Trabajo Garantizado: una propuesta necesaria y realizable

Los datos de la última Encuesta de Población Activa, relativos al primer trimestre de 2015, muestran un panorama desolador. En los tres primeros meses del año de la “recuperación” el número de personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo ha aumentado y la precarización de las asalariadas se extiende mientras también se reduce el número de las que realizan un trabajo autónomo. Según los datos recientemente conocidos, el empleo disminuye, particularmente entre las mujeres (se vuelve a abrir la brecha) y los jóvenes, la tasa de paro aumenta situándose en un gravísimo 23,4%, la temporalidad sigue siendo la más alta de la UE y continúa aumentando sin cesar. Como corolario de todo esto, la población activa se reduce mes tras mes, evidenciando que la emigración y el desánimo están impregnando el mercado de trabajo español.

Ante esta situación nos parece evidente que el tema central de cualquier propuesta política que persiga el bienestar de las mayorías sociales debe ser el Trabajo. El Trabajo (con mayúsculas) no se agota en el concepto “empleo”, ni mucho menos en las relaciones asalariadas precarizadas a las que los intereses empresariales nos abocan hoy en día. Al contrario, el Trabajo debe pensarse de manera amplia, entendiéndolo como la relación social que debe permitir a la mayoría de personas satisfacer sus necesidades vitales, trascendiendo la dinámica del aumento de la tasa de ganancia empresarial para enfocarlo a la consecución del bienestar social, a la superación de la discriminación sexual, a la regeneración de dinámicas de solidaridad, etc.

No se trata de un cambio terminológico ni de una reflexión anclada en el plano teórico, en absoluto. De hecho, el agotamiento del concepto de empleo actual puede evidenciarse con el fracaso de la clase empresarial para ser el actor que permita recuperar niveles de empleo compatibles con el bienestar social. No en vano la EPA nos dice que en el último trimestre el empleo privado se ha reducido en 143.500 personas, situándose en 14.498.100, mientras que el público ha caído en 29.200 personas.

Ante esta situación, es necesario avanzar hacia propuestas que, sin perder de vista el objetivo de generar puestos de trabajo (dignos), permitan a su vez una resignificación del Trabajo y la superación de la situación de precarización y devaluación de la prestación laboral, que afecta especialmente a mujeres y a jóvenes. En esta línea, la propuesta de Trabajo Garantizado (TG) aparece como particularmente interesante y tiene la virtud de romper esquemas y líneas rojas de una clase empresarial que, en connivencia con el poder público, se está beneficiando de esta situación de desastre social.

Las bases de la propuesta de Trabajo Garantizado han sido desarrolladas en el ámbito económico en artículos anteriores. Con ella se traslada al Estado la responsabilidad de garantizar un trabajo digno a aquellas personas que no lo consiguen en el mercado de trabajo privado o público. Así, el primer objetivo de la propuesta es actuar como un freno de mano a la situación de emergencia y excepcionalidad social en la que se encuentran millones de personas. Evidentemente, la magnitud del problema es tal (hemos alcanzado la terrible cifra de 5.444.600 personas desempleadas) que este objetivo requerirá una puesta en marcha paulatina, fijándose el objetivo inicial de garantizar un millón de puestos de trabajo durante el primer año de su puesta en marcha. Ello comportaría, según los estudios económicos realizados al respecto, un gasto equivalente al 1% del PIB, lo que obliga no solo a replantear la fiscalidad sino también las ingentes sumas de dinero que reciben las empresas con la finalidad, jamás verificada, de crear empleo de calidad. El segundo objetivo, de similar importancia en el medio y largo plazo, es la potencialidad del TG para resignificar políticamente el Trabajo partiendo de la constatación de que frente a la escasez/inexistencia de empleo existe un trabajo socialmente necesario que se encuentra cada vez más desatendido. Como tercer objetivo, el TG busca recuperar el valor político que en sí mismo tiene el trabajo,  superando el concepto de empleo y dotándolo de un contenido social para caminar hacia un modelo productivo que tome a las personas como sus destinatarias y no los intereses económicos y financieros de las grandes corporaciones.

Naturalmente, para cumplir estos objetivos, la puesta en marcha de la propuesta debería realizarse junto con una serie de medidas orientadas a asegurar por un lado la dignificación del trabajo asalariado y, por otro, la expansión de los servicios públicos. Así, es necesario que el TG no se plantee como una alternativa actual a ninguna de estas dos ubicaciones del trabajo sino como un instrumento transitorio para la solución del problema del desempleo que además sirva como punta de lanza de la reconceptualización y redignificación del trabajo que venimos exigiendo.

El desarrollo de la propuesta en términos jurídico-laborales es un reto interesante. Se plantea una relación laboral con unas características muy determinadas, y por tanto con una modalidad contractual específicamente creada al efecto, cuyo contenido podemos resumir en las siguientes notas: una jornada de 35 horas, un salario fijado por una norma estatal al nivel del SMI, un porcentaje de la jornada del 25% destinada a la formación profesional y una duración de la relación laboral según las necesidades particulares de cada persona y su relación con otras relaciones de trabajo o prestaciones de seguridad social.

Hay diversos puntos de la plasmación de la propuesta de TG que deben ser tratados con especial atención y que tan sólo podemos dejar aquí apuntados para el debate. Por un lado es necesario detallar la articulación del ente u organismo que debe gestionar la ingente tarea de organizar el TG. A efectos de involucrar especialmente a los agentes locales, se podría plantear una regulación marco estatal con un desarrollo autonómico y una puesta en marcha fundamentalmente local. En esta puesta en marcha sería imprescindible la actuación de los servicios públicos de empleo y debería involucrarse a asociaciones, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos… creando consejos de participación que colaboraran con el desarrollo de la propuesta del TG.

Además de la regulación de los instrumentos para su puesta en marcha, es imprescindible reflexionar sobre los sectores donde se van a ubicar los trabajos que se ofertarán dentro del TG. En la misma selección de estos sectores reside una de las potencialidades de la propuesta: la visibilización de los trabajos “invisibles” asumidos habitualmente por las mujeres cuyo reconocimiento y prestación organizada y remunerada iría erosionando la tradicional división sexual del trabajo. De esta manera, frente a la actual falta de concreción de las políticas activas de empleo, el TG ofrecería como virtud una selección específica de actividades donde se pretende invertir socialmente, a través de fórmulas de participación ciudadana directa que permitan la detección de aquellas necesidades sociales más acuciantes. De este modo, el significado y valor político del trabajo se vería reforzado haciendo posible el cumplimiento del tercer objetivo que encierra el TG.

La propuesta cuenta ya con una elaboración teórica avanzada que permitiría su puesta en práctica, al menos de su primera fase, de una forma bastante inmediata. Somos conscientes de que más allá de lo acertado y avanzado de dicha elaboración teórica, existen dos factores que actúan a modo de resistencia. El primero tiene que ver con el entendimiento fetichista de que el modelo de relaciones laborales, tanto en el sector privado como en el sector público, continúa siendo una referencia a la que volver una vez superada esta etapa marcada por la crisis económica y financiera. El segundo de los factores se desenvuelve en torno a un sentimiento por el cual el trabajo, especialmente el asalariado, resulta ser un ámbito de intervención restringido exclusivamente al sujeto colectivo de representación de los trabajadores. Uno y otro factor han de ser cuestionados -ya lo están en la práctica-, abandonando ciertos dogmatismos que puedan estar impidiendo una representación política del Trabajo acorde con el momento actual. Un trabajo que, repetimos, debe tener como objetivo la consecución del bienestar para las mayorías sociales.

Los datos de la última Encuesta de Población Activa, relativos al primer trimestre de 2015, muestran un panorama desolador. En los tres primeros meses del año de la “recuperación” el número de personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo ha aumentado y la precarización de las asalariadas se extiende mientras también se reduce el número de las que realizan un trabajo autónomo. Según los datos recientemente conocidos, el empleo disminuye, particularmente entre las mujeres (se vuelve a abrir la brecha) y los jóvenes, la tasa de paro aumenta situándose en un gravísimo 23,4%, la temporalidad sigue siendo la más alta de la UE y continúa aumentando sin cesar. Como corolario de todo esto, la población activa se reduce mes tras mes, evidenciando que la emigración y el desánimo están impregnando el mercado de trabajo español.

Ante esta situación nos parece evidente que el tema central de cualquier propuesta política que persiga el bienestar de las mayorías sociales debe ser el Trabajo. El Trabajo (con mayúsculas) no se agota en el concepto “empleo”, ni mucho menos en las relaciones asalariadas precarizadas a las que los intereses empresariales nos abocan hoy en día. Al contrario, el Trabajo debe pensarse de manera amplia, entendiéndolo como la relación social que debe permitir a la mayoría de personas satisfacer sus necesidades vitales, trascendiendo la dinámica del aumento de la tasa de ganancia empresarial para enfocarlo a la consecución del bienestar social, a la superación de la discriminación sexual, a la regeneración de dinámicas de solidaridad, etc.