El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, que condenó a 10 años y cinco meses de prisión a Eduardo Zaplana por la trama corrupta del 'caso Erial', ha descartado enviar a prisión al expresidente de la Generalitat Valenciana, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción alegaba el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos. “No está en mi ánimo fugarme”, ha dicho Zaplana.
“Es un hombre libre e inocente”, ha afirmado el letrado del exministro del PP, Daniel Campos, en la vistilla convocada por el tribunal para este jueves. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha planteado la “naturaleza y la gravedad” de las penas y los delitos “asociados a la corrupción política” y en el ejercicio de sus “funciones públicas”, por los que Zaplana ha sido condenado. Ponce ha argumentado que el exministro popular tiene acceso a personas que “pueden manejar patrimonio en el extranjero”.
El representante del Ministerio Público ha recordado que un antiguo alto cargo de Zaplana, el exdirector general del Instituto Valenciano de Exportaciones (Ivex) José María Tabares, condenado a cinco años de prisión por estafa, se fugó a Japón, un país que no cuenta con un tratado de extradición con España. El condenado ha alegado que fue la propia Generalitat Valenciana la que se querelló contra Tabares, propiciando el fallo condenatorio y la posterior fuga.
“Tabares se encuentra fugado”, ha dicho el fiscal Pablo Ponce, que abunda en la “posibilidad” de que Zaplana tenga patrimonio en el extranjero que “no ha puesto a disposición de las autoridades españolas”. También ha indicado que hay países en los que “con recursos económicos se tiene acceso” a la atención sanitaria, en referencia a las alegaciones de la defensa sobre el estado de salud del condenado.
El letrado Daniel Campos ha aportado el mismo informe médico de 2019 sobre la salud de Eduardo Zaplana que motivó su puesta en libertad provisional. La defensa considera que no existe “ningún indicio de pronóstico de que Zaplana eluda a la justicia” y recuerda que cumplió “rigurosamente” las medidas que se le impusieron tras ser puesto en libertad. “No aprovechó para huir de la justicia”, ha afirmado Campos, quien ha recordado que su cliente está “a disposición del tribunal”.
La defensa argumenta que Zaplana tiene su vivienda y a su familia en Benidorm, además de su pensión. El tribunal ha dado por finalizada la vistilla tras las intervenciones de las partes y el expresidente autonómico queda, de momento, libre a la espera de la decisión del tribunal.
Tras abandonar la Ciudad de la Justicia, Zaplana ha asegurado que seguirá “peleando” con un recurso ante el Tribunal Supremo. Sobre las alegaciones del representante de Anticorrupción, ha dicho tajante: “El fiscal que diga lo que quiera”.