Guerra contra el Terror versión Europa

Europa, con Francia a la cabeza, ha puesto en marcha su propia War on Terror (Guerra contra el Terror) en respuesta a los atentados de París: declarar la guerra al mal, encarnado en este caso por el DAESH; promover reformas legislativas limitativas de las libertades civiles y los derechos humanos; y dotar de exorbitantes poderes a las fuerzas de seguridad. Nos encontramos ante un fenómeno de erosión institucional, jurídica y moral convergente a nivel europeo, y es que toda Europa ha sentido la amenaza del terrorismo como propia. Todos los líderes de Estado europeos han mostrado su solidaridad y disposición a cooperar en la lucha contra lo que perciben como un problema común: el terrorismo.

El resultado es que legislación y políticas nacionales y europeas van a dar previsiblemente un giro tendente a la homogenización y a la convergencia en posiciones más restrictivas, todo ello fruto de la interdependencia europea y de la presión por actuar. Una situación que traerá consigo un desequilibrio de poderes del Estado, ampliando los poderes ejecutivos y dejando al judicial como mera comparsa. Tras los atentados de Charlie Hebdo en enero de este año se pudieron observar los primeros signos de esta tendencia: radicales modificaciones legislativas en materia antiterrorista en distintos países europeos como Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania o España. Aunque no eran más que la antesala de lo que todavía estaba por llegar.

Recortes en libertades, derechos y garantías

El 25 de noviembre Francia dio un paso muy significativo y extraordinariamente preocupante. Presentó al Consejo de Europa su voluntad de derogar el Convenio Europeo de Derechos Humanos durante el estado de excepción, acogiéndose a su artículo 15. Aunque ciertos derechos son inderogables como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el principio de legalidad penal, la decisión pone en jaque otras libertades individuales -la libertad de expresión, manifestación o el derecho a la libertad personal- y las garantías procesales básicas que deben regir todo proceso judicial.

Por otro lado, el estado de excepción francés ha permitido que en poco más de quince días se hayan practicado más de 1233 registros, 165 arrestos y 266 arrestos domiciliarios, todo ello sin necesidad de autorización judicial. Un estado de excepción que se prolongará por acuerdo de las cámaras francesas durante los próximos tres meses y que goza de un fuerte apoyo social pese a haber despertado las alarmas de colectivos de defensa de los derechos humanos, preocupados por los devastadores efectos de poner en el punto de mira de las fuerzas de seguridad a las comunidades musulmanas francesas. Esto repercute directamente en el incremento de la islamofobia y en el agravamiento de la desigualdad estructural y social que se sitúa en el origen del fenómeno de la radicalización.

¿Regresión europea en materia de derechos humanos?

Francia no es la única. Bélgica también ha puesto en marcha mecanismos de excepción contra el terrorismo. Medidas que encuentran numerosos adeptos entre los conservadores de toda Europa. España no se salva. Muestra de ello es el indigno pacto antiterrorista al que en estos días le han salido muchos novios y las propuestas de aspirantes a la Moncloa como Albert Rivera, partidario de ampliar el uso del estado de excepción siguiendo el modelo francés.

Desde luego, la senda que recorre Europa es muy preocupante. Los grandes avances en garantías procesales que han permitido la consolidación de una auténtica normativa de mínimos en la materia dentro del marco comunitario de cooperación judicial hoy en día están en peligro. La abundante actividad traducida en numerosas directivas y la incansable labor del tribunal de Estrasburgo, cuya nutrida jurisprudencia en estos temas es un referente imprescindible, pueden quedar en papel mojado. Todo ello a causa del terror infundido en la ciudadanía europea, que está permitiendo el afloramiento oportunista de las políticas securitaristas más rampantes, nutridas por el populismo punitivo.

Los derechos humanos son el resultado de una larga e incansable lucha ciudadana. Por ello, son en su esencia progresivos, sin vuelta atrás. No podemos permitir que el miedo alimentado interesadamente acabe con siglos de avances en la protección de derechos y libertades fundamentales. Algo que se ha convertido en uno de los pilares elementales y seña de identidad de Europa. Hace un mes, el Parlamento Europeo dio un paso simbólico pero de gran importancia en la protección del derecho a la privacidad de sus ciudadanos. Adoptó un texto en el que confirmaba la voluntad adelantada en octubre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al condenar a Facebook por no proteger debidamente los datos de sus usuarios. Por primera vez una institución europea reconocía el papel que han jugado las revelaciones de Edward Snowden, para quien pedía que se garantice el asilo en Europa y reconozca como defensor de los derechos humanos, a la vez que solicitaba la retirada de cualquier cargo contra él en el marco de la UE. Grandes gestos que llenaban de esperanza a los defensores de los derechos humanos y que hoy se ven peligrar.

Vigilancia masiva y políticas antiterroristas

La guerra preventiva contra el terrorismo iniciada tras el 11-S ha provocado que desde entonces numerosos países occidentales, en nombre de la democracia, del “bien común” y de un estado de necesidad ficticio, se hayan dotado de las herramientas más modernas disponibles hasta obtener omnipresentes poderes de vigilancia que buscan aumentar día tras día. España, no ajena a esta ola, acaba de firmar un contrato millonario con una empresa de inteligencia militar para que le suministre este tipo de herramientas dentro del marco de la lucha antiterrorista.

Herramientas que claramente chocan con el derecho a la privacidad, que Europa reconoce como un derecho fundamental al mismo nivel que la libertad de expresión, cuando son utilizadas de forma sistemática y generalizada contra los ciudadanos, tal y como censura el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, cargo creado este mismo año en atención a la creciente preocupación por la vigilancia masiva. Las revelaciones de Edward Snowden han puesto sobre la mesa la extensa red de espionaje y vigilancia masiva de las comunicaciones de ciudadanos de todo el mundo liderada por Estados Unidos y en la que participan en mayor o menor medida todos los países occidentales, incluida España. Una inmensa tela de araña que afecta a gobiernos, empresas, sociedad civil, activistas o periodistas, además de a ciudadanos anónimos, y que se extiende sin control con el beneplácito de las sociedades en shock por el terrorismo.

La hipervigilancia no es sinónimo de seguridad

Las emociones que provocan en la sociedad los atentados terroristas son manipuladas para demonizar la transparencia y la privacidad y pedir poderes de vigilancia aún mayores. Estos días Francia y Bélgica piden a sus ciudadanos que hagan un esfuerzo y renuncien a sus derechos fundamentales en nombre de la seguridad. Sobre bases reales como los últimos atentados se ha moldeado un discurso público que fomenta el aumento de una respuesta ultranacionalista y patriótica que apoye la intervención armada en Siria o permita medidas restrictivas de derechos. Es lo mismo que hizo Estados Unidos en su día. Intentó convencer a la ciudadanía de que la recogida de metadatos para prevenir atentados terroristas era imprescindible, además de que no era intrusiva al no interceptar el contenido de las comunicaciones.

La realidad es que la recopilación y almacenamiento masivo, permanente e indiscriminado de metadatos invade la privacidad, y no solo eso. Constituye el paradigma moderno del control social y la manipulación de masas. Debemos tener presente que son datos matemáticos que triangulados adecuadamente ofrecen más información, más rápida, precisa, fácil de analizar y mucho más operativa sobre cada individuo y su entorno social, produciendo una situación de gravísima y permanente violación del derecho fundamental a la privacidad. Además de consecuencias y dimensiones incalculables y jamás vistas hasta ahora, ya que ofrece unos usos ilimitados. Nunca antes la ficción del ojo orwelliano había sido tan real.

Sin embargo, son muchos los que culpan a Snowden de que es más difícil identificar terroristas y prevenir atentados a causa de sus revelaciones. Acusaciones que son parte de la retórica del terror. El líder mundial en este tipo de recursos, la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense (NSA), no ha sido capaz de aportar ni un solo ejemplo de ataques terroristas prevenidos gracias a los programas vigilancia masiva. De hecho, la mayoría de la actividad de espionaje de la NSA no se ha llevado a cabo por motivos de seguridad, sino con fines económicos.

Si somos conscientes de esta realidad, no debemos permitir que el estado orwelliano prospere en Europa a través del discurso del miedo. Hay una clara línea roja que no debemos dejar que nuestros gobernantes pasen. No podemos permitir que en nuestro nombre se instaure una War on Terror a la europea y que en nombre de la democracia se apele a la seguridad y al “bien común” para acabar de un plumazo con décadas de conquistas en derechos y libertades fundamentales universales. Es responsabilidad de todos -políticos, sociedad civil y ciudadanos- evitarlo.

Europa, con Francia a la cabeza, ha puesto en marcha su propia War on Terror (Guerra contra el Terror) en respuesta a los atentados de París: declarar la guerra al mal, encarnado en este caso por el DAESH; promover reformas legislativas limitativas de las libertades civiles y los derechos humanos; y dotar de exorbitantes poderes a las fuerzas de seguridad. Nos encontramos ante un fenómeno de erosión institucional, jurídica y moral convergente a nivel europeo, y es que toda Europa ha sentido la amenaza del terrorismo como propia. Todos los líderes de Estado europeos han mostrado su solidaridad y disposición a cooperar en la lucha contra lo que perciben como un problema común: el terrorismo.

El resultado es que legislación y políticas nacionales y europeas van a dar previsiblemente un giro tendente a la homogenización y a la convergencia en posiciones más restrictivas, todo ello fruto de la interdependencia europea y de la presión por actuar. Una situación que traerá consigo un desequilibrio de poderes del Estado, ampliando los poderes ejecutivos y dejando al judicial como mera comparsa. Tras los atentados de Charlie Hebdo en enero de este año se pudieron observar los primeros signos de esta tendencia: radicales modificaciones legislativas en materia antiterrorista en distintos países europeos como Francia, Bélgica, Reino Unido, Alemania o España. Aunque no eran más que la antesala de lo que todavía estaba por llegar.