La segunda muerte de la Segunda República durante la Transición

La historia que ordinariamente corre sobre la transición española se ha fraguado desde la perspectiva del par de generaciones que la protagonizaron, las de quienes nacimos entre los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Resulta una historia autocomplaciente y autojustificativa, más proclive a legitimar lo dado que a averiguar lo ocurrido. Se entiende a sí misma al servicio de la convivencia cuando sirve al fraude y a la impunidad. Veamos las implicaciones de un acontecimiento que ni siquiera suele entrar en su campo de visión, el de la disolución de la República en plena transición.

Se produjo en el exilio, en París, mediante un sencillo comunicado suscrito por José Maldonado como Presidente de la República y Fernando Valera como Presidente de su Gobierno, el 21 de junio de 1977. Comienza reivindicando la legitimidad constitucional de la República, mantenida durante décadas, frente a la dictadura y, se sobrentiende, a la monarquía que le sucede. Prosigue refiriéndose a las elecciones generales celebradas en España seis días antes, en las que aprecia “numerosas taras”, “tanto por lo que se refiere al contenido de la ley” que regulara la consulta “como por el modo con el que se llevó a cabo”. Destaca “la incalificable discriminación” de los partidos netamente republicanos. Mas a pesar de tales “anomalías”, por la participación habida y el resultado nada halagüeño para la continuidad de la dictadura, el comunicado considera llegada la hora de la disolución de “las instituciones de la República en el exilio” no sin expresar finalmente su confianza de que ésta se recupere en un futuro.

Detrás de ese documento hay una historia de tanteos entre las autoridades de la República y el gobierno de la transición. Medió México, que nunca había reconocido a la dictadura franquista. Requería a España un final digno de la República con la recepción en Madrid de sus máximas autoridades para la resignación de sus títulos constitucionales. La contrapartida podía apreciarla el gobierno de la transición por el déficit evidente de legitimidad que padecía la Monarquía. España no tenía problemas de reconocimiento internacional, pues heredaba la conseguida a duras penas por la dictadura, pero se trataba ante todo de legitimidad interna. Y a una monarquía procedente directamente de dictadura de origen fascista tal tracto constitucional le convenía de cara a sectores relevantes de la entonces Comunidad Europea.

El gobierno de la transición posponía cualquier acuerdo con la República a la celebración de las elecciones, unas elecciones sobre las que efectivamente se reservaba un importante control mediante el mantenimiento de la estructura provincial y municipal de la dictadura, el manejo de mecanismos tan sensibles como el registro de los partidos y el procesamiento de los resultados electorales, a lo que se sumaba el acceso expedito a fuentes públicas y privadas de financiamiento para una opción apadrinada por el propio gobierno de transición así como, finalmente, un sistema electoral más favorable a la cooptación partidista que a la representación ciudadana. El asunto de la legitimidad histórica de la República se planteaba como algo, a lo más, equiparable al de la sucesión dinástica entre Juan de Borbón y su hijo Juan Carlos, algo solventable en una ceremonia recoleta sin relación con pronunciamientos democráticos de la ciudadanía. La cuestión era salir del trance de la sucesión de la dictadura sin convocatoria constituyente ni exigencias de garantías para la participación ciudadana.

Unos tres meses antes de las primeras elecciones generales, el 18 de marzo de 1977, se había celebrado una reunión entre el Presidente mexicano y su homólogo republicano español en la que se acordó la cancelación de las relaciones diplomáticas y la entrega formal de la embajada para que pudiera transferirse de manos mexicanas al gobierno de la transición. No hubo transferencia directa entre República y Monarquía. Tras las elecciones, por aquello de una legitimidad desvinculada de la dictadura que no se redujera a la dinástica, el gobierno español estaba aún interesado en alguna suerte de resignación de las autoridades republicanas sin necesidad de que lo fuese ante la Monarquía. Podría hacerse ante las Cortes recién elegidas siempre que fuere sin mucha alharaca. Ante los hechos consumados, las autoridades republicanas optaron por la disolución inmediata. De la negociación frustrada contaría algo al cabo del tiempo el mediador mexicano, Rodolfo Echeverría, hijo de exiliada republicana.

El gobierno de la transición había estado interesado en la resignación de cuatro autoridades republicanas: además de Maldonado y Valera, Jesús María Leizaola como Lehendakari y Josep Tarradellas como President de la Generalitat catalana. Sólo se prestó este último cuando, tras la disolución de la República, ya no era presidente de nada. Como si lo fuera, haciéndose cargo de una preautonomía sin nexo con la autonomía republicana, el 23 de octubre de 1977 Tarradellas lanzó su famosa crida en la Plaça de Sant Jaume: “Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí”. Toda la operación montada para la legitimación de la transición catalana mediante esa peculiar recuperación de la Generalitat, todo el silencio que cayó sobre el gesto de dignidad de las otras autoridades republicanas. Todo lo que en la historia de la transición se significa la sucesión dinástica entre padre e hijo borbones, todo lo que se ningunea la constitucional frustrada de República a Monarquía. Maldonado y Valera nunca estuvieron dispuestos a transmitir legitimidad sin un referéndum específico. Aunque la Constitución viniese luego a disimularlo con la fórmula de declarar a Juan Carlos de Borbón “legítimo heredero de la dinastía histórica”, el gobierno de la transición nunca estuvo a su vez dispuesto a ceder en el extremo de la sucesión directa entre dictadura y monarquía.

¡Qué otra imagen de la transición tendríamos, aun con todo lo demás igual, si Maldonado y Valera hubieran cedido! Habría venido a primer término la traslación de la legitimidad republicana a la monarquía constitucional, cuya cuestión ha desaparecido en cambio del mapa. Un hilo conector todavía existe no sólo por el eslabón averiado de Tarradellas, sino también porque la Constitución vino a reconocer los referéndums de iniciativa de las autonomías de Galicia, Euskadi y Catalunya celebrados durante la República. En el relato imperante, ¿quién reconoce este nexo de legitimidad republicana de esas autonomías actuales, las cuales traen así causa no sólo de la Constitución de 1978, sino también de la de 1931? El velo tupido que se tiende sobre las implicaciones constitucionales de la conexión fallida con la República cubre también el fleco no tan suelto de las autonomías de “nacionalidades” en expresión de la Constitución actual.

La pérdida del nexo constitucional con la República lo es también con el patrimonio humano del exilio y de las víctimas republicanas del interior. Tanto en la confección de la Constitución como en la política ulterior pesa la improvisación voluntariosa de cultura constitucional por quienes no teníamos prácticamente más mundo que el tardofranquista. En el ámbito cultural también hubo sus tarradellas. He ahí el caso significado, por ejemplo, de Francisco Ayala, quien, regresado del exilio, adoptó en el plano intelectual una posición entreguista mayor a la de Tarradellas en el político. También ha habido maldonados dignos en el medio cultural, pero sus nombres no figuran en el catón de la transición. Todo lo que tras ella se promociona en España a los ayalas, viejos y jóvenes, todo lo que se posterga a los auguafiestas.

En el terreno político, hay otras claves que recuperar entre las ilusiones de la transición y los desengaños de la historia. En dicho campo hubo un tarradellas superlativo en la izquierda cuyo nombre fue Santiago Carrillo, alguien dispuesto, entre múltiples concesiones, al desbalance del trueque entre condonación de responsabilidad personal en crímenes de guerra (véase El Holocausto Español de Paul Preston) e impunidad a bulto de toda la criminalidad política, militar y económica franquista. Súmese la metamorfosis del Partido Socialista Obrero Español escindido en 1974, con la fracción respaldada por una generosa socialdemocracia europea que, por mucho que se disimulase, ya tenía decidido patrocinar el mismo borrón y cuenta nueva en el terreno no sólo político, sino también económico. El ahogamiento del Partido Socialista Obrero Español genuino, el del exilio, fue complementariamente paralelo a la derrota segunda de la Segunda República. El otro es ahora pilar de una monarquía inconstitucional.

¿Hace falta que confronte la leyenda de la transición? ¿Le dije autocomplaciente y autojustificativa? Tal vez me quedé corto. Con algo que recapacitemos, ¿no resulta una historia profundamente manipulada ayer e irreflexivamente cacareada hoy?