La universidad española: endogamia o exilio

En las últimas semanas hemos asistido a la publicación de una serie de artículos de prensa sobre la delicada situación que atraviesa la universidad en España. Las dificultades para realizar investigación de calidad, los pésimos puestos en los rankings internacionales de las universidades españolas y el clientelismo que caracteriza a éstas han sido temas recurrentes a la hora de describir el panorama actual. Lo que en ocasiones se pasa por alto es que estos tres factores están relacionados con la naturaleza profundamente endogámica de la universidad española.

Sin duda, uno de sus principales problemas reside en el sistema de contratación de profesores investigadores. Se trata de un modelo en el que las plazas se otorgan a los candidatos internos, en la gran mayoría de los casos. Para eliminar la competencia externa, el ‘padrino’ del candidato de la casa, normalmente un catedrático, elabora una descripción del puesto ofertado que encaje con la trayectoria profesional de su protegido. De este modo se asegura una buena puntuación para el candidato interno, quien es seleccionado para la fase de la entrevista ante el tribunal de oposición. De esto también se encarga el ‘padrino’, quien prepara el tribunal con profesores afines de su propia institución y de otras universidades, que, sabe, van a apoyar a su protegido. El organizador de la farsa, a su vez, se compromete a votar a los candidatos internos de los profesores invitados cuando se lo requieran en un futuro.

Así las cosas, a nadie debiera sorprender que un estudio del CSIC publicado en 2006 estimara que el 95% de los profesores que obtenían un puesto fijo en una universidad española ya trabajaba en ella antes de sacar la plaza. Es más, según ha calculado el propio Ministerio de Educación, el 73% del cuerpo docente de la universidad pública del curso 2013/14 hizo su doctorado en el centro en el que está contratado.

Este tipo de funcionamiento en las contrataciones, cercano al fraude de ley, es ampliamente conocido en la comunidad universitaria. Se trata de un sistema heredado del franquismo que ha perdurado prácticamente inamovible a lo largo de los años, pese a haber sido denunciado públicamente en numerosos artículos de prensa, libros y congresos de la “Plataforma contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública”. Este modelo de contratación de profesorado minusvalora la calidad de las investigaciones de los candidatos y fomenta la endogamia. Y la endogamia no sale gratis: existen varios estudios que muestran la correlación directa entre mayor endogamia universitaria y menor productividad científica.

Además, el sistema de contratación actual favorece el nepotismo. El escándalo de los ex-rectores de la Universidad Juan Carlos I, Pedro González-Trevijano y Rogelio Pérez-Bustamante, quienes han sido acusados de colocar a varios familiares como profesores y personal administrativo, es un ejemplo más de un modelo caracterizado por el abuso de poder y de los recursos públicos. González-Trevijano fue promovido por el Partido Popular a magistrado del Tribunal Constitucional en mayo de 2013.

Las políticas de socialistas y populares han tenido un impacto devastador en la universidad española desde el inicio de la crisis económica. Los ejecutivos del PSOE y, más aún, del PP han aplicado unos recortes tan agresivos que han provocado el desmantelamiento parcial de la investigación en España. Entre 2009 y 2013 el gasto real de inversión pública en I+D cayó un 45,7%cayó un 45,7%. De un modo complementario, el Gobierno de Mariano Rajoy impuso una tasa de reposición del 10% en las universidades españolas en el periodo 2012-2015. Esto quiere decir que por cada 10 profesores que se jubilan las universidades sólo han podido contratar a uno. Como en tantos otros sectores, las nuevas contrataciones en el ámbito universitario han venido marcadas por la precariedad y los bajos salarios. Más aún, no se ha llevado a cabo un intento por reemplazar a los profesores menos productivos, con prejubilaciones o bajas incentivadas, pero sí se ha despedido a cientos de investigadores de los escalafones más bajos y se ha suprimido el programa de formación postdoctoral en el extranjero de la Secretaría de Estado de Investigación.

Las repercusiones no se han hecho esperar: según atestigua un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo presentado en julio de 2014, “continúa la disminución ininterrumpida del peso que tienen los autores españoles (liderazgo) y cae el número de publicaciones entre el 10% de las más citadas a nivel mundial (excelencia)”.

Encontrar soluciones al problema de la endogamia parece complejo. Se requieren cambios estructurales que desincentiven la contratación de los candidatos de la casa y promuevan la internacionalización del sistema. Una medida que sin duda contribuiría a estos procesos sería primar con más recursos públicos a aquellos departamentos universitarios con mejores resultados en el campo de la investigación. Si se vinculara el dinero recibido de las administraciones públicas a la calidad de la investigación, como ocurre en las universidades británicas, se incentivaría la contratación de los mejores profesionales, en detrimento de los candidatos internos.

Sin embargo, las reiteradas demandas por parte de los colectivos de investigadores españoles para que se cree un sistema más internacionalizado, más flexible y menos endogámico han sido continuamente ignoradas por las élites políticas y universitarias. El caso del CSIC es paradigmático. El buque insignia de la ciencia española ha perdido 1892 empleados (casi el 15%) desde noviembre de 2011. Muchos de sus trabajadores firmaron recientemente un documento en el que se pedían reformas estructurales para evitar la fuga de cerebros y salvar la institución. Ante las demandas de cambio, el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, negó la mayor y declaró que la fuga de cerebros de España era una “leyenda urbana”.

Las declaraciones de Lora Tamayo encajan bien en una España en la que dirigentes políticos no ven coches de lujo en sus garajes, ni sobres con dinero negro en sus despachos; en la que los reyes del nepotismo son premiados con cargos en el altos tribunales; un país donde la emigración se vincula al espíritu aventurero de los jóvenes y el Director General de Política Universitaria pide a los estudiantes no hacer caso de los rankings de excelencia académica internacionales. Semejantes ejercicios de ceguera voluntaria muestran un profundo desprecio por la inteligencia de la ciudadanía. Son invidencias elegidas con las que ciertas élites perpetúan las miserias de un sistema de investigación universitario que está pidiendo a gritos profundas reformas estructurales y mayor inversión. Hasta que estos cambios no se lleven a cabo, todo parece indicar que las opciones para la mayoría de los investigadores españoles van a seguir siendo la endogamia o el exilio.