El despido de 14 empleados del Consorcio Valencia 2007 derivado de la liquidación del ente acabará en los tribunales y podría implicar un retraso en la entrada del operador privado adjudicatario de la concesión para gestionar una pare importante de la Marina de València, incluidos los amarres.
Como informó este elDiario.es, el abogado de los trabajadores, Manuel Mata, exsíndico del PSPV en las Corts Valencianes, presentó un recurso extraordinario de revisión ante el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), la Generalitat Valenciana y ante el propio Consorcio por el cual se solicitaba la nulidad del proceso de liquidación del ente iniciado en 2022 por diferentes irregularidades y, en consecuencia, de todos los acuerdos aprobados desde entonces, incluida la adjudicación de la gestión privada del recinto.
Según ha informado Mata, el Consorcio ya ha rechazado el recurso, por lo que el siguiente paso será llevar el asunto a los juzgados en un plazo no superior a dos meses y pedir la suspensión cautelar de la disolución y, por lo tanto, del despido de los empleados y de la entrada del operador privado previsto para el mes de octubre.
Según el recurso planteado el pasado mes de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es, “no se distingue a qué modalidad de liquidación se ha sometido el Consorcio, siendo especialmente grave la no publicación del acuerdo hurtando el debate administrativo y judicial de contratistas, trabajadores y ciudadanos”. Y continua: “Por la vía de los hechos, que no por la vía del acuerdo del Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007, se ha sometido a la entidad pública, a un proceso fraudulento de disolución 'con liquidación', cuando también por la vía de los hechos, todas y cada una de las actividades del Consorcio han seguido desempeñándose con normalidad hasta el momento, sin haber llegado cumplir con los objetivos marcados en sus Estatutos, siendo además, que tales actividades, también, van a seguir siendo ejercidas por el resto de entidades consorciadas, como si de una disolución 'sin liquidación' se tratase”.
El Consorcio Valencia 2007, la entidad creada en 2003 para la gestión de la Marina con motivo de la Copa América, está participada por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20% ). El ente está en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre él. La salida de uno de los socios del organismo obligó a iniciar su liquidación, ahora recurrida.
Tal y como acordaron la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, una vez liquidado el Consorcio será una empresa la que gestione un 47% del espacio (235.000 metros cuadrados de superficie), en concreto los amarres y la Marina sur, mientras el resto del espacio quedará bajo control del Ayuntamiento de València y de la APV, perdiendo así la ciudad el control unitario de la Marina y la autonomía de la que gozaba para planificar los usos y actividades de los espacios. Para tal efecto se convocó un concurso del que resultó adjudicataria la unión temporal de empresas (UTE) formada por Serveis Marítims Port Eivissa y Ocibar. Está por ver si el recurso planteado retrasa la liquidación del Consorcio, prevista para este mes de septiembre, y por lo tanto la entrada de las empresas a la gestión de la Marina.