Vox presiona al PP para retomar las privatizaciones sanitarias en la Comunitat Valenciana. El partido de extrema derecha ha registrado mociones en municipios de la Vega Baja (Alicante) como Torrevieja, Pilar de la Horadada y San Miguel de las Salinas en las que reclama a la Generalitat Valenciana iniciar el concurso público para la gestión del Hospital de Torrevieja, revertido hace dos años por el Ejecutivo autonómico del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). La extrema derecha exige en estos ayuntamientos, cuyos municipios pertenecen al área de salud a los que da cobertura este departamento, que el procedimiento administrativo se haga por la vía de urgencia y que gestione la sanidad quien pueda hacerlo a un menor coste posible, pese a los informes de la Conselleria de Sanidad que cuestionan las privatizaciones por su coste.
La de Torrevieja fue la segunda gran privatización del PP con el Consell de Eduardo Zaplana, fruto del llamado 'modelo Alzira', que se desarrolló bajo el mandato del hoy conseller de Sanidad, Marciano Gómez, entonces secretario autonómico. El hospital de Torrevieja pasó a la gestión pública en octubre de 2021, después de 15 años en manos de Ribera Salud en virtud del contrato de concesión, el segundo que obtuvo tras el hospital de Alzira. La mercantil es propiedad de Centene Corporation, cuyo director ejecutivo europeo es Alberto de Rosa, hermano del senador del PP Fernando de Rosa.
Torrevieja fue también el segundo departamento de salud que el Gobierno autonómico formado por PSPV, Compromís y Unides Podem retornó a la gestión pública tras años de litigios con la empresa concesionaria, que recurrió hasta en seis ocasiones a la Justicia. Volvió a manos públicas en octubre de 2021, hace apenas dos años. Al finalizar el proceso de reversión, la entonces consellera de Sanidad con el PSPV, Ana Barceló, denunció en una intervención parlamentaria que la mercantil dejó el centro con 200 profesionales menos y varios quirófanos cerrados, con una actividad asistencial de mínimos. La compañía recibió por parte de la administración, solo en concepto de precio inicial del contrato un total de 1.688 millones de euros desde 2006.
Los pliegos de ese contrato establecían que la Generalitat Valenciana abona una cantidad fija por habitante atendido –una población aproximada de 160.000 habitantes en este caso–, que se revisan periódicamente, y también se hace cargo de gastos como el transporte sanitario, la farmacia o la ortoprótesis. En el caso de Torrevieja, la cápita –lo que la administración abona a la empresa por habitante susceptible de ser atendido– se fijó en el año 2006 en 494,72 euros y terminó el periodo de concesión en 896,34 euros, lo que representa un incremento del 80%, según datos de Sanidad.
Datos que chocan con los informes oficiales
En la moción presentada en los municipios, el grupo de extrema derecha asegura que bajo la gestión privada Torrevieja era “un referente en calidad asistencial y tecnología de vanguardia” y aluden al aumento de las listas de espera actuales: “Solo dos meses después de la reversión de la concesión, en el mes de diciembre las listas de espera pasaron de 1.157 a 1.992 pacientes, y el tiempo medio de espera en urgencias se duplicó”, indica Vox. Los datos chocan con los que trasladó la entonces consellera en sede parlamentaria en marzo de 2022, cuando indicó que: respecto a enero-marzo de 2021, cuando el departamento estaba en manos de Ribera Salud, “se ha incrementado el número de intervenciones quirúrgicas: de 2.147 a 2.457; se ha incrementado el porcentaje de cirugía mayor ambulatoria: de 74,4% a 79,7%; se ha disminuido la estancia media hospitalaria de 7,18 a 6,86 días; se ha disminuido la demora estructural a primera consulta especializada: de 30 a 25 días; se ha disminuido la demora estructural a primera consulta de 31 a 28 días; en resonancia magnéticas ha pasado de 30,01 días la demora de 2021 a 26,32 la de marzo de 2022; y en cuanto a TAC, ha pasado de 36,08 días de demora media en marzo de 2021 a los actuales 31,39”.
Vox equipara la prestación de los servicios sanitarios con la recogida de basuras municipal: “Cuando en nuestros hogares nos deshacemos de los residuos, pagamos la tasa de basuras al ayuntamiento que a su vez contrata a una empresa que los recoge, por tanto, la provisión del servicio de recogida de basuras es pública al prestarla el ayuntamiento, pero la gestión es privada al recogerla una empresa y eso es extensible al saneamiento y al suministro de agua”, recoge la moción, que concluye: “Lo más conveniente es que la prestación del servicio sanitario lo realice quien lo haga al menor coste posible, con la máxima calidad y la mayor eficiencia”.
“Todos los escenarios están abiertos”
Las privatizaciones son un asunto espinoso en la coalición de gobierno. Si bien el PP ha recuperado como titular de Sanidad a Marciano Gómez, artífice de las privatizaciones a finales de los noventa, sus dirigentes se emplazan a una auditoría del sistema sanitario para tomar una decisión. En cualquier caso, Carlos Mazón lo ha rescatado este mandato, poniendo en valor que fue el “impulsor en la gestión sanitaria para la implantación de la colaboración público-privada de la eficiencia en la salud pública y de la normativa que regula las guardias médicas, tanto en el ámbito de la atención primaria como de la hospitalaria vigentes en la actualidad”.
En una entrevista este miércoles en À Punt, el nuevo titular de Sanidad se ha mostrado abierto a contar con los recursos del sistema privado de salud. Gómez ha admitido que “todos los escenarios están abiertos” en cuanto a la reversión del hospital de Dénia, pero ha negado tajantemente volver a privatizar los departamentos ya revertidos como Torrevieja.
En cualquier caso, preguntado por un plan de choque para mejorar las listas de espera, el nuevo conseller se ha mostrado dispuesto a emplear “absolutamente todos los recursos sanitarios para tratar al ciudadano. Previamente, intentaré mejorar la gestión de los servicios públicos y después, de manera complementaria, y lo digo sin ningún tipo de ambages, contar con la sanidad privada. Ya lo hicimos el 96. Si la cosa va bien y encima mejora el servicio, no tengo ningún problema a implantarlo”.
El conseller de Sanidad emplaza a una auditoría para planificar la hoja de ruta en los departamentos de salud y plantea cambiar el mapa sanitario para hacerlo “más eficiente”, según las variables poblacionales como la dispersión territorial. Gómez también ha hablado de optimizar los recursos para reducir la lista de espera diagnóstica –en la que el paciente aún no se ha realizado las pruebas– para evitar el estrés y el malestar que supone la incertidumbre.
El PSPV, que se ha hecho eco de la moción presentada por Vox, ha asegurado que la coalición de gobierno de las derechas “quiere clientes en lugar de pacientes y volver a hacer negocio con la salud de los valencianos”. Según Rafa Simó, responsable de sanidad del grupo socialista en las Corts Valencianes, “la ultraderecha se ha convertido en el brazo ejecutor del Partido Popular de Carlos Mazón”.
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