El Puerto de València ha vuelto a sufrir un nuevo varapalo judicial contra su intención de viabilizar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que promueve a través de su empresa Valencia Plataforma Intermodal Logística (VPI).
El pasado mes de abril se hizo pública la sentencia ganada por los vecinos de La Punta, la cual tumba por cuarta vez la puesta en marcha de la ZAL por estar en suelo no urbanizable y por haberse tramitado con una Evaluación Ambiental Estatégica (EAE) simplificada en lugar de ordinaria.
Tras el mencionado fallo, que según un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento puede acarrear indemnizaciones millonarias para la Generalitat, la Abogacía del Estado solicitó a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una “subsanación o complemento de la sentencia” y al mismo tiempo “que se declare la nulidad a fin de que se suspenda el señalamiento para votación y fallo del asunto”.
A esta petición se adhirió la Abogacía de la Generalitat Valenciana, mientras que se opuso la representación de la asociación de de vecinos de La Punta.
Sin embargo, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el pasado 10 mayo la Sala resolvió que no procedía ni la aclaración de la sentencia ni su nulidad, alegando que para ambas cuestiones existe la posibilidad de recurrir el casación.
La Abogacía del Estado fundamentó su solicitud en que en otro procedimiento abierto contra la ZAL pendiente de resolución el TSJCV acordó la suspensión de las diligencias hasta que el Supremo se pronunciara sobre la legalidad del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), al haber cuestionas planteadas en el recurso de los denunciantes que guardaban relación.
Como informó este diario, el Supremo ha dado el visto bueno al Pativel lo que ha desbloqueado el último recurso pendiente sobre la ZAL, que se resolverá en las próximas semanas.
En su auto, la sala rechaza esta argumentación puesto que en este caso los motivos por los que se anula la ZAL son “completamente ajenos” al litigio del Pativel.
Con todo, el recurso del Abogado del Estado sí que ha servido para ganar tiempo ya que ha retrasado la entrada en vigor de la sentencia que anula el Plan Especial de la ZAL, y que se hará efectiva una vez se publique en el en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). También ha retrasado hasta finales de junio la posibilidad de presentar recurso de casación, ya que mientras se ha tramitado esta solicitud, el plazo ha quedado suspendido.
La ministra, favorable a abrir la ZAL
Pese a los diferentes pronunciamientos judiciales en contra de la legalidad de la ZAL, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, insistió este miércoles ante una interpelación de Compromís en que el recinto ya está construido y abogó por ponerlo en marcha para estimular la economía local y regional.
El diputado de la coalición valencianista, Joan Baldoví, interpeló a Sánchez en el Pleno del Congreso de los Diputados para pedir a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) que no recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el Plan Especial de la ZAL y que se estudien alternativas para esta infraestructura en lugares fuera de Valencia, como Sagunto o Cheste.
Baldoví ha resaltado que el proyecto acumula tres sentencias contrarias al mismo --por tratarse de suelo no urbanizable de protección agrícola-- y ha pedido “no mirar al pasado” y evitar recurrir la sentencia para no “malgastar” dinero público y que los tribunales vuelvan a anular el proyecto. Lo contrario, ha dicho, le parecería un “error”.
A juicio del diputado de Compromís, la sentencia del TSJCV, de abril de 2022, “abre una oportunidad para repensar la ciudad de Valencia” y “replantear nuevas alternativas viables”, por lo que ha insistido en que “existen alternativas” para la ubicación de la ZAL, 300.000 metros cuadrados de suelo logístico.
Para la ZAL, ha planteado recuperarla como un corredor verde que conecte el parque urbano del río Turia y el Parque Natural de la Albufera, un proyecto que “podría situar Valencia en la excelencia ambiental a nivel europeo”.
Sánchez, por su parte, ha hecho hincapié en que la ZAL está urbanizada desde 2005 y, en consecuencia, “no se puede trasladar una infraestructura que ya se ha ejecutado”, aunque se ha mostrado abierta a abordar la ejecución de otros desarrollos logísticos en las zonas planteadas.
En este contexto, ha admitido que contra la sentencia del TSJCV cabe la presentación de un recurso de casación, pero ha recordado que SEPES no puede presentarlo por no estar “legitimado” en la causa.
Quien si puede es Valencia Plataforma Intermodal y Logística, una sociedad mercantil estatal, que sí tiene intención de recurrir la sentencia, iniciar los trabajos para poner en marcha un nuevo Plan Especial que subsane los defectos de forma del anterior y dedicar “sus esfuerzos y recursos” a que la ZAL se ponga en funcionamiento.
Hasta ahora, SEPES ha invertido 133 millones de euros en esta actuación y a los que suman otros 5,5 millones en medidas correctoras y obras de reurbanización que finalizarán en junio.