración que se recibirá una importante inyección de financiación procedente del fondo CVC Capital Partners (CVC), tras la firma del correspondiente acuerdo entre ese fondo y La Liga Nacional de Fútbol Profesional. Esa financiación permitirá al Club ejecutar con mayor celeridad las actuaciones pendientes de la ATE, superando así las dificultades económicas ocasionadas por el COVID-19 en el mercado inmobiliario y en el sector del fútbol. No obstante, será necesario que se concedan las correspondientes licencias por parte de las Administraciones correspondientes. Sin esas licencias el Club no podrá iniciar obra alguna a pesar de haber solventado los obstáculos económicos derivados del COVID-19 con la financiación de CVC”.
Para la Conselleria de Política Territorial, sin embargo, esta declaración no es suficiente y lamenta que “nadie del club se ha puesto en contacto en todo este tiempo con este departamento”.
Con todo, la declaración de nulidad de la ATE no será inmediata. La apertura del expediente tendrá una tramitación similar a la que ha tenido la de solicitud del prórroga que hizo el club, y por tanto también intervendrán tanto la Conselleria de Economia como el Ayuntamiento y el propio Valencia CF, que podrá presentar alegaciones y en última instancia recursos judiciales. Además, la resolución del expediente deberá pasar por el pleno del Consell, tal y como recomendaba el informe de la Abogacía.
Sobre el anuncio de la Conselleria de Política Territorial sobre el inicio del trámite para resolver de forma anticipada la la Actuación Estratégica Territorial (ATE), cuyo plazo expira en mayo de 2025 ante los incumplimientos del Valencia CF con los plazos fijados en la actuación, la vicealcaldesa de València y responsable de Urbanismo , Sandra Gómez, ha recordado a Meriton que el Ayuntamiento de València “llevaba meses advirtiendo que era momento de pasar de las palabras a los hechos”.
“Con especial relevancia desde este verano cuando la propiedad del club vio reforzada sus cuentas en virtud del acuerdo con la liga”, ha afirmado. Sandra Gómez ha asegurado que la propiedad del València “tiene una oportunidad para presentar un aval para garantizar la finalizaciónn del nuevo estadio”.
“La ciudad pero sobre todo la afición merece otra respuesta por parte de la propiedad del club”, ha insistido y ha advertido que “no pueden seguir mareando, ni engañando a los responsables públicos” porque “la administración se ha puesto muy seria”. “Es el momento de cumplir los compromisos que llevan décadas incumpliendo”, ha asegurado.