Derecho a reparar: qué establece la nueva normativa

El primer día de este mes entraron en vigor una serie de nuevos “requisitos de diseño ecológico” dispuestos por la Comisión Europea. Tienen el objetivo de combatir la obsolescencia prematura y extender la vida útil de los aparatos eléctricos y electrónicos, disminuir su impacto ambiental y propiciar el ahorro económico para los ciudadanos.

Uno de los cambios más visibles está relacionado con el etiquetado de eficiencia energética, que en el caso de televisores, neveras, congeladores, lavadoras y lavavajillas ha abandonado calificaciones como A+, A++ y A+++ para recuperar la antigua escala A–G.

Con esa modificación, las autoridades europeas buscan que las etiquetas sean más claras y a la vez más estrictas: en un principio, muy pocos productos podrán exhibir la calificación A. La mayoría de los productos de mayor eficiencia energética disponibles en el mercado en la actualidad, según esta nueva escala, deben mostrar una B, C o D.

El nuevo etiquetado también incluye más información (como los litros de agua y el consumo medio de una lavadora, por ejemplo) y un código QR que permite acceder a datos adicionales sobre el producto.

Piezas de repuesto para poder reparar los aparatos

Más allá del etiquetado, otra de las modificaciones más importantes vigentes desde el 1 de marzo se relaciona con las piezas de repuesto. 

Para una decena de productos (entre los cuales se incluyen frigoríficos, lavadoras, secadoras, lavavajillas y fuentes de luz), ahora es obligatorio que las piezas de recambio estén disponibles en el mercado durante un lapso mínimo de entre 7 y 10 años después de la venta del producto.

Por ejemplo, las piezas de recambio para las neveras deben continuar a la venta al menos durante los siete años siguientes a la comercialización del electrodoméstico. En el caso de lavadoras y secadoras, deberán estarlo durante un periodo de al menos una década.

Este es un primer paso en busca de garantizar el “derecho a reparar”, algo que muchos organismos de defensa de los consumidores vienen reclamando desde hace años: la posibilidad de arreglar los productos cuando fallan o se descomponen, sin que la única opción real y concreta sea la de tener que comprar uno nuevo.

Según datos del Eurobarómetro difundidos el año pasado, el 78% de la población europea (y el 83% de la española) cree que los fabricantes deberían facilitar la reparación de los productos. 

No obstante, el nuevo reglamento presenta todavía muchas deficiencias. Sobre todo, porque la ley obliga a que muchas piezas de recambio estén disponibles durante esos lapsos mínimos pero solo para reparadores profesionales. 

Es decir, la mayoría de los repuestos no estarán a la venta para usuarios comunes. Y lo mismo sucede con ciertos datos de mantenimiento de los productos: no cualquier usuario tendrá acceso a ellos. En consecuencia, la posibilidad de repararlos seguirá siendo muy limitada.

Un nuevo “índice de reparabilidad”

Es por eso que, en los últimos meses, ha habido novedades en la misma dirección. En noviembre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que pedía –entre otras cosas– que los consumidores tuvieran acceso a las piezas y a las indicaciones necesarias para restaurar sus aparatos, así como a información veraz sobre su vida útil.

A partir de esa resolución, quedaba en manos de los Estados miembros de la UE tomar las medidas necesarias para hacer realmente efectivo el “derecho a reparar”.

En España, hace unos días –el lunes 15, día mundial de los derechos de las personas consumidoras–, el Ministerio de Consumo anunció la creación de un índice de reparabilidad, “una clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos en una escala de cero a diez puntos que se otorgan en base a cinco criterios objetivos”.

Esos criterios son los siguientes:

Francia fue el primer país en implementar –desde el 1 de enero de este año– un índice de este tipo. Todavía no hay fechas para la entrada en vigor de esta nueva reglamentación en nuestro país.

Ni tampoco información acerca de qué productos serán los primeros que deberán informar de este índice (en Francia comenzó aplicándose sobre lavadoras, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, televisores y cortadoras de césped).

En un comunicado, el Ministerio de Consumo ha anunciado que “serán los propios fabricantes o importadores quienes calculen el índice de los aparatos eléctricos o electrónicos que comercialicen, de acuerdo con los parámetros establecidos”. 

Según Alberto Garzón, ministro de Consumo, el índice de reparabilidad contribuye a “que se le saque máximo partido a lo que se compre”, y también “a que se generen menos residuos, menos emisiones y que exista menos demanda de recursos naturales”.

Revertir la tendencia del “consumo basura”

El objetivo final de todas estas medidas es interrumpir y revertir la tendencia de comprar, usar poco y tirar. De acuerdo con un estudio del Instituto Öko –una organización medioambiental alemana– y la Universidad de Bonn, entre 2004 y 2013 el porcentaje de electrodomésticos desechados tras menos de cinco años de uso había subido del 3,5% al 8,3%.

Se trata de una lógica que, desde luego, excede con mucho a los productos eléctricos y electrónicos: se estima que hasta el 90% de lo que se fabrica ha ido a parar a la basura seis meses después.

“Hemos perdido nuestra cultura de la reparación: nuestros padres y nuestros abuelos compraban algo, lo reparaban diez veces y seguía funcionando”, expresaba en noviembre Agustín Reyna, director de Asuntos Legales y Económicos de la Organización Europea de Consumidores, entidad que reúne a 45 asociaciones de todo el continente.

Reyna ponía énfasis en la “necesidad de cambios en la legislación para que el consumidor pueda tener un rol activo” en la posibilidad de reparar los productos y, por lo tanto, de consumir de forma más responsable. Poco a poco, esos cambios en las normativas se van produciendo.

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