Andalucía ante la encrucijada electoral

La pasada semana, una buena amiga y mejor periodista, Ana Galdámez, me sugirió la idea de hacerme una entrevista para exponer, en dos minutos, mi opinión sobre la situación andaluza y los desafíos que se presentan ante la próxima cita electoral. Acostumbrado a la lógica y extensión de las clases, que permiten la disección detenida y la explicación matizada de cualquier asunto de la propia competencia, semejante tesitura me obligó a esbozar un breve esquema que encerrarse mi diagnóstico sobre esta especialísima coyuntura. Aquí va su puntual desarrollo.

Para detectar sumariamente los lastres andaluces y las posibles vías de su resolución deben evitarse, de partida, tanto el triunfalismo como el catastrofismo. Del primero hay bien poco, salvo algún músculo demasiado endeble y reciente exhibido con insistencia por Susana Díaz. Tan evidente resulta que la situación de la comunidad no está para celebraciones, que la propia candidata socialista se ve obligada con frecuencia a disociar su identidad: inconscientemente, se presenta como la líder que logrará dar la vuelta a la herencia recibida para legar a las generaciones venideras una Andalucía mucho mejor. El espectador avezado debe irritarse ante este lapsus, que omite toda la responsabilidad que el partido en el gobierno tiene de la actual situación y exige de él un acto de fe, esto es, la creencia en que aquellos que han gobernado en exclusiva la región hasta el día de hoy van a comenzar a hacerlo de modo sustantivamente mejor, si triunfan, desde el próximo mes de abril.

La situación en vigor tampoco puede describirse como un «estado de emergencia», como gustan otras formaciones de hacer. Con semejantes expresiones, como aquella del «genocidio financiero», se corren riesgos. Como poco, uno estratégico y otro anímico. La hipérbole terminológica conduce a la banalización del propio discurso; con ella, las necesarias denuncias de la injusticia quedan neutralizadas por la propia desmesura. Por otro lado, la creencia ingenua de que nos hallamos ante una situación apocalíptica conduce irremediablemente al desánimo, al comprobar que la catástrofe no produce la reacción mayoritaria debida. La situación, en efecto, es de enorme gravedad, y afecta a capas muy numerosas, pero resulta aún paliada por diversos mecanismos defensivos de naturaleza familiar, institucional o económica. Desconocerlo es un autoengaño.

Para situarse en el escenario andaluz, y no llevarse sorpresas desagradables la noche del 22-M, debe entonces tenerse presente que la situación económica, laboral y política es, sí, muy crítica, pero en ningún caso comparable a la vivida en los albores de la autonomía. Omitir el grado evidente de desarrollo experimentado desde entonces por Andalucía es un lamentable descuido, que además no permite siquiera identificar algunos de los logros que se trata precisamente de preservar.

Descontando esta premisa, cumple, sin embargo, detectar las carencias, y las hay muy profundas, tanto en el plano institucional como en el social. A nivel administrativo, pesa sobremanera el dominio incontestable ejercido por un solo partido en prácticamente toda la administración autonómica durante toda su existencia. De esta causa proceden algunos males muy visibles: confusión sistemática entre partido y administración, clientelismo mastodóntico, corrupción extendidísima y el consiguiente empleo insatisfactorio, estéril de ingentes recursos públicos, lo que hace todavía más sangrante el relativo subdesarrollo.

A nivel socio-económico se padece la falta clamorosa de tejido productivo, la concentración de la actividad en dinámicas de escaso valor añadido y una intervención constante de la administración pública a través de incentivos, subsidios y subvenciones desprovistos por completo de un proyecto trabado y estratégico de crecimiento regional, pero que han provocado una confusión notable entre el entramado institucional autonómico-partidario y la iniciativa privada.

Estas son dos de las más importantes realidades críticas que enfrentan los andaluces en la próxima cita electoral. Ahora bien, cabe preguntarse si estas circunstancias constituyen, para las mayorías, un verdadero problema. Para muchos ciudadanos de esta comunidad la patrimonialización partidista de la administración resulta de lejos preferible a la que se considera como única alternativa posible, es decir, la despatrimonialización de la administración no ya en beneficio de un partido, sino de las minorías corporativas que lo dirigen. Por otra parte, esta situación de colonización masiva de los aparatos públicos, de tutela económica de la iniciativa privada y de protección clientelar conforma un statu quo beneficioso para una proporción considerable de la población andaluzastatu quo, incluso en una coyuntura crítica como la actual. Esto explica el inmovilismo y las notorias resistencias al cambio. Muchos calculan, no sin razón, que, en un hipotético relevo gubernamental, habría bastante que perder. Los resultados nos confesarán su proporción exacta.

Otros pensamos que las circunstancias expuestas sí constituyen un verdadero obstáculo para el desarrollo de la región y la superación de la crisis. Celebramos que, al menos a nivel autonómico, se hayan cerrado las fronteras a los bárbaros que aspiran a privatizar la administración en favor de minorías. Pero percibimos claras señales de decadencia en la dinámica vigente, por eso aspiramos a cambiarla. ¿Cómo puede hacerse?

Orillando, desde luego, los deseos puramente personales, y ciñéndonos a un escenario verosímil, cabría afirmar que lo último que necesita Andalucía es un «Gobierno fuerte», que vuelva a poner en manos de un solo partido los resortes del poder autonómico. Para prevenir el mal que padecemos de la continuada hegemonía monopartidista en la administración, Andalucía necesita más bien gobiernos plurales, con miembros relativamente equipotentes, que ejerzan un eficaz contrapeso mutuo, y basados en un inequívoco acuerdo programático. De hecho, si los resultados no arrojan mayorías incontestables, pero sí preponderancia de las izquierdas en su conjunto, la voluntad nítida de los andaluces será la de un gobierno plural de signo progresista. Y si ese mandato se traduce en ingobernabilidad no será responsabilidad de los ciudadanos, sino de sus representantes.

Para afrontar la crisis económica y de empleo, la cuestión no es renunciar al actual intervencionismo, sino transformarlo para hacerlo mucho más eficiente. El problema que atraviesa Europa podría definirse del siguiente modo: el capital ha dejado con todo el descaro de cumplir su función social de financiación de la producción porque se reproduce de modo autónomo a un mínimo coste. Esto solo puede rectificarse a través de una inversión pública que supla las deficiencias evidentes de la iniciativa privada. No se trata, como Susana Díaz insiste, de abaratar costes y reducir impuestos para atraer una inversión incondicionada. Esto no es más que la enésima manifestación de prejuicios neoliberales expresados por un socialdemócrata. Y Andalucía conoce ya la marcha de empresas que fueron recibidas con subvenciones millonarias. En este momento cumple más bien reactivar desde lo público la economía a través de mecanismos que den cabida al capital privado, pero sometido a reglas exigentes de desenvolvimiento, ganancia y contratación laboral. La agricultura y hasta la propia construcción, comenzando por la rehabilitación de la multitud de edificios céntricos abandonados en todas las capitales andaluzas, son susceptibles de una intensa potenciación. A lo que debe añadirse la inversión en industrias de elaboración y manufactura que permitan ampliar el ciclo productivo regional y diversificar nuestra economía para fortalecerla.

Tan palmario resulta este dato, que el pasado lunes, en el debate electoral entre los candidatos del PP, PSOE e IU, coincidieron todos en señalar la urgente necesidad de la reindustrialización. También lo hacen partidos decisivos como Podemos. Ya veremos si tan significativo consenso se traduce en hechos tras las próximas elecciones.