Los coches y motos más antiguos y contaminantes tendrán restringida la entrada a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se habilitará en València antes de que finalice el año 2023, una medida que es de obligado cumplimiento para todos los municipios de más de 50.000 habitantes en virtud de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Fuentes de la Concejalía de Movilidad que dirige Giuseppe Grezzi informan a elDiario.es de que el Ayuntamiento destinará 10 millones de euros para su puesta en marcha, de los que 9 los financiará la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Las mismas fuentes afirman que en estos momentos trabajan en el sistema técnico de gestión de la ZBE, que pasa por licitar “el sistema de cámaras que serán de lectura de matrícula pero de última tecnología”.
El siguiente paso será elaborar “el reglamento de esa zona que está por determinar, para lo que habrá un debate con la ciudadanía y con todos los agentes, para determinar cuál es el alcance de la medida”. En este sentido, comentan que “se puede hacer escalable y se pueden crear fases transitorias para su aplicación, el ámbito territorial en que se puede aplicar”.
Así pues, según Movilidad, “de manera prioritaria e inmediata se va a licitar el proyecto técnico y el constructivo para instalar un sistema de cámaras de lectura de matrícula de última tecnología, que utilizará inteligencia artificial”. Esto significa que “la previsión es que no sea necesario disponer de tantos recursos humanos como los que hacen falta para controlar el Área de Prioridad Residencia del València (APR), por lo tanto será un sistema muy avanzado que permitirá gestionar de manera muy eficiente”.
Además, el sistema de cámaras estará integrado con todas las plataformas electrónicas de Smart City: “A partir de ahí puedes encender y apagar las cámaras, modular, activar la primera, la segunda o la tercera corona”, explican.
En cuanto a los vehículos afectados por la ZBE, que serán sancionados si acceden al perímetro protegido, el modelo se basará en el etiquetado medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), que marca las características de los vehículos: “Todo el sistema de autorización se determinará en base a muchos vectores y debates que se generan, que tenemos la voluntad de impulsar para abordar un pacto social para la transición ecológica, cada vez más urgente, con el objeto de definir el modelo de la València de 2030”, comentan.
En cuanto a la redacción del reglamento, el departamento de Movilidad deberá tener en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que ha tumbado la ordenanza sobre la zona de bajas emisiones de Barcelona. Un fallo contra el que cabe recurso.
La sala anula la Ordenanza Municipal aprobada en el Plenario del Consell Municipal en sesión de 20 de diciembre de 2019 que restringía la circulación de determinados vehículos en la ciudad y que es de aplicación inmediata, al entender que tiene deficiencias en su elaboración por la falta de informes determinantes y por ser excesivo en el ámbito geográfico de aplicación y en el tipo de coches excluidos.
La opinión mayoritaria de los magistrados de la sala es que esta ordenanza del consistorio barcelonés incide “especialmente en los ciudadanos con menor capacidad económica” para renovar su vehículo, en las familias numerosas, en los residentes y en los colectivos empresariales con menos recursos para sustituir sus vehículos profesionales, como pueden ser autónomos, pymes o microempresas.
“En el procedimiento de elaboración de la ordenanza, no se ponderan suficientemente las consecuencias económicas y sociales que pueden derivarse de estas medidas restrictivas” y no “se valoran alternativas o medidas menos restrictivas”, sostienen los magistrados.