La defensa de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha detallado en sus conclusiones definitivas durante la penúltima sesión del juicio por la pieza separada J del 'caso Taula' su estrategia a medio y largo plazo para intentar tumbar la instrucción. El letrado de Benavent, el penalista Juan Carlos Navarro, ha tachado las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de “investigación prospectiva” con cariz político. El abogado lamenta el “derecho penal de autor” que se ha aplicado, a su juicio, a su cliente: “Se le ha puesto la etiqueta de señor recaudador”, ha dicho.
“Puede haber ciertas irregularidades en la obtención de la prueba y en la protocolización de la prueba al proceso”, ha señalado Juan Carlos Navarro, quien ha enumerado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), evocada para intentar atacar los dos frentes principales en el punto de mira de la defensa del 'yoqui del dinero': la cadena de custodia de los lápices de memoria con las grabaciones de la trama y las escuchas telefónicas de la UCO.
El letrado ha asegurado que los dos dispositivos de memoria (el que aporta la entonces diputada provincial Rosa Pérez Garijo y el del exsuegro de Benavent) no tienen un contenido idéntico. Tras la entrega de los dispositivos de memoria, la UCO pinchó el teléfono del 'yonqui del dinero' entre abril y mayo del 2015 y, posteriormente, registró el despacho de su primer abogado, el penalista Ramiro Blasco. “A fecha de hoy, a pesar de que solicitamos que se nos diera traslado de las escuchas, no las tenemos, nos han dado una parte y falta entregar otra parte”, ha dicho el letrado. El registro en el despacho es un punto clave para la estrategia jurídica de Marcos Benavent y, también, para la del exministro Eduardo Zaplana, ya que los investigadores hallaron la documentación que permitió iniciar las pesquisas del 'caso Erial'.
La defensa de Benavent ha expuesto por dónde irán los tiros de su estrategia aludiendo a una sentencia del TS que establece, según ha desgranado Navarro, que en una pieza separada de una causa matriz en la que ha habido “injerencia en los derechos fundamentales, tenemos que conocer la trazabilidad” de las pruebas. La sentencia, referida a dos supuestos narcos que transportaban en un velero una tonelada de cocaína desde Trinidad y las Islas Barbados, anuló las escuchas telefónicas que habían propiciado las detenciones. Los navegantes, condenados por la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a diez años de prisión, fueron puestos en libertad a pesar de haber sido pillados con 1.077 paquetes de coca. Las defensas aludían al hecho de que no se había “acreditado la legitimidad de las escuchas telefónicas en la causa principal o matriz”.
Un “suicidio procesal”
En la pieza separada J del 'caso Taula' “se han omitido diligencias iniciales que son el resultado de las conversaciones telefónicas”, ha dicho el letrado del 'yonqui del dinero', quien ha tildado de “pseudopericial de inteligencia policial” el primer informe de la UCO. Es un “suicidio procesal”, ha agregado.
Las conclusiones de la defensa también han aludido a la sentencia absolutoria del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, por la obtención de un lápiz de memoria con información de la familia Pujol de procedencia presuntamente ilícita. Con la entrega a la Fiscalía de las grabaciones efectuadas por Marcos Benavent “se ha provocado una vulneración del derecho a la intimidad”, ha afirmado el penalista.
El letrado del 'yonqui del dinero' considera que Anticorrupción “está prostituyendo la prueba” inicial del 'caso Taula'. “Los informes de inteligencia policial pueden aportar valoraciones y datos técnicos pero, en definitiva, lo que están haciendo es la recopilación de evidencias e indicios”, ha agregado en referencia a la investigación de la UCO. También ha puesto en duda que Benavent fuera socio del empresario Rafael García Barat, acusado en la causa, cuando su mercantil facturaba a la Fundación Jaume II El Just y a Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia de la que el 'yonqui del dinero' era gerente.
Sobre Imelsa, el abogado ha recordado que Víctor Sahuquillo, el primer gerente nombrado en la empresa pública tras las elecciones municipales del 2015 en las que el PP perdió su hegemonía, “tuvo que cesar por un gasto de 800 euros en gin tonics”. “Y luego no les tengo que decir cómo acabó Divalterra”, ha apostillado en referencia al 'caso Alquería'. El 'yonqui del dinero', exgerente de Imelsa, asentía con la cabeza.
La paradoja de Epiménides
El letrado de Benavent también ha defendido que la compra de una lujosa vivienda en una urbanización de Xàbia “no se produce con dinero de un delito” y ha contrapuesto la versión de su cliente (según la cual compró el apartamento con una supuesta herencia) a la confesión del testaferro José Estarlich, uno de los puntos fuertes de Anticorrupción para obtener una condena: “La palabra de uno y la palabra de otro, ¿quién dice la verdad?”.
La defensa del empresario Rafael García Barat ha recogido el guante y se ha referido al hecho de que Marcos Benavent se desdijo durante su declaración ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia de todas sus confesiones durante la instrucción del caso.
“Un hombre afirma que está mintiendo, ¿es esto verdad o es esto falso?”, ha dicho el letrado Alfredo Rodríguez del Blanco en referencia a la paradoja de Epiménides, el filósofo y poeta griego del siglo IV antes de Cristo. “El Ministerio Fiscal nos quiere hace creer que lo que dijo [Benavent] ante la UCO era verdad”, ha remachado. La “clave de bóveda” de la acusación de Anticorrupción es una “paradoja” con una prueba “cuando menos ilógica”, ha concluido.