La suerte de tener que contar con Junts

En la historia de la democracia española solo hemos tenido una mayoría de investidura sin mayoría de Gobierno: la de Mariano Rajoy tras la repetición de las elecciones en el mes de julio de 2016. Mariano Rajoy fue investido con sus 137 escaños y la abstención del PSOE, que conllevó el abandono del acta de diputado y la secretaría general del PSOE por parte de Pedro Sánchez.

El resultado de aquella operación es conocido. Un sistema paralizado, en el que el presidente del Gobierno se preocupaba no de que las Cortes Generales aprobaran Presupuestos y leyes, sino de que no se aprobaran las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios de la oposición que tenían mayoría parlamentaria para hacerlo. El Gobierno en minoría del PP abusó de la técnica de bloqueo consistente en recurrir todas las proposiciones de ley de la oposición por “aumento de gastos o disminución de ingresos”, dejando el ejercicio de la “potestad legislativa” (art. 66.2 de la Constitución) reducido prácticamente a la nada. Los dos años de 2016 a 2018 fueron años de defensa numantina de la interpretación superconservadora de la Constitución que se había impuesto con la mayoría absoluta del PP entre 2011 y 2015. Fue una legislatura mirando al pasado en lugar de al futuro. Regresiva desde cualquier perspectiva desde la que se la analice. 

En una tentación similar estuvo a punto de caer Pedro Sánchez tras las primeras elecciones de la primavera de 2019, en las que trató de conseguir la investidura no intentando articular la mayoría parlamentaria que había en el Congreso de los Diputados, sino solicitando la abstención de PP y Ciudadanos, que, afortunadamente, no se la dieron, lo que lo obligó a articular la mayoría en positivo, que debería haber intentado desde el principio. Lo hizo, de todas maneras, mal en el primer intento, lo que condujo a la repetición de las elecciones el 10 de noviembre, con un resultado más difícil que el del 28 de marzo, en la medida en que fue sustituido Ciudadanos por Vox. Pero se articuló la mayoría del Gobierno de coalición, que no solamente ha resistido una legislatura endiabladamente difícil, sino que ha sido una de las más productivas de la democracia tanto en cantidad como en calidad. Recuperación del principio de anualidad presupuestaria y aprobación de 200 leyes, bastantes de ellas de inmenso calado. Con una legislatura alcanzada mediante la abstención, hubiera sido imposible hacer lo que se ha hecho.

Una mayoría de investidura sin mayoría de gobierno no es una opción en el momento en que se encuentra el sistema político español. La política está tan encanallada, que no hay Gobierno que pueda sobrevivir el día a día sin una cohesión negociada entre los diferentes grupos que constituyen el auténtico Gobierno de coalición. En esta pasada legislatura lo hemos podido comprobar en multitud de ocasiones. Por eso ponía tanto énfasis Yolanda Díaz en que “hay que cuidar la coalición”, que, si la entendí bien, no solamente implica cuidar el Gobierno de coalición stricto sensu, sino el Gobierno lato sensu con todos los grupos e individualidades sin los cuales no es posible la supervivencia de dicho Gobierno. Lo mismo tiene que suceder en esta legislatura que está a punto de echar a andar. Desde ya hay que “cuidar el Gobierno de coalición”.

La necesidad de contar con el voto de Junts y no solamente con la abstención me parece, en consecuencia, más que un obstáculo, una oportunidad. Tal como está el patio, no puede operar un Gobierno sometido a una condición suspensiva, que, en cualquier momento, puede convertirse en condición resolutoria. Esto es lo que significaría la investidura mediante la abstención de Junts. Sería una falsa investidura, que acabaría descomponiéndose en el momento más difícil, como suele ocurrir en estos casos.

Recuérdese que lo que es ahora Junts fue una pieza clave de la “moción de censura” de julio de 2018. Sin Junts no se habría conseguido que el PNV se incorporara a la mayoría absoluta parlamentaria necesaria para el éxito de la moción y no se habrían creado las condiciones para que fuera posible el Gobierno de coalición posteriormente. Para alumbrar el primer Gobierno de coalición, fue necesaria toda la izquierda y todo el nacionalismo catalán y vasco. Es lo mismo que hace falta ahora para la investidura. Pero la repetición del Gobierno de coalición exige una negociación más amplia y más compleja que la que condujo al anterior. 

De las dos condiciones que ha puesto Junts, la amnistía y el referéndum de autodeterminación, parece claro que no se puede ni entrar a discutir siquiera la segunda, pero si se puede y se debe entrar a debatir la primera. Nada hay en la Constitución ni en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que impida que las Cortes Generales aprueben una amnistía para los implicados en el “procés”. Con el canon de constitucionalidad del Derecho Internacional incorporado a nuestro ordenamiento mediante el “mandato interpretativo” del artículo 10.2 de la Constitución, hay muchos menos obstáculos para esta ley de amnistía que para la ley del 77. Entre otras cosas, porque una ley de amnistía para los implicados en el “procés” no tendría posibilidad alguna de ser interpretada de manera anticonstitucional como una “ley de punto final”, que es lo que ha acabado ocurriendo con la ley de amnistía de 1977.

Desde el punto de vista de pedagogía constitucional sería extraordinariamente importante que se celebrara un debate en las Cortes Generales en el que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria pudieran explicar su posición sobre el contenido de dicha ley y se pudiera a continuación adoptar una decisión. La sociedad española necesita que ese debate se produzca, para sacar finalmente la cuestión sobre la integración de Catalunya en el Estado español del ámbito judicial y llevarlo al terreno político, a un debate entre todos los integrantes del cuerpo electoral a través de todos los representantes parlamentarios del mismo. Nada habría más clarificador que esto. Es necesario este acto de confianza en el “pueblo español” para que el Gobierno de coalición pueda constituirse sobre bases sólidas.

Se puede y se debe hacer. Un compromiso en este sentido por parte del candidato a la investidura debería figurar en “su” programa de Gobierno. No hay mal que por bien no venga, dice el refrán, que viene pintiparado para la necesidad de contar con el voto de Junts en la investidura.

En la historia de la democracia española solo hemos tenido una mayoría de investidura sin mayoría de Gobierno: la de Mariano Rajoy tras la repetición de las elecciones en el mes de julio de 2016. Mariano Rajoy fue investido con sus 137 escaños y la abstención del PSOE, que conllevó el abandono del acta de diputado y la secretaría general del PSOE por parte de Pedro Sánchez.

El resultado de aquella operación es conocido. Un sistema paralizado, en el que el presidente del Gobierno se preocupaba no de que las Cortes Generales aprobaran Presupuestos y leyes, sino de que no se aprobaran las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios de la oposición que tenían mayoría parlamentaria para hacerlo. El Gobierno en minoría del PP abusó de la técnica de bloqueo consistente en recurrir todas las proposiciones de ley de la oposición por “aumento de gastos o disminución de ingresos”, dejando el ejercicio de la “potestad legislativa” (art. 66.2 de la Constitución) reducido prácticamente a la nada. Los dos años de 2016 a 2018 fueron años de defensa numantina de la interpretación superconservadora de la Constitución que se había impuesto con la mayoría absoluta del PP entre 2011 y 2015. Fue una legislatura mirando al pasado en lugar de al futuro. Regresiva desde cualquier perspectiva desde la que se la analice.