Un nuevo conflicto se avecina entre Compromís y el PSPV, socios de Gobierno en el Ayuntamiento de València y en la Generalitat Valenciana junto a Unides-Podem, esta vez a cuenta de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del nuevo estadio del Valencia CF, el plan urbanístico diseñado por el PP para facilitar el traslado de Mestalla de la avenida de Aragón a la de Cortes Valencianas por medio de un pelotazo urbanístico en forma de recalificación.
Como informó elDiario.es, la vicealcaldesa socialista y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, presentó este lunes un informe que desaconseja conceder una prórroga de los plazos de la ATE, tal y como solicitó el club hace un mes, y recomienda que, en caso de que finalmente la Generalitat Valenciana decida hacer efectiva la prórroga, se estudie la posibilidad de aplicar una sanción al Valencia CF por incumplir los plazos establecidos (posibilidad contemplada en el documento de la ATE) y que se exijan avales económicos que garanticen el cumplimiento de los nuevos plazos.
De esta forma, una vez remitido el informe al Gobierno valenciano, en concreto a las consellerias de Economía (Compromís) y de Política Territorial (PSPV), ahora son estos dos departamentos los encargados de tomar la decisión final. Y es en este punto en el que se produce la primera discrepancia, puesto que ambos se atribuyen las competencias para adoptar la resolución.
Por un lado, fuentes de Política Territorial, departamento gestionado por el socialista Arcadi España, aseguran que tanto el Ayuntamiento como Economía deben remitirles sus informes sobre la conveniencia o no de prorrogar la ATE, y que son ellos los que tienen la última palabra.
Por el contrario, desde Economía, conselleria gestionada por Rafa Climent, afirman justamente lo contrario como demuestran los requerimientos remitidos al Ayuntamiento y a Política Territorial solicitando que les trasladen sus informes sobre la petición de prórroga del Valencia CF a fin de adoptar una resolución.
El propio documento presentado por Gómez reconoce que en el caso de renuncia, cesión de la adjudicación y modificación de la ATE “tiene que ser autorizada por la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, previo informe favorable de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente”.
Sin embargo, también añade que “la declaración de caducidad conllevará la reversión, retroacción y reposición de los bienes, actuaciones y obras, así como, en su caso la derogación de las previsiones de planeamiento, en los términos que resuelva la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente”.
Sea como sea, lo que es evidente es que cualquier decisión que se adopte, además de ser jurídicamente viable, necesita la firma tanto de Climent como de España y que por tanto están condenados a entenderse. Y aquí llega la segunda de las discrepancias.
Los socialistas no contemplan de ninguna manera la opción de la prórroga habida cuenta del nulo interés demostrado por Meriton desde que se hizo con la mayoría accionarial para reactivar las obras del nuevo estadio, máxime después del último desplante del presidente del club, Anil Murthy, tras su última reunión con el presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, en la que le exigió sin mostrar documento alguno que se hiciera efectiva la prórroga.
Tras este encuentro, que fue un antes y un después en las relaciones del ejecutivo valenciano con Meriton, Puig aseguró la credibilidad del máximo accionista en la sociedad valenciana estaba “bajo mínimos”, a lo que Murthy contestó criticando la gestión de la pandemia del Consell.
Por tanto, para el PSPV la vía preferida es la de denegar la prórroga y anular la ATE, tal y como verbalizó la propia Gómez, lo que implicaría la pérdida de los 40.000 metros cuadrados de terciario en la parcela del viejo Mestalla y un agujero de entre 15 y 25 millones de euros en las cuentas del club, lo que obligaría a mover ficha de alguna manera al máximo accionista, el magnate de Singapur Peter Lim. Si se da este escenario, está por ver qué fórmulas implementaría la administración para finalizar el nuevo estadio “independientemente de Meriton”, tal y como afirmó la vicealcaldesa.
Diversas fuentes consultadas de Compromís, sin embargo, no acaban de ver clara esta vía al considerar que, además existir dudas jurídicas, en la práctica es la peor de las soluciones puesto que puede complicar mucho más el objetivo final que es la consecución del nuevo estadio, ya que, entre otras cosas, si se anulara la ATE y el club recurriera judicialmente, los plazos podrían eternizarse.
Por este motivo, aunque insisten en que hay que analizar la viabilidad jurídica de ambas opciones (prórroga o nulidad), a priori ven más viable la opción de imponer una sanción económica al Valencia CF por incumplimiento del primer convenio y de estudiar una prórroga sujeta a unas determinadas garantías, tal y como contempla el informe municipal.
La opción de la ejecución subsidiaria, es decir, que las administraciones finalicen las obras y reclamen el coste al club, plantea muchas dudas legales a las fuentes consultadas tanto del PSPV como de Compromís.
De esta forma, las consellerias de Economía y de Política Territorial deberán sentarse en los próximos días y abordar la cuestión en busca de un consenso que sea jurídicamente sostenible.
El jefe del Consell, Ximo Puig, comentó este martes que la decisión que se tome sobre la ATE para la construcción del Nou Mestalla será “ajustada a derecho”. El dirigente mostró su respeto al Valencia CF, pero remarcó que “el respeto primero es a la legalidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la sociedad valenciana”.
“Si el Ayuntamiento dice que no se dan las condiciones para la ampliación de la ATE, las consellerias de Economía y Obras Públicas lo estudiarán y se tomará la decisión ajustada a derecho. Yo confío en los funcionarios y en las decisiones políticas que toma el Consell”, añadió.