La recuperación pública de la gestión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) fue uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza generó al anterior Gobierno del Botánico, en concreto a la Conselleria de Economia que dirigía Rafa Climent (Compromís), por las trabas y la enorme cantidad de recursos judiciales que pusieron las empresas concesionarias para torpedear el proceso que se impulsó al finalizar los contratos otorgados 25 años atrás. La idea del Consell era que los beneficios que hasta ese momento habían obtenido las empresas revirtieran en las arcas públicas.
La externalización del servicio la impulsó el entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana (PP) y fruto de aquel proceso está a un paso de sentarse en el banquillo por blanqueo y cohecho en el marco del 'caso Erial'.
La Sociedad Valenciana de ITV SA (Sitval), empresa pública creada por la mencionada conselleria, asumió la gestión de las diferentes estaciones desde el pasado 26 de febrero. Desde entonces hasta el 30 de noviembre, según han informado a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo que dirige ahora la popular Nuria Montes, han pasado inspecciones a 1,6 millones de vehículos, un 5% menos que en 2022, un descenso motivado por la eliminación de algunas líneas que se habían implementado de forma provisional en diferentes estaciones para aumentar su capacidad y que con la reversión desaparecieron.
Pese a todo, las mismas fuentes han asegurado que la previsión es obtener 9 millones de euros de beneficios a finales de año, a los que se sumarán otros 8 por inversiones no ejecutadas. Además, de cara al 2024 la previsión es mantener las tarifas.
Desde la dirección de Sitval han explicado que el objetivo de la sociedad pública para 2024, una vez alcanzado el acuerdo de equiparación salarial que afecta a unos 300 trabajadores, pasa por “promover una reorganización del servicio que permita atender toda la demanda de inspecciones” en la Comunitat y que en los primeros meses de vida de la entidad se ha desviado a otras comunidades autónomas “debido a la falta de planificación manifiesta de los anteriores gestores”.
Las mismas fuentes aseguraron ser “conscientes” de la situación en la que se encuentra gran parte del servicio, con esperas de varios meses para poder pasar una inspección, y explicaron que para el año que viene se contemplan 13,5 millones en inversiones, incluyendo al habilitación de varias líneas provisionales en puntos clave (como cinco en la provincia de Alicante) y un refuerzo de personal “acorde con la naturaleza estacional del servicio”, además de mejorar la gestión de las citas por internet y por teléfono (ya se ha pasado de 11 a 22 telefonistas) para agilizar los trámites.