La futura universidad que queremos

Desde hace más de una década, el sistema público universitario lleva sufriendo ataques frontales mediante la implantación de sucesivas reformas. Comenzó con la Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobada por el PP en 2001; continuó con la denominada RE-LOU llevada a cabo por el PSOE en 2007, que supuso el comienzo de la implantación del “plan Bolonia”; siguió posteriormente con el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que estableció una subida brutal de las tasas universitarias; y cuyo último hito ha sido el Real Decreto 43/2015 aprobado por el gobierno del PP el pasado febrero y conocido como el 3+2.

Estas sucesivas reformas están suponiendo que la universidad se aleje de ese “bien común” cuyas funciones fundamentales deben ser: por un lado, formar ciudadanos y ciudadanas con competencias para la vida personal y profesional que les permitan intervenir activa y críticamente en la realidad social y política; y, por otro, ser motor de generación de conocimiento para afrontar la variedad de problemas a los que se enfrentan las sociedades. Más bien al contrario. Estas reformas enlazadas son pasos hacia la mercantilización de la universidad para convertirla en otro nicho de mercado más, que responda única y exclusivamente a las necesidades de las empresas, generando obra de mano cualificada.

Estos ataques no son un elemento aislado. Forman parte de un proceso generalizado de agresión a lo público, a lo común, como el intento de desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas, el emergente ataque al sistema de pensiones, etc. Es una estrategia que pretende desprestigiar lo público para poner en alza el sistema privado, con el fin último de generar ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda, y enriquecer así a una minoría en perjuicio de la mayoría social.

Pero, ¿qué supone el 3+2? Si el “plan Bolonia” supuso el 4+1 (240 créditos de grado más 60 de máster), el 3+2 es el nuevo marco legal necesario para grados de tres años (180 créditos) y másteres de dos (120 créditos). La consecuencia directa es el aumento del coste total de la formación universitaria para los estudiantes, ya que las tasas de los másteres son de media un 67% más alta que las de los grados.

Este crecida de facto del precio total de la formación universitaria, junto con el aumento sistemático de las tasas universitarias y la disminución de las becas, supondrá una segregación de las personas en el acceso a una formación superior en función del nivel de renta y no de las capacidades y motivaciones, ya que la especialización y la cualificación vendrán de la mano de los másteres más caros y, en consecuencia, menos accesibles.

Este hecho, además, tiene una doble repercusión en las mujeres. Frente al dilema de no poder asumir el coste de la formación universitaria para todos sus descendientes, muchas familias estarán tentadas a dar esa educación superior a sus hijos en perjuicio de las hijas, expulsando en gran medida a las mujeres del ámbito universitario.

Cuando una sociedad no valora la capacidad, sino únicamente los recursos económicos, deja a muchas personas en el camino. Por tanto, corre el peligro de que a largo plazo los servicios profesionales sean de peor calidad y de que el espíritu social de muchos de los profesionales formados en la universidad pública desaparezca.

La segunda consecuencia perversa de estas normas es la entrada en competencia directa de la universidad pública y la privada, cuando tradicionalmente la universidad pública ha sido altamente valorada y elegida mayoritariamente por el conjunto de la población. El aumento del protagonismo de los másteres en la formación universitaria abre la posibilidad a las universidades privadas a la creación de másteres de alta especialización ligados directamente al mundo empresarial.

Este hecho, sumado a la asfixia de la universidad pública por parte de las administraciones (por ejemplo, el presupuesto designado a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid ha disminuido en más de un 50% desde el 2009 al 2014), puede suponer que la universidad privada llegue a superar a la pública en número de estudiantes y prestigio. De esta forma se reforzará a las élites económicas, dejando a la universidad pública la formación de tres años de grado, mucho más generalista y menos rentable.

Por otro parte, todas estas reformas universitarias han ido llevando a la contratación de personal docente e investigador (PDI) sobre la base única y exclusivamente de la carga docente existente, bajo un diseño de nuevas figuras contractuales de dudosa legalidad jurídica. Esto está suponiendo una alta precarización de la universidad, con cada vez más personal laboral con contratos temporales y una altísima rotatividad, lo que supone una mayor facilidad para el control ideológico y una progresiva disminución de la investigación y la creación de conocimiento.

Si estas políticas siguen adelante, el futuro que se vislumbra es una universidad pública convertida meramente en centros educativos de “ciclos formativos de cuarto grado” para generar mano de obra relativamente cualificada y con una plantilla docente altamente precarizada cuya única función sea el “dar clase”. Desaparecerán aquellas disciplinas aparentemente inútiles o poco rentables en términos económicos. Y la investigación será anecdótica. De manera paralela, tendremos universidades privadas cuyo nicho de mercado serán los másteres altamente especializados y con altas tasas, que formarán a los expertos y expertas directamente para el tejido empresarial.

La población con estudios universitarios disminuirá significativamente, con mayor virulencia en las mujeres. Aquellas personas que sí pudieron acceder a estudios superiores se dividirán entre los que sólo accedieron a un grado de tres años y los que pudieron continuar sus estudios costeándose un máster en universidades privadas y en contacto directo con empresas. Ni que decir tiene que, así las cosas, el ideal de la igualdad de oportunidades se aleja cada vez más y la fractura social en función de los recursos económicos y de género se agranda.

En ese momento, la universidad como espacio de creación de conocimiento y pensamiento crítico con una clara función social habrá desaparecido. Cada vez estaremos más lejos de una universidad pública dinámica, propositiva, que construye y desarrolla nueva ideas, y que es un pilar imprescindible para el desarrollo económico y para la necesaria modificación del modelo productivo en el que estamos inmersos.

Por eso, la comunidad universitaria también está convocada a la huelga general de educación del 24 de marzo.

Porque todavía tiene remedio, porque todas estas injusticias se pueden parar y porque este año 2015 es un año de grandes transformaciones. Aprovechémoslo.

Desde hace más de una década, el sistema público universitario lleva sufriendo ataques frontales mediante la implantación de sucesivas reformas. Comenzó con la Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobada por el PP en 2001; continuó con la denominada RE-LOU llevada a cabo por el PSOE en 2007, que supuso el comienzo de la implantación del “plan Bolonia”; siguió posteriormente con el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que estableció una subida brutal de las tasas universitarias; y cuyo último hito ha sido el Real Decreto 43/2015 aprobado por el gobierno del PP el pasado febrero y conocido como el 3+2.

Estas sucesivas reformas están suponiendo que la universidad se aleje de ese “bien común” cuyas funciones fundamentales deben ser: por un lado, formar ciudadanos y ciudadanas con competencias para la vida personal y profesional que les permitan intervenir activa y críticamente en la realidad social y política; y, por otro, ser motor de generación de conocimiento para afrontar la variedad de problemas a los que se enfrentan las sociedades. Más bien al contrario. Estas reformas enlazadas son pasos hacia la mercantilización de la universidad para convertirla en otro nicho de mercado más, que responda única y exclusivamente a las necesidades de las empresas, generando obra de mano cualificada.