Ha pasado un mes y medio desde que el pasado 17 de julio fue investido Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox, momento en el que arrancó la andadura de su Gobierno bipartito con el torero Vicente Barrera como vicepresidente por el partido de extrema derecha.
Como informó pocos días antes elDiario.es, hasta ese momento Barrera estaba vinculado a nueve sociedades dedicadas principalmente al sector inmobiliario y del ladrillo y del vino y el marisco, según el Registro Mercantil. Además, la máxima autoridad de Vox en el nuevo Gobierno valenciano ha compartido negocios con la familia de Francisco Camps a través de Juan Fernando Bas Palmero, cuñado del expresidente valenciano que actualmente se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio de la Audiencia Nacional por la pieza separada 5 del 'caso Gürtel'.
Esta situación es totalmente incompatible con su cargo como vicepresidente y conseller de Cultura y Deporte y según la legislación cuenta con dos meses de plazo para solventar estas incompatibilidades, una solución que pasaría por dejar los consejos de administración de las diferentes sociedades.
Tal y como publicó este martes El Confidencial, Barrera sigue figurando como consejero de al menos siete sociedades, lo que motivó un alud de críticas de la oposición.
La síndica socialista, Rebeca Torró, ha anunciado que van a registrar en las Corts Valencianes una serie de preguntas parlamentarias y de peticiones de documentación sobre la situación del vicepresidente del Consell, ya que “está compatibilizando algo que la ley no permite”, al ocupar un cargo en el Ejecutivo y estar dado de alta como administrador de siete empresas.
Asimismo, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha avanzado que van a pedir la comparecencia de Barrera para que explique la “flagrante incompatibilidad” y el “incumplimiento” de la ley también por esta situación, y que la oficina de control de intereses e incompatibilidades se pronuncie sobre si es conocedora de esta situación.
Sin embargo, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha afirmado que hay un plazo legal de dos meses “para presentar la declaración de bienes y hacer la tramitación que se tenga que hacer”, por lo que cree que “no se está incurriendo en ninguna irregularidad ni ninguna ilegalidad”.
El portavoz del PP, Miguel Barrachina, ha coincidido con Vox en señalar que Barrera “está todavía en plazo” para solucionar esta situación y ha destacado que el Gobierno popular “cumple siempre las leyes” y no es un Ejecutivo con “un hermano del president de la Generalitat imputado y una vicepresidenta con su marido” imputado.