Viene de lejos

En las elecciones generales de 1989 José María Aznar fue por primera vez candidato a la presidencia del Gobierno por AP. Todavía no era presidente del partido. Lo sería poco después en el Congreso de Sevilla de ese mismo año, en el que AP se refundó como PP.

En dichas elecciones, el PSOE obtendría una mayoría absoluta con 176 escaños (175 tras la anulación de las elecciones en Melilla), en tanto que el PP se quedaría con 107. El resultado electoral fue inequívoco. El PP, sin embargo, impugnaría dicho resultado en varias circunscripciones: Barcelona, Murcia, Pontevedra y Melilla. Han sido las primeras y las únicas que se han producido hasta la fecha.

A través de dichas impugnaciones el PP intentó impedir que se hiciera efectiva la tercera victoria socialista tras las de 1982 y 1986. Y estuvo a punto de conseguirlo. Las elecciones fueron anuladas en Murcia, Pontevedra y Melilla, pero no en Barcelona. De haberlo sido en esta última es imposible saber cuáles habrían sido las consecuencias, pero no hubiera sido fácil la celebración del debate de investidura.

La anulación de las elecciones en Murcia, Pontevedra y Melilla fue recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), que anuló las decisiones de las Salas de lo Contencioso de Murcia y Pontevedra y confirmó la relativa a Melilla. La investidura de Felipe González como presidente del Gobierno se había producido ya con un Congreso de los Diputados sin los representantes de esas tres circunscripciones, razón por la cual Felipe González plantearía, tras la sentencia del TC, una cuestión de confianza, a fin de que fuera el Congreso de los Diputados en su totalidad el que confirmara la investidura. A continuación se reformó la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, para impedir que se pudiera hacer en el futuro un uso “ventajista” del contencioso electoral. No se ha vuelto a producir. La resistencia a aceptar el resultado del triunfo de la izquierda en las urnas la puso de manifiesto el PP desde que estuvo dirigido por José María Aznar.

En la segunda ocasión, en las elecciones de 1993, el PP cuestionó en la misma noche electoral el resultado de las elecciones. Ante el avance de los resultados que ofreció el ministerio del Interior, Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón denunciaron en RTVE que se había producido un fraude electoral y que, en realidad, era el PP y no el PSOE el partido que había ganado las elecciones. También es la primera vez que había ocurrido algo así y nunca más ha vuelto a ocurrir.

A continuación, en dicha legislatura se pondría en marcha una estrategia de deslegitimación del Gobierno presidido por Felipe González, que tendría una expresión parlamentaria, “Váyase, señor González”, y otra extraparlamentaria, la del “Sindicato del Crimen”, con la que, en palabras de uno de los más conspicuos miembros de dicho peculiar “sindicato”, el director de ABC, Luis María Ansón, se llegó a poner en riesgo la propia estabilidad del Estado.

En las elecciones generales de 1996 y 2000 el PP consiguió ganar las elecciones y José María Aznar fue investido presidente del Gobierno. Nadie puso en cuestión el resultado electoral, a pesar de que la victoria del PP en 1996 se produjo con menor número de escaños que en todas las elecciones anteriores. Fue Felipe Gonzáles quien actuó de manera decisiva para que José María Aznar fuera investido de presidente del Gobierno de verdad ante la “propuesta trampa” de Jordi Pujol de que José María Aznar alcanzara la investidura con los escaños del PP exclusivamente, mediante la abstención de todos los demás grupos parlamentarios. El rechazo de dicha propuesta por el PSOE, conduciría al Pacto del Majestic y la investidura de José María Aznar. En el 2000 tendría el PP mayoría absoluta.

En la visión de José María Aznar no se contemplaba la posibilidad de que el PSOE pudiera volver a la presidencia del Gobierno en un plazo inferior a varias décadas y, sin embargo, en las elecciones de 2004 José Luis Rodríguez Zapatero conseguiría la investidura, que volvería a repetir en 2008. El PP nunca aceptó la legitimidad de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno por entender que en 2004 llegó al poder como consecuencia de una suerte de golpe de Estado a través de la manipulación de los atentados terroristas de Atocha. Todavía no han aceptado el PP en general y José María Aznar en particular la autoría de dichos atentados.

En las elecciones de 2011 el PP volvería a ocupar la presidencia del Gobierno con mayoría absoluta con Mariano Rajoy como candidato. Son las últimas elecciones que el PP ha considerado plenamente legítimas.

Desde que, tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, el PP se mantuvo como primer partido, pero sin mayoría para formar gobierno, únicamente ha considerado legítima la ocupación por parte de un candidato del PP de la presidencia del Gobierno. Fue lo que ocurrió, tras la repetición de las elecciones en julio de 2016 por la imposibilidad de la investidura con base en el resultado electoral de 2015.

Mariano Rajoy tuvo mayoría de investidura en 2016 por la abstención del PSOE, es decir, no tenía mayoría de gobierno. En el Congreso de los Diputados había una mayoría alternativa de gobierno, como se pondría de manifiesto con el triunfo de la moción de censura planteada por Pedro Sánchez en 2018. Ni la presidencia del Gobierno alcanzada mediante la moción de censura, ni la resultante de las dos elecciones generales celebradas en 2019, que han reproducido en cierta medida el resultado de la moción de censura, han sido aceptada como legítimas por el PP, que está intentado rentabilizar políticamente la “catástrofe natural de la COVID-19”, para derribar al Gobierno.

Nadie puede llamarse a engaño. La negativa a aceptar la legitimidad de la victoria electoral de la izquierda viene de lejos. Viene desde que José María Aznar ocupó la presidencia del PP. No ha habido ni un solo momento desde entonces en que la derecha haya aceptado un gobierno con un presidente socialista. No fue legítimo el Gobierno presidido por Felipe González en los años noventa del siglo pasado. No fue legítimo el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero en la primera década del siglo XXI. Y no lo es el Gobierno presidido por Pedro Sánchez desde 2018.

Esto es lo que está repitiendo un día sí y otro también FAES a través de sus boletines. Es la estrategia deslegitimadora del Gobierno del PSOE que José María Aznar lleva poniendo en circulación desde 1989. Es la que repite como un papagayo Pablo Casado.

¿Puede operar de manera establemente indefinida un sistema político en el que uno de los posibles partidos de Gobierno considera que solo él tiene legitimidad para ocupar la presidencia del Gobierno?