Una reforma fiscal al servicio de la especulación inmobiliaria

La vivienda es un elemento relevante en cualquier sistema tributario. Sobre ella inciden de alguna manera los principales impuestos, a través de los que se promueven también determinadas políticas públicas. El Informe Lagares -la propuesta de la denominada “Comisión de Expertos”- no es una excepción. Aunque el Gobierno ya ha anunciado que no va a seguir algunas de sus propuestas, no está de más analizarlas. Y no lo está porque muchas de ellas provienen, en realidad, de organismos internacionales (la Unión Europea, la OCDE o el FMI). No sería la primera vez que este gobierno se resiste a asumir sus recomendaciones pero acaba por implementarlas: es, precisamente, lo que pasó con la supresión de la deducción por adquisición de vivienda. El PP no puede permitirse electoralmente atender todas sus propuestas -ya ha renegado de dos-, pero el informe puede interpretarse como una “hoja de ruta” para el largo plazo. La previsión aconseja, pues, analizar sus medidas, qué lógicas las inspiran y a quiénes benefician. Veámoslas.

El IRPF español es un impuesto dual. Esto significa que grava por separado las rentas del ahorro (dividendos e intereses, principalmente) y el resto de rentas, como las del trabajo o las derivadas de actividades económicas por cuenta propia. Esta dualidad sirve para otorgar una clara posición privilegiada a la renta procedente del ahorro. Los expertos proponen que todos los rendimientos derivados de la vivienda pasen a tributar al tipo reducido del ahorro. Así, quien vive del alquiler de sus propiedades pagaría menos impuestos que un trabajador o trabajadora.

La reforma también afectaría a lo que se llama “renta imputada”, el rendimiento que se le atribuye al propietario de un inmueble por el mero hecho de serlo. A corto plazo, se propone que dicha renta se considere asimismo ahorro y se impute también por la vivienda habitual (no sólo por inmuebles vacíos, como hasta ahora). A medio plazo, los expertos plantean crear un “nuevo” IBI, con un gravamen más elevado, que permita suprimir la “renta imputada” y absorber el importe recaudado en su concepto. Es importante destacar el contraste entre este IBI recargado, aplicado a todos los inmuebles, y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, propuesta en el informe desde el primer momento.

Por otro lado, se quiere acompañar el incremento de los impuestos sobre la propiedad de la vivienda con una reducción del gravamen de su transmisión. Los pisos de segunda mano -y eso incluye todos los que los bancos se han quedado tras una ejecución hipotecaria- están gravados por Transmisiones Patrimoniales Onerosas, impuesto que se reduciría progresivamente y acabaría por suprimirse cuando se cree el nuevo IBI. Respecto al IVA, que grava la compraventa de vivienda nueva, los expertos proponen mantener el tipo reducido del 10% para favorecer la venta del stock existente. La medida contrasta abiertamente con la petición de incrementar el IVA reducido del 10% aplicado a bienes de primera necesidad hasta el 21%.

Por último, una polémica sugerencia es la eliminación, en un plazo breve, del régimen transitorio que permite que personas que se hipotecaron para acceder a su vivienda sigan aplicando la deducción que en su momento se les reconoció.

Hay otras propuestas en materia de vivienda, pero estas pueden considerarse las principales. En un momento en que la efectividad del derecho a la vivienda está en evidente riesgo, los expertos no dedican una sola palabra a esta cuestión. Sus reflexiones se construyen en torno a la idea de neutralidad, entendida en dos sentidos. En primer lugar, neutralidad del sistema impositivo, que supuestamente lo haría más eficiente al garantizar que no influirá en las decisiones de los particulares; sin embargo, todas las reformas planteadas persiguen encauzarlas siguiendo un planteamiento ideológico concreto, funcional a la especulación inmobiliaria y a la concentración de la propiedad. En segundo lugar, neutralidad de los expertos, que emplean una jerga científica, incluyen ecuaciones en su análisis y afirman que existe “un elevado consenso técnico sobre las insuficiencias del sistema fiscal español y las medidas necesarias para superarlo”. Y sí, hay un consenso detrás del Informe Lagares: se llama Consenso de Washington.

En el ámbito de la vivienda, la “neutralidad” se traduce en tres planos. El primero es la “neutralidad en el tratamiento de la tenencia de vivienda en propiedad frente al alquiler”. Una manifestación de este principio es la supresión del régimen transitorio de la deducción por adquisición de vivienda del IRPF, que en las circunstancias actuales sólo perjudicaría a las personas hipotecadas, lo cual hace recomendable que se mantenga en todo caso para las rentas más bajas. En general, esta faceta de la neutralidad pretende deshacer el sesgo que ayudó a inflar la burbuja inmobiliaria, pero se está proponiendo cuando ya no se dan otros condicionantes, como el acceso al crédito barato, que permitieron una eclosión de la vivienda en propiedad. Agotado el negocio hipotecario, se están sentando las bases para promover la concentración de la propiedad en manos de quienes, en el contexto actual, sí pueden invertir en vivienda ¿Será una de las consecuencias de esta reforma producir un puñado de grandes empresas inmobiliarias frente a un inquilinato que está perdiendo derechos en otras reformas normativas, como la de la Ley de Arrendamientos Urbanos?

Los otros dos objetivos de neutralidad recogidos por el Informe Lagares se refieren a “la decisión de invertir en vivienda frente a activos alternativos” y “la decisión de consumir en vivienda frente al consumo de otros bienes”. A quienes consideramos que los derechos humanos –y disfrutar de una vivienda lo es– deben quedar al margen de las fuerzas del mercado, una reforma tributaria destinada a que estas operen sobre la vivienda sin ningún tipo de freno nos preocupa necesariamente.

La neutralidad es la justificación para que cualquier rendimiento derivado de la vivienda tribute, privilegiadamente, como renta del ahorro. Partiendo de que la vivienda es un bien de inversión, lo importante es que las leyes tributarias la traten igual que cualquier otra inversión, para que la gente invierta en vivienda del mismo modo que puede hacerlo en acciones de una empresa. Pero a estas alturas deberíamos saber que considerar la compra de vivienda como inversión no hace más que fomentar la especulación. Y cuando esta se produce sobre bienes afectos al ejercicio de derechos fundamentales tiene los funestos resultados que están a la vista de cualquiera.

Obviamente, las apelaciones a la neutralidad -la fiscal y la científica- son simples patrañas. Mantener un tipo reducido de IVA es un claro ejemplo de orientación directiva de las decisiones individuales. La sustitución de la imposición sobre las transmisiones de inmuebles por un IBI más elevado tiene el mismo objetivo de facilitar la compraventa de inmuebles, lo que -aquí los expertos citan al FMI- “favorecería la absorción del exceso de viviendas acumulado durante la crisis y disminuiría el coste de la recapitalización bancaria”. Se trata de impulsar la venta de las viviendas que están en manos de las entidades bancarias y también la entrada de nuevos inversores, como los “fondos buitre” que, recientemente, adquirieron una parte de las viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid.

Los perdedores de la reforma serían quienes tienen una vivienda en propiedad en la que residen, sobre los que recaería la imputación de renta en el IRPF y el futuro IBI, necesarios para que a los expertos les salgan las cuentas; y, por supuesto, quienes no tienen garantizado su derecho a la vivienda. El Informe Lagares no considera importante desincentivar que las viviendas permanezcan vacías ni ponerlas a disposición de todas aquellas personas en riesgo habitacional. Lo que pretenden los expertos es que las fuerzas del mercado actúen con total libertad, para que asignen los recursos con la eficacia que venimos observando en este país con tres millones de casas vacías y miles de familias sin una vivienda digna.