Tres días después de que la Universitat de València haya hecho público un estudio que concluye que las playas del Parque Natural de la Albufera han perdido en 30 años el 70% de sus explanadas de arena y que tras la construcción en 2012 del dique de abrigo de la ampliación norte se perdió más del 50%, ningún representante político de las instituciones que han impulsado o defendido la recientemente la aprobación del polémico proyecto se ha pronunciado al respecto, ni en sus comparecencias ni a través de sus redes sociales.
Mutismo absoluto ante un informe que no hace sino advertir de lo que puede suceder en el futuro si no se aplican medidas urgentes de rehabilitación, esto es, la pérdida efectiva de las playas de Pinedo, la Garrofera y el Saler, lo que implicaría un serio riesgo para el lago de la Albufera. Y todo ello cuando València acaba de iniciar su andadura como capital verde europea con gran protagonismo de la alcaldesa de València, María José Catalá, una de las personalidades que no ha hecho ninguna mención. Tampoco el presidente de Gobierno valenciano, Carlos Mazón y muchos el ministro de Transportes, Óscar Puente, quienes brindaron en el Puerto de València por la nueva expansión portuaria.
Ante este silencio y teniendo en cuenta la gravedad de lo que recoge este estudio firmado por los investigadores Juan Soria y Juan Víctor Molber, y por la investigadora Rebeca Pérez, del Institut Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV), publicado el pasado 2 de enero en la revista 'Urban Science', desde elDiario.es se ha pedido una valoración del mismo a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), al Ministerio de Transición Ecológica, a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y territorio y a la delegación de Playas del Ayuntamiento de València.
En este sentido, fuentes de la delegación municipal que dirige Mónica Gil (Vox) han asegurado que tras tener conocimiento del informe se solicitó a la Universitat y que en estos momentos ya se está procediendo a su estudio, por lo que hasta que no concluya ese análisis no se podrá emitir una valoración.
Por su parte, desde la Conselleria de Medio Ambiente que gestiona Salomé Pradas (PP), el director general de Costas, Vicente Mus, ha comentado que el documento “tiene el valor porque pone cifras a algo que se viene detectando desde el año 2012 y que recogen diversos informes y es que la línea de costa desde València hasta Dénia está en regresión, por lo que urge tomar medidas de compensación”.
Mus ha recordado que “desde el año 2015 hay pendientes en el Gobierno central 31 proyectos de regeneración de playas entre ambos municipios” los cuales están a la espera de la declaración de impacto ambiental de la extracción de arena del banco submarino que hay en la costa de Cullera, del que ya se extrajo material para ampliar las playas al sur del Puerto de València, objeto del estudio.
Preguntado si a tenor del informe resulta incompatible ampliar el Puerto con el buen mantenimiento de las playas, Mus negó este extremo: “Todos sabemos que los puertos afectan a la dinámica litoral, pero no podemos quitarlos. Cualquier actuación requiere medidas correctoras y por lo tanto ambas cosas son compatibles, mantener un puerto vivo y fuerte y proteger las playas”.
Por su parte, desde la APV se limitaron a afirmar que “el Puerto siempre trabaja desde la más estricta legalidad y tiene ya diferentes informes sobre la evolución de las playas en la página web firmados por los profesores de la Universidad Politécnica José Sierra y Vicent Esteban Chapapria”.
Como ha informado este diario, el documento concluye que la superficie de las playas de Pinedo, El Saler y La Garrofera ha pasado de tener 170 hectáreas de arena en la década de los años 90 a 43 en 2022, lo que supone la pérdida de un 70% en 30 años.
Las imágenes aéreas en las que se basa el estudio muestran que desde 2013 hasta 2022, como consecuencia del efecto de la ampliación norte del puerto y la reducción de las actividades de rehabilitación en el área, se produjo una reducción de aproximadamente 90 hectáreas de arena, es decir, en nueve años se perdió casi la mitad de la superficie de estas playas, cuando hasta ahora la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) siempre había negado impactos adiciones causados por el mencionado dique de abrigo.
En concreto indica que “a pesar de mantener un área relativamente estable entre 1999 (el comienzo de la recuperación) y 2013, ha habido una fuerte disminución debido a las obras en curso en el Puerto con fines económicos, como la sede del circuito urbano de Fórmula 1 y la Copa del América”.
Según afirma, “las playas de este estudio son hábitat de aves y tortugas, especies que se ven gravemente afectadas por un mal manejo” que puede llevar “a la degradación de los hábitats de anidación de las aves playeras y en consecuencia reducir el éxito reproductivo de estas especies” y añade: “Un riesgo adicional es la contaminación lumínica de los paseos marítimos, o como en el caso de la playa de Pinedo, la iluminación del puerto de Valencia, que tiene un impacto negativo en las crías de tortuga, ya que puede desorientar a las tortugas recién nacidas, alejándolas del mar y reduciendo su supervivencia”.
El estudio señala que “para una recuperación completa y efectiva, sería imprescindible plantearse un cambio integral en la ordenación y gestión territorial de la zona” y en este sentido “la propuesta de un Plan de Acción Territorial Litoral será crucial para garantizar una adecuada planificación territorial”. Este plan se debe reducir significativamente “la presión humana sobre el territorio, limitar el impacto de la masificación turística y considerar no sólo aspectos socioeconómicos, sino también consideraciones ambientales, como escenarios de cambio climático, biodiversidad y, sobre todo, la participación activa de la comunidad local en el proceso de toma de decisiones”.