El concejal del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán ha anunciado que su formación ha presentado una moción para el próximo pleno con el objetivo de que la alcaldesa de València, María José Catalá, pida a la Generalitat Valenciana la declaración de zona tensionada, en aplicación de la Ley de Suelo. “No queremos que llegue tarde, como le ha sucedido con la moratoria de apartamentos turísticos”, ha advertido.
El edil socialista se ha referido al asunto después de que Levante-EMV haya publicado que 32 inquilinos de un edificio de Benimaclet ubicado en los números 101 y 103 de Primado Reig hayan sido desalojados y sus casas tapiadas por un cambio de uso de la finca, según han denunciado públicamente. En concreto, la empresa propietaria pretende transformar el edificio en una residencia de estudiantes.
Sanjuán ha advertido de que lo que está sucediendo en este barrio de València “donde decenas de familias están siendo desahuciadas por un fondo buitre, con maniobras de acoso inmobiliario, es el ejemplo de que la moratoria no basta para frenar estas acciones de abuso”.
“València tiene que declararse ya como zona tensionada para evitar que fondos especuladores como estos crean que es rentable echar a familias para después reponerlas por alquileres que son absolutamente impagables”, han afirmado y ha apuntado que “no basta con decir que hasta 2025 no se van a conceder nuevas licencias, cuando en un solo año Catalá ha conseguido que haya más apartamentos turísticos que viviendas en alquiler”.
Según el informe municipal que sirvió de base al Ayuntamiento para aprobar la moratoria de apartamentos turísticos por unanimidad València es la ciudad que mayor crecimiento ha sufrido en los precios del alquiler, con un 63,77% en el periodo 2010-2022 y un 44,87% entre los años 2018-2022.
Borja Sanjuán ha afirmado que “de nuevo seremos los socialistas los que le ofrezcan en el próximo pleno y lo que tiene que hacer es abandonar su sectarismo para buscar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda que es la principal preocupación de los vecinos y vecinas”.
Desde el PP, sin embargo, no ven con buenos ojos la propuesta y han criticado que “los gobiernos de la izquierda en los últimos 8 años no hicieron nada para frenar el incremento precios y la falta de viviendas de protección pública; tampoco hicieron nada para para frenar el incremento de viviendas turísticas”.
Así, han añadido que “después de estos 8 años de parálisis, ha sido el actual Gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá, el que ha aprobado una moratoria de autorizaciones de apartamentos turísticos y ha impulsado un ambicioso plan para la construcción de viviendas pública y de alquiler asequible”. Una iniciativa que no resuelve el problema a corto plazo.
En concreto, han asegurado los populares que “en la actualidad el Ayuntamiento está gestionado la construcción de 846 Viviendas de Protección Pública (VPP) y alquiler asequible”. Además, “el actual gobierno municipal ha impulsado un plan de inspecciones de apartamentos ilegales. En los primeros cuatro meses del año se pusieron cerca de 200 denuncias, mientras que en todo el año 2022 no llegaron a las 80”.
El gobierno municipal considera “prioritario desbloquear sectores como el del Grao (2.500 viviendas), Benimaclet (2.300 viviendas) y Campanar para impulsar la construcción de vivienda pública frente a las medidas intervencionistas y poco eficaces, como se está demostrando en otro gran ciudad, para frenar el precio de mercado”.
Por otro lado, “la alcaldesa ha reclamado desde la Federación Española de Municipios y Provincias que el Gobierno central impulse un marco legal común sobre apartamentos turísticos que enmarque unas normas de seguridad y garantía para esta actividad económica, ya que la ley estatal de vivienda no regula los apartamentos turísticos”.
Especulación en el Cabanyal
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha denunciado que María José Catalá “se ha puesto a la cabeza de la especulación en el Cabanyal-Canyamelar y ha convertido Plan Cabanyal en una agencia inmobiliaria que vuelve a la gentrificación del PP para expulsar a las familias del barrios impidiendo que pueda comprar las casas”.
Además, ha denunciado que Catalá ha eliminado 30 viviendas públicas del edificio de Astilleros, donde se preveía construir alrededor de 80 viviendas y lo han reducido a 51, lo que supone una pérdida importante de vivienda pública. “Catalá convierte a Plan Cabanyal en parte del problema de vivienda en el barrio, en lugar de solución. Mientras contribuye a subir los precios de venta en el Cabanyal, renuncia a vivienda pública, que es la solución para ofrecer viviendas a precios asequibles a los vecinos y vecinas” afirma Gómez.
Mientras, Plan Cabanyal ha valorado el precio de compra a los propietarios de Bloques Portuarios de sus viviendas entre 600 y 800 euros el metro cuadrado mientras el Ayuntamiento vende a 3.000 euros el metro cuadrado casas en ruina o solares. “Con estas valoraciones van a hacer que las personas que viven en los Bloques de Portuarios se vean en la calle, porque con lo que les ofrecen por comprar sus viviendas no van a poder pagar una vivienda, ni en el nuevo edificio de Astilleros ni en ningún sitio” ha comentado la portavoz socialista.