El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, participó en la votación del pleno del Consell el pasado 15 de marzo que aprobó por unanimidad el decreto que permite al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) hacer quitas sobre acreedores como si de un banco privado se tratara. La decisión no tendría más necesidad de mención si no fuera porque días después de aprobarse esta normativa, el banco público valenciano condonó el 70% de una deuda de 1,3 millones de euros que tenía un grupo de comunicación en el que tiene acciones el propio Puig, en concreto 177.886,8 euros. Fue la primera decisión con la nueva normativa a mano.
La operación mediática de compra del Grupo Zeta por parte de Editorial Prensa Ibérica (EPI) en la que aparece vinculado el presidente de la Generalitat se gestó en el último año y se hizo pública el 18 de abril, un mes después de cerrar la quita con el IVF. Antes, la banca privada había decidido perdonar un 70% de la deuda del antiguo editor de El Periódico de Catalunya y Mediterráneo de Castellón para que el holding presidido por Javier Moll lo comprara, evitando así que Jaume Roures se hiciera con el control del grupo de origen catalán.
Puig tiene desde finales de los años 70 acciones en Mediterráneo de Castellón, periódico donde inició su carrera profesional. Los títulos los consiguió junto a otros empleados con el dinero de unos despidos. Con el tiempo y tras varios cambios accionariales, Puig ha llegado a atesorar los 177.886,8 euros actuales, alrededor de un 1,2% del total. Comparte accionariado, además de con el propio Javier Moll, con los empresarios castellonenses Gabriel Batalla y Enrique Gimeno, ambos condenados por la financiación ilegal del PP.
Por tanto, la quita del IVF ha beneficiado directamente a un grupo editorial en el que el presidente de la Generalitat Valenciana tiene intereses. Es más, ha favorecido que un grupo donde tenía intereses no acabara en la quiebra por sus elevadas deudas con la banca privada y pública.
Desde Presidencia de la Generalitat quitan hierro al asunto y defienden que es un conflicto “sobrevenido”, puesto que las acciones las ha tenido “toda la vida” y el valor que se le atribuye “es contable”. “El decreto que aprobó el Consell es para que el IVF pueda hacer quitas como la banca privada, no para una operación concreta”, argumentan. Además, apuntan que “el IVF ha seguido el mismo camino –en este caso– que la banca privada”, algo que es cierto pero que contrasta con el Institut Català de Finances, que también condonó parte de la deuda de Zeta a EPI pero en menor medida, el 47%.
Las mismas fuentes han explicado que la situación de Puig en las acciones de Mediterráneo es “absolutamente pasiva” y que nunca ha acudido a los consejos de administración del periódico castellonense.
Mientras, tanto PP como Ciudadanos han pedido explicaciones a Ximo Puig. La formación que lidera Toni Cantó ha pedido al IVF que explique cuáles fueron los motivos para condonar la deuda.