Compromís ha desvelado que el Síndic de Greuges ha llamado la atención al Gobierno municipal de la alcaldesa de València, María José Catalá, por el trato que está dando a las personas sin techo y a los colectivos en situación de riesgo o de especial vulnerabilidad derivada de una situación de pobreza, en una resolución publicada recientemente. Concretamente, el alto comisionado “comparte la preocupación” que le ha trasladado la concejala de Compromís del Ayuntamiento de València, Lucía Beamud, en torno a la vulneración de derechos de las personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad en el Cap i Casal.
Los valencianistas trasladaron al Síndic una serie de acciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento en relación con el desmantelamiento de tres asentamientos en el antiguo cauce del río en una operación en la que han sido identificadas las personas que habitan en una zona que se considera como un lugar de refugio para personas sin hogar y dónde, incluso, se han producido algunas detenciones. Además, denuncia la retirada del permiso para repartir comida a personas vulnerables a la ONG Ayuda a una Familia.
El Síndic de Greuges alerta de que “la actuación del Ayuntamiento podría afectar al derecho de las personas en situación de extrema vulnerabilidad” y recuerda a Catalá que estas personas están en el ámbito de actuación preferente por parte de las administraciones públicas y que resulta necesario proteger los derechos de la ciudadanía a través de una “eficiente asignación de los recursos públicos”.
El informe (completo al final de la información), recoge un resumen de la respuesta ofrecida por el Ayuntamiento a las preguntas del Síndic. En concreto, aseguran que la ONG Ayuda a una Familia sigue haciendo el reparto de alimentos en la vía pública, que se han mantenido reuniones de coordinación con esta y otras entidades que se dedican al reparto de comida.
En materia de personas sin hogar, afirman que el Ayuntamiento aprobó en noviembre de 2022, por tanto con el anterior equipo de Gobierno, la 'Estrategia de intervención con personas sin hogar 2022-2027', plan de trabajo que contempla “todo tipo de acciones destinadas la atención de las personas sin hogar de la ciudad, estrategia que se está implementando y que contempla entre otros objetivos la coordinación con las entidades que atienen las personas sin hogar”
Sin embargo, la institución asegura que del informe remitido por el Ayuntamiento de València “no se desprende que se hubieron adoptado medidas directas para el alojamiento y el reparto de alimentos a las personas en situación de extrema vulnerabilidad en el antiguo cauce del río Turia, ni una atención que aporte asesoramiento y ayuda ante sus necesidades, ni orientación sobre las medidas más adecuadas para hacerlos frente”.
En este sentido, la concejala Lucía Beamud ha criticado que Catalá esté recortando los recursos a la atención de las personas sin techo –personas que han aumentado desde que está Catalá en el gobierno, tal y como demuestra el último recuento- y ha criticado especialmente el cierre del albergue Casal d'Esplai, que daba alojamiento a 47 familias.
Por último, el Síndic insta a Catalá a actuar y le recuerda que tiene obligación de ofrecer servicios y prestaciones sociales a las personas sin hogar y que debe reconocerles los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales. El Síndic da un mes a Catalá para aceptar estas consideraciones.
La concejala Lucía Beamud ha vuelto a desplazarse hasta el jardín del Túria y ha denunciado que las “políticas de asedio” a las personas sin hogar del gobierno de Catalá siguen produciéndose. Además, ha recordado que el proceso administrativo para la construcción de los “estanques anti-indigentes” continúa adelante.