El Ayuntamiento de València empezará a trabajar en las próximas semanas en la elaboración de una nueva ordenanza de prostitución que sustituya a la actual, del año 2013, que se considera actualmente obsoleta. Así lo ha confirmado el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, quien ha explicado que en las próximas semanas se creará una comisión de trabajo en la que participarán especialistas en derecho administrativo y penal, así como las organizaciones no gubernamentales que trabajan con las mujeres prostituidas ofreciéndoles asistencia, como por ejemplo Médicos del Mundo o Cruz Roja.
Según Cano, el texto tendrá en cuenta la normativa estatal para que ambas vayan de la mano: “La ordenanza no es una ley como tal, es un mecanismo para regular una actividad administrativa, puesto que el tema penal lo regula la legislación estatal”. En esta línea, la ordenanza municipal se centrará en agilizar la tramitación administrativa para posibilitar el cierre de viviendas o de locales usados como prostíbulos.
Además, se mantendrán las multas a los clientes en la vía pública, una herramienta que ya contempla la actual ordenanza y que asegura que ha funcionado bien para atajar conflictos de convivencia y de seguridad en las calles en zonas como el barrio de Velluters.
“Actualmente la prostitución callejera en València es casi imperceptible, por lo que ahora hay que centrarse en los hoteles, pisos o burdeles, lo cual es un reto tanto policial como administrativo”, ha afirmado el edil.
La actual ordenanza de prostitución, del año 2013, ya regula las sanciones a los demandantes de prostitución, aunque tan solo cuando los agentes detecten esta situación en la vía publica. Además, para poder hacer efectivas las sanciones los 'puteros' deben ser reincidentes, ya que la primera vez que los agentes los detectan se levanta un acta de notificación, y es cuando se les localiza por segunda vez cuando se materializa la multa, que puede ir de los 200 a los 2.000 euros.
La actual normativa municipal también establece denuncias por promover servicios sexuales en paneles publicitarios, cuya gravedad aumenta si están a menos de 200 metros de centros escolares. Por todos estos conceptos (anuncios y requerir servicios en la vía pública) en los dos primeros años de vida de la ordenanza se pusieron 112 multas.
La aplicación de esta ordenanza, demandada sobre todo por los vecinos del barrio de Velluters, cuyas calles han estado literalmente tomadas por proxenetas, no ha estado exenta de controversia.
De hecho, un informe de Médicos del Mundo denunció a los dos años de la entrada en vigor de la ordenanza que la normativa supuso un descenso del 50% de la prostitución en la calle, pero un aumento en la misma proporción en pisos clandestinos y clubes, donde, según la entidad, aumenta la desprotección de las mujeres y la vulnerabilidad a la violencia psicológica y física. Además, las organizaciones sociales tienen más difícil el acceso en este entorno, en el que solo llegan a un 13% de ellas.