Ruth Bader Ginsburg y la renovación del CGPJ

Gustavo Flaubert, “Dictionnaire des idées reçues”, nos previno contra el riesgo de los “lugares comunes”, de las “ideas recibidas”. La repetición incontable y anónima de una determinada idea o conducta no es garantía de la veracidad o de la bondad de la misma. No hay mayor error, para un individuo o para una sociedad, que aceptar que, porque las cosas han sido de una determinada manera en el pasado, tienen que continuar siéndolo en el presente y en el futuro. Un individuo o una sociedad no puede progresar sin poner en cuestión los “lugares comunes”, las “ideas recibidas”.

La trayectoria de Ruth Bader Ginsburg, primero como litigante y después como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha sido un ejemplo de lo fértil que puede resultar hacer caso a la advertencia de Flaubert. Toda su vida ha sido un combate incesante contra los lugares comunes, contra los prejuicios, contra la aceptación acrítica de que el que las cosas hubieran sido de una determinada manera en el pasado justificaba que debieran continuar siendo así en el presente y de manera indefinida en el futuro.

Ese combate incesante es el que la condujo a ser reconocida como una de las juristas más influyentes de toda la historia de los Estados Unidos, cuya huella se puede rastrear en la vida diaria del país. Joe Pinsker lo ha dejado reflejado en un artículo publicado en The Atlantic, “Ruth Bader Gingsburg’s Legacy can be found in everyday life”, (23 de septiembre). El ininterrumpido cuestionamiento de por qué las relaciones jurídicas tenían que ser de una determinada manera, la condujo, en palabras del profesor Stauber de la Universidad de Stanford, no a cambiar una cosa, la comprensión de una determinada relación jurídica en un terreno determinado, sino a cambiarlo todo. Después de RBG “no es una cosa lo que es diferente, sino que todo es diferente”, ha dicho el profesor californiano. Su trayectoria “radicalmente inconformista” cambió la forma de interpretar jurídicamente la convivencia respecto de como lo había sido en el pasado desde tiempo inmemorial. Por eso ha sido quien ha sido y por eso su memoria se agigantará conforme pasen los años.

Carlos Lesmes, el presidente “en funciones” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la antítesis de RBG. Es la expresión más acabada en el escenario jurídico español del jurista rutinario, seguidor acrítico de los lugares comunes, de las “ideas recibidas”. Defensor a ultranza de que, porque las cosas se han hecho de una manera en el pasado, se tienen que continuar haciendo de esa misma manera, sin interrogarse si esa manera de proceder tiene una justificación objetiva y razonable o solamente tiene la que le proporciona su repetición reiterada.

No de otra manera puede entenderse su afirmación de que el nombramiento de Presidentes y Magistrados por un CGPJ en funciones, es decir, sin legitimidad democrática porque ya caducó la legitimidad del órgano constitucional del que la recibió, es nada menos que “el cumplimiento de una obligación constitucional”. En el pasado el CGPJ en funciones ha procedido con regularidad a nombrarlos y, en consecuencia, la “obligación” del actual CGPJ en funciones consiste en repetir la conducta de su predecesor.

Carlos Lesmes convierte una práctica “antidemocrática” y “por antidemocrática, anticonstitucional” en la norma a seguir. Convierte en norma lo que es una transgresión de la Constitución. Todo lo que Flaubert ridiculizó y contra lo que RBG ha luchado a lo largo de toda su vida, queda sintetizado en esta definición de la “obligación constitucional” por parte del presidente en funciones del CGPJ.

Un jurista rutinario es siempre un jurista mediocre. Es un jurista “patatero”, por utilizar un término con el que se designaban a determinados oficiales en el Ejército español cuando yo era joven. No se si los sigue habiendo actualmente. En todo caso, el oficial patatero no podía ingresar nunca en el Estado Mayor, sino que quedaba confinado en los lugares más bajos de la cadena de mando.

Si en el mundo del derecho ocurriera lo mismo, la presencia de juristas patateros no tendría demasiada importancia. Pero cuando llegan a los más altos tribunales del país o al órgano de gobierno del Poder Judicial, el destrozo que originan puede ser de una magnitud extraordinaria. Un presidente del CGPJ que considera que un órgano en funciones tiene la “obligación constitucional” de actuar como si no lo estuviera, es un peligro público difícil de sobrevalorar.

El nombramiento este miércoles de seis magistrados del Tribunal Supremo por el CGPJ presidido por Lesmes es un ejemplo de lo que acabo de decir. Dicho nombramiento no tiene más fundamento que una práctica antidemocrática y anticonstitucional por parte de anteriores CGPJ “en funciones”. Carece de cualquier justificación en un Estado democrático de derecho digno de tal nombre, como nos está recordando, por cierto, la Comisión Europea.

Afortunadamente el Gobierno dispone de un instrumento para evitar que se consume esta operación antidemocrática y anticonstitucional, ya que los nombramientos tienen que formalizarse mediante Real Decreto, firmado por el Rey y refrendado por el ministro de Justicia. El presidente del Gobierno debe dar la orden de que no se refrende ningún nombramiento de un CGPJ en funciones. En cuanto se produzca la renovación del órgano y tenga legitimidad democrática, se refrendarán los decretos de nombramiento emitidos por el órgano renovado. Mientras tanto, no.

Atienda, señor Presidente del Gobierno, la advertencia de Flaubert y siga el ejemplo de Ruth Bader Ginsburg y no se deje atrapar en la trampa que le ha tendido el presidente en funciones del CGPJ.