Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad.
Por fin nadie puede llamarse a engaño
El 21 de agosto, en “Agresión sexual de libro”, expliqué o traté de explicar al menos, por qué el acto de Luis Rubiales en el acto de entrega de las medallas a las futbolistas de la selección española que acababan de proclamarse campeonas del mundo era presuntamente constitutivo de un delito de agresión sexual de libro. El 25 de agosto, “Las cosas en su sitio”, volví sobre el tema a raíz de las reacciones que se habían producido en torno al tema.
No he entendido desde el primer momento que el Ministerio Fiscal no haya tomado cartas en el asunto. El decreto de este lunes 28 de agosto firmado por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, mediante el cual el Ministerio Público ha acordado dirigirse a la futbolista con el fin de hacerle ofrecimiento de acciones, dándole la posibilidad de que, en un plazo de 15 días, se ponga en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, “a fin de informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual”, se tenía que haber producido al día siguiente de que se hicieran públicas las imágenes del mal llamado beso, como subrayó Isaac Rosa en “Foto ampliada de un beso que no era beso, era agresión”.
No estamos ante un problema de justicia deportiva, sino ante un problema de justicia penal. Únicamente el juez penal tiene autoridad para determinar que lo sucedido en el estadio de Sidney fue un acto delictivo, fue una agresión sexual, por falta de consentimiento de la futbolista a la que el presidente de la Federación Española de Fútbol sujetándole la cabeza con las manos le estampó un beso en la boca. Cada uno de los que hemos visto las imágenes podemos tener la opinión que sea. En un Estado de Derecho digno de tal nombre la “verdad” en un asunto como este es patrimonio exclusivo del poder judicial. Nadie más que “el juez ordinario predeterminado por la ley” puede decidir si el acto es constitutivo de delito o no. Ningún tribunal deportivo puede hacerlo. Solo el poder judicial.
Por eso se tenía que haber reaccionado de forma inmediata. La agredida, conociendo como podía conocer ella y como hemos conocido posteriormente todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo de verdad, con quien tenía que enfrentarse, es comprensible que se sintiera aterrorizada y que se quedara paralizada. De ahí la necesidad de que el Ministerio Público se hubiera dirigido a ella para hacerle el ofrecimiento que le ha hecho este lunes 28 de agosto.
No hay mal que por bien no venga, dice el refrán, y en este caso la tardanza en actuar del Ministerio Público nos ha permitido conocer a qué es a lo que tenía que enfrentarse la jugadora española y el riesgo que habría corrido de haber intentado interponer acciones penales personalmente. La forma en que se ha intentado invertir desde la propia Federación Española de Fútbol lo que ocurrió, presentado a la jugadora si no como agresora, sí como provocadora de la acción del presidente, que no habría sido así una acción, sino una “reacción” frente a la conducta impúdica de la jugadora, pone de manifiesto de lo que es capaz esta gente que dirige el fútbol español.
La reacción del presidente primero y de la Federación Española de Fútbol después es más expresiva todavía que la agresión sexual que se produjo en el acto de entrega de las medallas. Tal vez para que todo el mundo, insisto, haya podido verlo, haya valido tal vez la pena que el Ministerio Fiscal no reaccionara en el momento en que debió hacerlo.
Después de la justicia, que es lo primero en este caso, tiene que venir la política. La política, ahora sí, deportiva. No se puede dejar que un tema de tanta importancia en el mundo de hoy, sea (des)gobernado de la forma en que lo está siendo. Si no lo hacemos, se continuará haciendo lo que se ha venido haciendo, pero tomando sus protagonistas las precauciones oportunas para salir indemnes. Y ya sabemos lo que eso significa. Después de lo ocurrido a Jennifer Hermoso, nadie puede llamarse a engaño.
El 21 de agosto, en “Agresión sexual de libro”, expliqué o traté de explicar al menos, por qué el acto de Luis Rubiales en el acto de entrega de las medallas a las futbolistas de la selección española que acababan de proclamarse campeonas del mundo era presuntamente constitutivo de un delito de agresión sexual de libro. El 25 de agosto, “Las cosas en su sitio”, volví sobre el tema a raíz de las reacciones que se habían producido en torno al tema.
No he entendido desde el primer momento que el Ministerio Fiscal no haya tomado cartas en el asunto. El decreto de este lunes 28 de agosto firmado por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, mediante el cual el Ministerio Público ha acordado dirigirse a la futbolista con el fin de hacerle ofrecimiento de acciones, dándole la posibilidad de que, en un plazo de 15 días, se ponga en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, “a fin de informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual”, se tenía que haber producido al día siguiente de que se hicieran públicas las imágenes del mal llamado beso, como subrayó Isaac Rosa en “Foto ampliada de un beso que no era beso, era agresión”.