Asturias crea la Mesa contra la pobreza y la exclusión social para frenar las “crueles” políticas de ajuste de Rajoy

En 2001 el umbral de la pobreza en Asturias estaba en 15.911 euros en un hogar integrado por cuatro personas, ahora, en las mismas circunstancias, está en 11.664 euros anuales. La pobreza infantil, aunque los índices son mejores que la media nacional, aumenta y existe el riesgo que la situación se vuelva crónica.

Las políticas de ajuste del Gobierno central fuerza a las Comunidades Autónomas a aplicar los recortes diseñados por el PP, limitando las prestaciones por dependencia, imponiendo el copago sanitario y reduciendo los servicios a los ciudadanos. “Asturias ni sigue ni va a seguir ese camino”, asegura el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez.

De este análisis, parte el Gobierno de Asturias para crear la novedosa Agenda Social, un instrumento para blindar los servicios públicos, reforzar la cohesión social y afrontar los nuevos retos derivados de la crisis. “Las medidas de recortes se plantean de forma cruel para los ciudadanos y ante ello, el Principado ha reaccionado tapando agujeros en materia de política social”, explica la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz.

Uno de los mimbres de la Agenda Social es ‘la Mesa contra la pobreza y la exclusión social’; un compromiso visual que ha puesto en marcha el Gobierno autonómico, como medida esencial para conocer de primera mano los problemas reales que trasladan las diferentes plataformas que participan en ella. Unicef, Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, entre otras, serán la voz de la sociedad asturiana en la Mesa.

Javier Fernández, presidente del Gobierno asturiano, durante su intervención mostró su preocupación por las consecuencias que tienen los recortes, “que se aplican en nombre de la sacrosanta austeridad y que ponen en riesgo las prestaciones del Estado del bienestar”. Y aunque la situación se estabilice, deja “un futuro peor para los jóvenes” y una sociedad “con más precariedad laboral y social”.

Esta iniciativa está dentro de los objetivos que se ha impuesto el socialista Javier Fernández, para demostrar que hay otra forma de afrontar la crisis sin poner en riesgo la sociedad inclusiva. “El dinero es importante, pero también el compromiso político del Gobierno con ese modelo de sociedad. No debemos resignarnos al desmantelamiento de ese gran edificio europeo que es el Estado del bienestar”.

El presidente ha enumerado algunas de las acciones que ha puesto en marcha su Gobierno frente a las políticas de ajuste promulgadas por el Ejecutivo del PP. En Asturias no se aplican los copagos sanitarios y está asegurada la asistencia a inmigrantes irregulares y a los emigrantes; se mantiene el número de alumnos por profesor y no se han aumentado las tasas de la primera matrícula universitaria; en el presupuesto hay 68 millones de euros para el salario social; se destinan 25,8 millones de euros a los ayuntamientos para sostener las prestaciones sociales frente a los 854.000 euros que cofinancia el Gobierno central; se mantiene la ayuda a la justicia gratuita y están en marcha dos nuevos hospitales.

Ahora, la Mesa contra la Pobreza es el observatorio para detectar las situaciones que provocan la crisis y los recortes, y plantear una respuesta a los nuevos retos que se presentan. Las organizaciones que representan al tercer sector, también participan en la elaboración del Plan de Inclusión Social, que contempla cuatro ejes de actuación: empleo, prestaciones, cobertura para grupos vulnerables y acceso a los servicios básicos.

En 2001 el umbral de la pobreza en Asturias estaba en 15.911 euros en un hogar integrado por cuatro personas, ahora, en las mismas circunstancias, está en 11.664 euros anuales. La pobreza infantil, aunque los índices son mejores que la media nacional, aumenta y existe el riesgo que la situación se vuelva crónica.

Las políticas de ajuste del Gobierno central fuerza a las Comunidades Autónomas a aplicar los recortes diseñados por el PP, limitando las prestaciones por dependencia, imponiendo el copago sanitario y reduciendo los servicios a los ciudadanos. “Asturias ni sigue ni va a seguir ese camino”, asegura el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez.