La gran reforma fiscal en Europa

Los europeos leemos casi atónitos cómo el nuevo y moderado Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está preparando ya a toda la maquinaria federal para una verdadera “revolución” fiscal al otro lado del Atlántico. Se prevé la aprobación de un complejo conjunto de normas destinadas a combatir el fraude, la elusión de tributos y la huida de capitales a paraísos fiscales, y el impulso de una subida drástica del Impuesto de Sociedades, que es acompañado a su vez de un mensaje político contundente del Presidente para animar a la comunidad internacional a que armonice una tributación común sobre los beneficios empresariales. El objetivo: que no exista ni pueda existir ningún territorio en el que el capital transnacional pueda refugiarse para evadir sus obligaciones fiscales. 

Como ha puesto de manifiesto Thomas Piketty con abrumadores datos, la tributación sobre el capital ha venido disminuyendo en todo el mundo desde la irrupción neoliberal de finales de los 70, invirtiéndose hoy la carga fiscal hacia las rentas de los trabajadores, por su propia naturaleza menos proclives a la movilidad territorial. Y ello a pesar de que la mayor parte de la riqueza la encontramos en la concentración de capital y no en los salarios provenientes del trabajo. En las últimas décadas se ha instalado así, con el concurso de los gobiernos, las organizaciones internacionales y las grandes corporaciones, una injusticia fiscal que socava los cimientos del Estado social construido en la segunda posguerra mundial y que atenta, claramente, contra sus previsiones constitucionales. Sin ir más lejos, recordemos que la Constitución española de 1978 establece los principios de progresividad y capacidad económica como elementos estructurantes del sistema tributario, a pesar de lo cual el grueso de la presión impositiva recae, también en nuestro país, en las rentas del trabajo y no en las del capital o en los beneficios corporativos. 

Llama poderosamente la atención que sea desde Estados Unidos desde donde provengan los aires renovadores en materia de justicia fiscal, precisamente el país que hasta hace unos días era gobernado por el ideario neoliberal más salvaje y donde el Estado social más anatemizado está. ¿Qué ocurre con nuestra Unión Europea a este lado del charco? La respuesta es compleja, sin duda, pero hemos de apuntar directamente a los errores conscientes de diseño que aquejan a la integración del viejo continente.

En primer lugar, hemos construido en Europa un mercado único, con sus cuatro libertades económicas (de bienes, servicios, trabajadores y capitales), pero no se le ha querido dotar de una correlativa unión fiscal que amortigüe las consecuencias más negativas, para el Estado social, de aquella realidad. Garantizar la libertad de movimiento de capitales como un derecho sin una tributación conjunta, a nivel europeo, sobre esos mismos capitales que pueden libremente desplazarse sin trabas entre los Estados, es apuntar directamente a los pies de cualquier capacidad, efectiva, de recaudación fiscal. Los gobiernos estatales, ante el temor de que los capitales y las empresas transnacionales se muden, tienden en el viejo continente a bajar los impuestos y a entrar en una constante carrera de competición fiscal a la baja que lastra cualquier oportunidad de elevar la presión impositiva sobre los beneficios corporativos. En Estados Unidos, en cambio, el Impuesto de Sociedades es determinado por el Gobierno federal, algo incontestable hasta para los acérrimos neoliberales de la troupe trumpiana. 

En segundo lugar, el predominio de la intergubernamentalidad en el ámbito tributario europeo impide reforzar los impuestos propios de la Unión. Al exigirse la unanimidad de todos los Estados es casi imposible que se puedan crear impuestos comunes para todo el continente, y más difícil aún si tenemos en cuenta que algunos países, como Holanda, se benefician particularmente de ser pseudo-paraísos fiscales en el interior mismo del mercado único. Pero el problema no es lo que haga o deje de hacer su gobierno, sino lo que la Unión y su débil estructura política aún le permite. Avanzar en la unión fiscal mediante la regla de la mayoría, y no de la unanimidad, con una mayor participación del Parlamento europeo, sería clave para desatascar la actual inoperancia económica del proyecto de integración. Es inimaginable que en Estados Unidos un solo y minúsculo Estado integrante de la Federación pueda vetar una subida impositiva establecida desde Washington por el Congreso federal.

En tercer y último lugar, la Unión sigue sin vertebrarse como una auténtica comunidad política de co-pertenencia cuya ciudadanía sea consciente de los marcos políticos en los que puede actuar. Si la ausencia de una justicia fiscal a nivel europeo es evidente, si el diseño de la Unión carece aún de los elementos necesarios para garantizar el Estado social que las constituciones estatales proclaman, ¿por qué la ciudadanía no centra el debate político sobre la cuestión y exige a sus gobernantes un cambio de paradigma? Habermas ha venido respondiendo en los últimos años a dicha cuestión: la ciudadanía europea se ha quedado, finalmente, en una formalidad jurídica y no ha avanzado hacia la creación de un marco común de adscripción simbólica en el que todos, desde Vilnius a Cádiz, podamos proyectar, con pretensiones realistas, demandas de cambio político. Nuestras referencias siguen siendo los debilitados gobiernos estatales, los mismos que luego trasladan su voluntad al seno de las instituciones comunitarias, donde se transmuta en norma europea y regresa a los mismos Estados, por arte de birlibirloque, como “imposición de Bruselas”. 

Defender la conveniencia, necesidad y pertinencia de una unión fiscal europea permitiría a la Unión y al conjunto de países que la componen afrontar con más efectividad las consecuencias económicas de la actual crisis, pero sobre todo posibilitaría mayores cuotas de justicia fiscal en el continente. Desde el momento en que nos dotamos de un mercado único con libertad de capitales, tanto la presión impositiva sobre los rendimientos corporativos como los mecanismos de redistribución asociados al Estado de bienestar deben ser repensados en clave también europea. Claro que, para eso, hace falta una voz ciudadana comprometida con el futuro de Europa y consciente de las posibilidades que brinda una unión cada vez más estrecha entre los pueblos que la conforman. O a lo mejor, quién sabe, fue precisamente ese clima de impunidad política la causa por la que se ha venido construyendo con tantas grietas el edificio de una Unión excesivamente centrada en el elemento de mercado y olvidadiza en lo que a garantía de derechos sociales se refiere. Sea como fuere, Biden nos manda un mensaje claro y nítido: o de esta crisis salimos con mayor justicia fiscal o los monstruos políticos del mañana inmediato serán imparables. Y en Europa otra cosa no, pero memoria de nuestro convulso pasado no nos debería faltar.