La salud también va de equidad

La salud se refiere a la ausencia de enfermedad y al bienestar colectivo. El Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana de 1976 definió la salud como “aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa” que lógicamente está influida por las condiciones de vida de cada persona y por su entorno, más que por sus genes.

Es lógico, por lo tanto, que existan diferencias entre territorios y grupos sociales, diferencias que la Organización Mundial de la Salud define como desigualdades sociales en salud por su carácter sistemático, injusto y evitable, al ser producto del reparto desigual de recursos y poder existentes en la sociedad. Un ejemplo muy claro de estas desigualdades lo encontramos al comparar la esperanza de vida al nacer entre países ricos y pobres: más de 30 años de diferencia en la esperanza de vida separan a los países europeos de los africanos.

Sin embargo, las desigualdades en salud existen en todos los países y, por lo tanto también están presentes en el nuestro. En España, la probabilidad de vivir más o menos años, y con mejor o peor salud, puede depender, entre otros factores, del barrio en que vivamos. En Barcelona, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer es 9 años menor en los hombres que viven en barrios más pobres que los que lo hacen en los barrios ricos, diferencias que son de 5 años para las mujeres. En Madrid también se han descrito desigualdades de hasta 7 años en la esperanza de vida al nacer.

Además, los severos efectos de la crisis económica y las políticas de austeridad, como el paro, la pobreza o los desahucios, tienen un impacto en las condiciones de vida de las personas, lo que a su vez, repercute en su salud. Estos datos se respaldan por una abundante evidencia científica que señala, entre otros, las múltiples consecuencias que tiene el desempleo en diferentes aspectos de la salud, o los casos de suicidio que se han relacionado con los desahucios.

Estas desigualdades sociales en salud persisten incluso cuando se garantiza el acceso universal a los servicios de salud. El acceso universal a la salud impide que cuando las personas caen enfermas incrementen las brechas sociales. Sin embargo, el acceso a la sanidad no es el único elemento a tener en cuenta. De hecho, el aspecto más relevante para prevenir las desigualdades en salud consiste en mejorar las condiciones de vida a través de políticas económicas y sociales.

Numerosas investigaciones han ido acumulando pruebas al respecto. Por citar sólo algunos ejemplos recientes, se ha descrito cómo a mayor generosidad de los subsidios de desempleo disminuye el número de suicidios, o la reducción de homicidios en barrios de Medellín, Colombia, tras importantes inversiones en infraestructuras como el metrocable que conecta los barrios pobres con el centro de la ciudad, y la caída de la mortalidad prematura en afroamericanos de EEUU tras la abolición de leyes discriminatorias.

Qué decisiones políticas y económicas producen un impacto en la salud de la población, cómo lo hacen o qué grupos sociales son más vulnerables a estos impactos son algunas de las preguntas por las que nació en 2011 el proyecto de investigación europeo SOPHIE integrado por un grupo interdisciplinar de profesionales de la medicina, sociología, estadística, economía y ciencias políticas de distintos países de Europa y Canadá. El objetivo es aportar información sobre los efectos en la salud que supone apostar por un tipo u otro de política, aspirando a que estos datos sean útiles para reclamar políticas más justas y saludables para nuestras sociedades.

En España se ha conseguido poner de manifiesto los impactos de la crisis en la salud de las personas afectadas. En concreto, se ha detectado un aumento de desigualdades en salud mental, con un especial empeoramiento en las personas de clases sociales más desfavorecidas. También se ha documentado la epidemia de problemas de salud física y mental entre las personas que no pueden permitirse una vivienda adecuada o están en riesgo de perderla. Otras aportaciones del proyecto se refieren a las repercusiones en salud que supone la falta de políticas para combinar la vida laboral y la familiar, las desventajas en salud de las madres solteras o las consecuencias mortales de la pobreza energética. Todos los datos confirman que la desprotección social y las desigualdades tienen un efecto directo sobre la salud.

Sin embargo, siendo estas desigualdades evitables, quizás sea el momento de analizar algunos de los “casos de éxito” e impulsar algunas recomendaciones. Hace unos años, entre el 2004 y el 2011, el gobierno de Cataluña promovió la “Ley de Barrios” para impulsar la creación de proyectos de renovación urbanística y dinamización económica y social de barrios desfavorecidos. Con una inversión de más de 1.300 millones de euros, se promovieron la remodelación de espacios urbanos, la creación de infraestructuras y equipamientos o el desarrollo de programas para fomentar la cohesión social en los barrios. Desde SOPHIE tuvimos la oportunidad de evaluar el proyecto en algunas zonas de Barcelona. Los resultados hablan por sí solos. No sólo mejoró la percepción que los residentes tienen sobre su salud general, sino que además, en los primeros años de la crisis económica, la salud mental no empeoró tanto como lo hizo en otros barrios desfavorecidos no afectados por la “Ley de Barrios”.

Otro ejemplo son las distintas políticas para fomentar la igualdad de género como los servicios públicos para la familia, o la política de paridad en puestos directivos que existen en los países del norte de Europa. Al comparar la salud percibida entre mujeres y hombres de los distintos países europeos, hemos constatado que los nórdicos presentan una menor desigualdad en salud entre hombres y mujeres. Por el contrario, la falta de ayudas familiares para el cuidado de menores y mayores, o la dificultad para conciliar el trabajo dentro y fuera de casa, provocarían una mayor desigualdad en los países del sur de Europa, como España.

Estos son sólo algunos ejemplos que demuestran que es posible mejorar, o al menos, proteger, la salud de la ciudadanía y avanzar hacia la equidad en salud a través de la inversión pública, distribuyendo equitativamente los recursos y teniendo en cuenta que salud es más que servicios sanitarios. Todas las decisiones políticas pueden influir en la salud. El avance del proyecto SOPHIE permitirá mostrar otros ejemplos que ayuden a entender la importancia de las políticas para mejorar la salud de la población y disminuir las desigualdades en salud.

 

La salud se refiere a la ausencia de enfermedad y al bienestar colectivo. El Congreso de Médicos y Biólogos de Lengua Catalana de 1976 definió la salud como “aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa” que lógicamente está influida por las condiciones de vida de cada persona y por su entorno, más que por sus genes.

Es lógico, por lo tanto, que existan diferencias entre territorios y grupos sociales, diferencias que la Organización Mundial de la Salud define como desigualdades sociales en salud por su carácter sistemático, injusto y evitable, al ser producto del reparto desigual de recursos y poder existentes en la sociedad. Un ejemplo muy claro de estas desigualdades lo encontramos al comparar la esperanza de vida al nacer entre países ricos y pobres: más de 30 años de diferencia en la esperanza de vida separan a los países europeos de los africanos.