“No me he marcado ningún plazo. No corre prisa pero tampoco corre pausa, el Valencia CF si quiere acabar para el año 2026 tendría que empezar las obras en el primer semestre de 2024, por lo tanto tendríamos que cerrarlo todo esto (el convenio) en los próximos tres, cuatro o cinco meses, no mucho más allá. Lo ideal sería antes de final de año, tampoco creo que se desbarate todo si en lugar de cerrarse el 31 de diciembre, se cierra el 1 de enero o a finales de enero o a principios de febrero”.
El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València y socio de la consultora KPMG, José Marí Olano (PP), se ha pronunciado así este viernes en Onda Cero Valencia preguntado sobre la situación del convenio urbanístico para reiniciar las obras del nuevo estadio del Valencia CF y sobre el estado de las conversaciones con los dirigentes del club.
Olano ha comentado que el Valencia CF le ha asegurado que quiere “acabar el estadio”, que tienen “los fondos y el proyecto” y que están esperando “los informes para poder conseguir las licencias”.
Como avanzó elDiario.es, el edil ha confirmado que la entidad deportiva está dispuesta a asumir el 100% del coste del polideportivo de Benicalap presupuestado en 9,8 millones de euros, pero a cambio el Valencia CF ha pedido al Ayuntamiento flexibilidad a la hora de poder comercializar los 40.000 metros cuadrados de suelo terciario de la avenida de las cortes valencianas para poder financiar los trabajos.
Olano ha comentado también que el club estima en entre 150 y 160 millones el coste de finalizar las obras y que la previsión es que el estadio sea de 66.000 espectadores, ampliable a 70.000, y que se está planificando para que una vez empiecen las obras no paren hasta que se finalice el estadio por completo.
Sobre las garantías financieras, Olano ha explicado: “Queremos tener la seguridad razonable y habitual en este tipo de obras porque esto es un estándar. Hay unos ciertos niveles de seguridad financiera estándar en el mercado que son los que queremos reclamar al Valencia CF. El club nos ha pedido que le dejemos empezar las obras y que les permitamos adaptarse en la captación de esos recursos financieros a las posibilidades del mercado durante la evolución de la operación. Que no seamos absolutamente estrictos porque si no no van a tener los recursos necesarios para poder financiar la totalidad de la obra”.
Preguntado en torno a sobre qué elementos de los activos inmobiliarios ha pedido flexibilidad el club, el concejal ha comentado que el club se refiere “al terciario del nuevo estadio y al terciario residencial de la parcela de la avenida de Aragón, es decir el aprovechamiento urbanístico privado”, y ha añadido: “Ahí la idea del equipo de Gobierno, que viene del equipo anterior y que en principio el Valencia CF no nos ha pedido nada es que se pueda comercializar el terciario del nuevo estadio durante la ejecución de la obra, cuando se acaben los 80 millones de CVC, y no nos han pedido nada respecto del aprovechamiento del Mestalla, que nosotros ya les hemos transmitido que no va a existir hasta que el nuevo estadio esté concluido, en funcionamiento y demolido el viejo Mestalla. Para que exista ese aprovechamiento, es necesario que el terreno de la avenida de Aragón se convierta en varias fincas pequeñas. Para eso es necesario que el Ayuntamiento apruebe una reparcelación, que se inscriban las fincas de resultado en el registro de la propiedad. El Ayuntamiento no va a aprobar la reparcelación y no va a ser posible hacer negocios jurídicos sobre esas parcelas hasta que nuevo estadio esté finalizado, en funcionamiento y demolido el anterior”.
Sobre la posibilidad de que Peter Lim venda su mayoría accionarial una vez se ponga en marcha el nuevo estadio, Olano ha afirmado que no está “proponiendo o planificando las actuaciones del Ayuntamiento en función de que Peter Lim pueda vender o no, o pueda vender más caro o más barato” y que la obligación del Ayuntamiento es que se construya el nuevo estadio“. Aunque ha reconocido que al Ayuntamiento le gustaría un cambio en la mayoría accionarial, también ha sido tajante al afirmar que ”el Ayuntamiento no tiene un instrumento legal para forzar un cambio accionarial“ y ha descartado un bloqueo del convenio.