Varios imputados tras la Operación Alqueria, que investiga la contratación de siete altos cargos en la empresa pública Divalterra, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia a la decisión del titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia de prorrogar el secreto de sumario de la causa durante un mes más.
Los investigados consideran, según ha podido saber eldiario.es, que mantener la causa secreta para las partes cae en contradicción con haberlos dejado en libertad tras las detenciones. Y es que, según los recurrentes, el magistrado justifica el mantenimiento del secreto en que no se ponga en riesgo el secreto de las actuaciones y les decretó la libertada tras tomarles declaración porque no había riesgo de que ninguno de los investigados pudiera ocultar, destruir o alterar fuentes de prueba.
Además, el juez también argumentó que era necesario que la policía procesara el material informático y documental incautado en los registros de la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Ontinyent y las viviendas particulares de, entre otros, el expresidente Jorge Rodríguez, su jefe de gabinete Ricard Gallego o el asesor Manolo Reguart.
En este caso, los investigados también aseguran que al tener la policía los documentos en su poder no hay posibilidad de destruirlos o modificarlos. Sobre la posible alarma social, los recurrentes aseguran que la alarma social que habría generado el caso ya se ha producido, en parte por la propia actuación y los la relevancia pública de los imputados.