El 10 de marzo, con la izquierda al frente del Ayuntamiento de València, la mesa de contratación propuso a la empresa valenciana Sineasen como adjudicataria del concurso para la constitución de un derecho de superficie sobre el edificio de los Docks en la Marina. El destino del edificio era la instalación de un centro de procesamiento electrónico de datos, con diversos espacios abiertos a la ciudadanía. La firma se comprometió a una inversión de 43 millones de euros en obras de rehabilitación del edificio y a incorporar a 590 empleados indefinidos.
Sin embargo, el pasado 14 de julio, el equipo de Gobierno del PP aprobó desistir del proceso de adjudicación basándose en un informe de Abogacía del Estado y de la Autoridad Portuaria de València (APV) que advierte de que el uso de los espacios cedidos por el Puerto a la ciudad en la Marina deben tener un fin de utilidad pública e interés social. De lo contrario, la propia APV podría recuperar la titularidad de los terrenos o inmuebles desafectados en su día.
El concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, aseguró que esta decisión se enmarcaba en “la mínima prudencia administrativa, ya que no se quieren adoptar decisiones administrativas que puedan ser cuestionadas ante los tribunales y que ponen en riesgo jurídico la titularidad de los Docks por el Ayuntamiento de València”.
Sin embargo, en todo este proceso el equipo de Gobierno de la alcaldesa, María José Catalá, ha omitido de forma sorprendente un informe jurídico del secretario municipal del 19 de mayo de 2022 (documento completo al final de la información), al que ha tenido acceso elDiario.es, que contradice la argumentación de la Abogacía del Estado, de la APV y que por lo tanto cuestiona los motivos esgrimidos para dejar sin efecto la adjudicación de los Docks.
Un hecho grave porque el informe es previo a la decisión de tumbar la adjudicación y porque puede implicar el pago de importantes indemnizaciones por parte del Ayuntamiento a las empresas que concurrieron al concurso, y especialmente a la que resultó adjudicataria, en caso de reclamaciones judiciales de daños y perjuicios.
Las conclusiones de este informe del secretario municipal son claras. En primer lugar, afirma que “la jurisprudencia ha consolidado una nueva concepción amplia o extensiva de la utilidad pública o interés social, como consecuencia de la evolución en la sociedad moderna de estos conceptos y su nueva configuración como mecanismo al servicio no solamente de servicios de titularidad pública, sino también de otro tipo de políticas sectoriales de la más variada índole, entre las que se encuentran las de tipo económico, recreativo y turístico”, como sería el caso de los Docks, edonde cabría un uso recreativo, oficinas, comercial y hotelero.
En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, prosigue el informe, “los bienes desafectados y cedidos al Ayuntamiento de València no tendrían por qué destinarse única y exclusivamente a usos dotacionales públicos, sino que resultan igualmente admisibles otro tipo de usos urbanísticos de naturaleza privada como son los terciarios, en la medida en que vengan a satisfacer los concretos fines de utilidad pública o interés social acotados por las partes en el Convenio de 26 de abril de 2013, que son la realización de una actuación urbanística de apertura de la ciudad de València al mar y de integración del Puerto con la Ciudad, de tal forma que caben todos aquellos usos que sean útiles para el desarrollo de la operación urbanística tendente a la efectiva consecución de estos objetivos”.
Además, abunda el documento, “desde una perspectiva urbanística o de diseño urbano, solo con usos dotacionales públicos no sería posible alcanzar estos específicos fines de utilidad pública o interés social” y añade que “los posibles usos dotacionales públicos a implantar en este espacio son bastante limitados como consecuencia de la prohibición expresa del uso residencial, y el uso industrial resulta inadecuado para el mismo, por lo que la única forma razonable y coherente de conseguir los objetivos pretendidos es facilitar que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan hacer uso de este nuevo espacio mediante el desarrollo de actividades comerciales, profesionales y de ocio y esparcimiento, lo que conduce inevitablemente a la necesaria admisión de los usos terciarios”.
Esta equilibrada combinación “de variados usos dotacionales y terciarios da lugar a lo que se conoce como ciudad compleja o diversa, que implica una adecuada mixtura e imbricación de los diferentes usos urbanísticos en un espacio físico común, modelo de ciudad que encuentra amparo tanto en los sistemas de evaluación de la sostenibilidad y certificación urbana, como en las vigentes Estrategias territoriales, y también en las previsiones del planeamiento municipal”.
El PSPV cuestiona la legalidad
La portavoz municipal del PSPV, Sandra Gómez, ha asegurado sentirse “sorprendida con la resolución de la señora Catalá de desistir en una inversión de 40 millones de euros que iba a generar empleo, se calculaba que más de 600 puestos de trabajo, en los Docks”.
Según Gómez, “en esta decisión, aparte de no tener ninguna alternativa, ni ningún plan y que se ha reconocido abierta y públicamente que va a causar que el Ayuntamiento de València tenga que pagar una indemnización a la empresa, lo que realmente sorprende es que lo haya hecho con una resolución que ahora estamos viendo que es de dudosa legalidad” ya que “hay un informe de uno de los secretarios del Ayuntamiento de València defendiendo que los espacios que están en la Marina pueden ser utilizados y licitados por el Ayuntamiento para generar iniciativas de todo tipo”.
Por este motico, se ha proguntado “por qué la señora Catalá no hace caso a los técnicos municipales” y “por qué toma una decisión contraria al criterio de los secretarios de este Ayuntamiento”.
La portavoz socialista ha comentado que esto les hace sospechar que hay “una intencionalidad detrás de todo esto, de que quiera que ese edificio de los Docks acabe en otras manos y, por eso, se lo roba a una empresa que había ganado una licitación ajustada a derecho”.
Gómez ha advertido de que “esta decisión puede tener una consecuencia directa para el resto de edificios que están en la Marina y que hoy están operando con normalidad porque lo que se aplique a los Docks se debería aplicar al resto”.