Protestas antidemocráticas y sedición golpista en Venezuela

Las movilizaciones convocadas por un sector de la oposición venezolana obligan a plantearse hasta qué punto las protestas de estudiantes, empresarios, comerciantes y aliados -promovidas por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma- responden a un ejercicio democrático o, por el contrario, son parte de un proceso desestabilizador perfectamente urdido. Uno de los argumentos recurrentes para atacar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro sostiene que Venezuela es un país secuestrado por fuerzas extranjerizantes, al servicio de Cuba. Las mismas que habrían suprimido la democracia, promovido la violencia policial e instaurado un régimen totalitario.

Una de las organizaciones más relevantes en las protestas, denominada Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), que impulsa la iniciativa “Operación Libertad”, denunció el 22 de febrero que “fuerzas extranjeras han sitiado militarmente a Venezuela. Sus mercenarios nos atacan de manera vil y salvaje. Su objetivo es esclavizarnos”. Así, concluyen que es su deber patriótico “defender la soberanía de la nación, expulsando a los comunistas cubanos que se encuentran usurpando el gobierno y la Fuerza armada”.

Luis Hernández Navarro -en su artículo de La Jornada titulado “Venezuela: los cachorros de la reacción”- reveló que JAVU mantiene estrechas relaciones y recibe financiación del Partido Popular y de la organización juvenil de Silvio Berlusconi, así como del Instituto Albert Einstein, fundado por Gene Sharp, promotor de las revoluciones de colores en países que no son afines a la OTAN y USA. Tal y como Mirialvic Olivares -uno de los cabecillas- confesara al señalar que “las organizaciones internacionales que nos están apoyando en este momento siempre han estado de la mano con nosotros, no solamente en cuestiones de protesta, sino en cuestiones de formación y nosotros con ellos siempre hemos estado de la mano. No nos da vergüenza, no nos da miedo decirlo”. Igualmente en cables de Wikileaks publicados no hace mucho se revela la importancia de promover las manifestaciones de estudiantes, jóvenes y actores no formales en la lucha contra el gobierno bolivariano, apelando a su “pureza y legitimidad”. Sin duda, son factores que pueden encender la chispa de una eventual guerra civil.

La burguesía latinoamericana y sus partidos políticos han acusado siempre a la izquierda de copar espacios e instituciones democráticas para horadar y destruir el poder constituido. Durante la guerra fría, la categoría “enemigo interno” fue el pretexto para etiquetar a marxistas, socialistas y comunistas de infiltrados, agentes de la Unión Soviética, anti patriotas o espías cubanos. Hoy, dichos argumentos sirven a la oposición venezolana para generar un rechazo a los cooperantes o residentes cubanos y asaltar su embajada, apostillando que Venezuela es prisionera de los hermanos Castro, quienes la gobiernan desde La Habana.

Si hacemos historia, durante el siglo XX muchos países de América Latina ilegalizaron a los partidos de la izquierda marxista acusándolos de elaborar planes para infiltrarse en las instituciones democráticas e imponer la dictadura del proletario. Así cobraron vida las leyes de defensa de la democracia, conocidas como “leyes malditas”. En América Latina se aplicaron sin rubor. Su objetivo era impedir el desarrollo de una opción popular y anticapitalista frente a los gobiernos de las burguesías dependientes política, militar, cultural y económicamente de Estados Unidos. La derecha optó por la guerra global, la estrategia del miedo y la represión. Los comunistas horadaban los valores cristianos de la familia, la nación y la patria. En ese instante se recurrió a la técnica del golpe de Estado basado en la doctrina de la seguridad nacional. Los cielos se oscurecieron en muchos países latinoamericanos.

Hoy, Venezuela es víctima de esta doctrina, revitalizada bajo el principio de reversión de procesos democráticos, pero con un factor que hace difícil su éxito. La República Bolivariana es una de las democracias más consolidadas de la región. Su Carta Magna se encuentra entre las más avanzadas del mundo. Tiene la extraña virtud de no ser papel mojado. Sus elecciones son un ejemplo de transparencia, gozando de un reconocimiento internacional. Sirva como dato que la oposición, en su proceso de primarias donde salió elegido Henrique Capriles, pidió la supervisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) como garantía para evitar el pucherazo. Igualmente, el ejercicio de las libertades civiles públicas tiene un solo coto: el respeto al orden constitucional. No hay trabas para manifestarse solicitando la destitución del presidente o cargos públicos. El referéndum revocatorio se contempla en la Constitución de 1999 y ha sido ejercitado por la oposición sin problema cuando lo ha pedido.

Aquí comienzan los claroscuros de las manifestaciones convocadas por un sector de la oposición. Su objetivo no solicita la renuncia del presidente en un referéndum revocatorio, ni exige cambios en las políticas de becas, vivienda o salud, ni rechaza las actividades de las misiones populares o pide la expulsión de los médicos cubanos que trabajan en los centros hospitalarios e instituciones como parte de los acuerdos de cooperación firmados entre los dos países. Todas ellas opciones legítimas, que se pueden o no compartir. Su fin es otro: promover el sabotaje, cortar el acceso a calles, bloquear carreteras o tirar cócteles molotov en centros oficiales, buscando provocar una respuesta que les convierta en víctimas de la violencia y represión “chavista”. En este contexto, Leopoldo López, Carina Machado y otros prefieren patear el tablero, llevar el país a la quiebra constitucional, cruzar la barrera de lo democrático y sacrificar vidas humanas para así derrocar al gobierno constitucional. ¿No resulta extraño, acaso, que de las 28 víctimas mortales algunas lo sean por disparos en la cabeza, propios de francotiradores?

Las protestas y movilizaciones que hoy sacuden Venezuela no son homologables a las convocadas en el resto de países del entorno, ni tienen un contenido democrático. Por el contrario, llaman a la sedición y a la guerra civil. En nada se parecen a las realizadas por los colectivos políticos, estudiantiles, sindicales, mujeres, juventud, jubilados, mineros o campesinos que en el mundo convocan contra las políticas de austeridad, las privatizaciones, el uso de transgénicos, el desempleo o los recortes en salud, educación, cultura o vivienda. Tampoco se pueden asimilar a las movilizaciones que, jugándose la vida sus convocantes, reivindican libertad y democracia en medio de férreas dictaduras. Menos equipararlas a las protestas que aúpan a la presidencia a sujetos nacidos del fraude electoral, como México, Honduras o Paraguay. Todos los ejemplos citados constituyen casos donde se violan los derechos humanos, se reprime a la ciudadanía, se coartan los derechos de reunión y asociación, y se ejerce brutalidad policial contra la población, concitando un rechazo generalizado de la opinión pública y solidarizándose con las víctimas. Chile, España, Egipto, Pakistán, Colombia, Paraguay, Honduras, etc. Resulta significativo que la oposición venezolana y los medios de comunicación internacionales publiquen imágenes de máxima represión pertenecientes a alguno de los países citados, buscando complicidad y apoyos en sus reivindicaciones golpistas.

Sin duda asistimos a una estrategia dual para hacer caer el gobierno del presidente Maduro y revertir una década de avances democráticos. Por un lado, en el corto plazo, la sediciosa y golpista, encabezada por la derecha más reaccionaria; y, por otro, la abanderada por Henrique Capriles, donde se mezcla el llamado a la desestabilización, el mercado negro, el miedo y la guerra económica. Capriles piensa en el largo plazo. Acepta las reglas del juego constitucionales -al menos formalmente- y reconoce logros en áreas como la salud, la educación, la vivienda y la legislación laboral. Mientras tanto, busca quebrantar la unidad de las fuerzas armadas, restar apoyos al gobierno y aislarlo internacionalmente. Capriles entiende que un golpe de Estado fracasaría, como sucedió en 2002. Mejor colapsar la economía y provocar la debacle interna del “chavismo”. Es más prudente y se decanta por la derrota electoral en las siguientes elecciones presidenciales. Pero no nos engañemos. Si la primera tiene éxito, la apoyará dado que el objetivo final es compartido: retornar el poder político a la plutocracia.

Las movilizaciones convocadas por un sector de la oposición venezolana obligan a plantearse hasta qué punto las protestas de estudiantes, empresarios, comerciantes y aliados -promovidas por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma- responden a un ejercicio democrático o, por el contrario, son parte de un proceso desestabilizador perfectamente urdido. Uno de los argumentos recurrentes para atacar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro sostiene que Venezuela es un país secuestrado por fuerzas extranjerizantes, al servicio de Cuba. Las mismas que habrían suprimido la democracia, promovido la violencia policial e instaurado un régimen totalitario.

Una de las organizaciones más relevantes en las protestas, denominada Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU), que impulsa la iniciativa “Operación Libertad”, denunció el 22 de febrero que “fuerzas extranjeras han sitiado militarmente a Venezuela. Sus mercenarios nos atacan de manera vil y salvaje. Su objetivo es esclavizarnos”. Así, concluyen que es su deber patriótico “defender la soberanía de la nación, expulsando a los comunistas cubanos que se encuentran usurpando el gobierno y la Fuerza armada”.