La sombra de Rita Barberá es alargada. Seis años después de perder la mayoría absoluta y cinco después de fallecer, la herencia envenenada tras 24 años de gestión de la proclamada por Mariano Rajoy como “alcaldesa de España” sigue sacudiendo el panorama político por presuntos casos de corrupción producidos durante su mandato.
El primero en saltar a la luz a principios de 2016 fue el caso Taula que aún en estos momentos sigue en el juzgado y por el cual permanecen investigados por presunto blanqueo medio centenar de concejales y asesores de la etapa de Barberá. La propia alcaldesa declaró ante el Tribunal Supremo por el presunto 'pitufeo' en el grupo municipal que ella dirigía por el cual todos sus miembros hicieron una aportación al partido de 1.000 euros para cubrir los gastos de la campaña electoral de 2015 que supuestamente se les devolvió poco después en dinero negro.
Toda esta situación provocó que las Corts Valencianes aprobaran por unanimidad, incluidos los diputados del Partido Popular, una resolución por medio de la cual exigían a Rita Barberá que renunciara al acta de senadora autonómica “para salvaguardar la dignidad de la representación de los valencianos”.
Tres años más tarde, en 2019, saltó a la luz el 'caso Azud' por el que fue detenido José María Corbín, cuñado de Barberá, por su supuesta implicación en una trama de presuntas mordidas en el Ayuntamiento de València de hasta 4 millones de euros. Su mujer y hermana de la exalcaldesa, Asunción Barberá, y sus tres hijas, también están investigadas. Una de ellas acaba de ser contratada como asesora de comunicación por la actual portavoz municipal, María José Catalá.
La segunda fase del mencionado caso se activó este jueves con la detención de al menos 13 personas, entre ellas, el ya cesado subdelegado del Gobierno socialista, Rafa Rubio, concejal en la oposición entre los años 2003 y 2011, y el que fue número dos de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, el exvicealcalde Alfonso Grau.
Rubio, acérrimo rival de Barberá, fue además coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento entre 2015 y 2020, hasta que en junio de ese año fue nombrado subdelegado del Gobierno, pese a estar investigado en una pieza del caso Taula por colocar asesores, causa por la que ha sido procesado. Su partido también le ha suspendido de militancia.
Esta segunda fase de la causa investigaría las supuestas mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras de suelo público en el periodo comprendido entre 2005 y 2010.
Precisamente, poco antes de producirse este nuevo operativo policial, en concreto el pasado 27 de abril, la portavoz municipal del PP, María José Catalá, propuso el nombramiento de Rita Barberá como alcaldesa honorífica, algo descartado por el equipo de gobierno municipal. El alcalde de València, Joan Ribó, consideró que es una decisión que debe tomarse con más perspectiva entre otras cuestiones porque siguen dirimiéndose en los juzgados todas estas causas.
Además, en su discurso de despedida como portavoz popular y diputada de las Corts, Isabel Bonig pidió perdón por haber votado en 2016 para que Barberá dejara su acta de senadora: “Con total discreción, sin tratar de herir ninguna sensibilidad, saben ustedes que aprobamos una reprobación en les Corts. Hoy, públicamente, digo que nos equivocamos. Me equivoqué y pido perdón”, dijo.
El caso es que la herencia de Barberá todavía sacude la política valenciana y no precisamente para bien.