Asturias cesará a altos cargos que oculten ilegalidades y acepten regalos

Los altos cargos del Principado estarán obligados por ley a poner en conocimiento de la Justicia cualquier incumplimiento de la legalidad vigente que llegue a su conocimiento. En el caso de que amparen o silencien actos ilegales, serán destituidos, sancionados con un periodo de inhabilitación de cinco a diez años para ocupar otro cargo público y privados de la indemnización.

Así figura en el anteproyecto de Ley de Buen Gobierno,aprobado por el Consejo de Gobierno, y que, a juicio del portavoz del ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, será, junto con la ley de Transparencia, “clave para asegurar la calidad democrática”.

El anteproyecto, además de definir lo que se considera alto cargo, incluye un catálogo de infracciones, que amplía las que recoge la norma estatal. Además del cese, se contempla la pérdida de la indemnización por sanciones graves y muy graves. En caso de un supuesto delito será la justicia penal la que asuma el procedimiento y cuando se aprecie responsabilidad contable, se comunicará a la Junta General y se informará a la Sindicatura de Cuentas.

La entrada en vigor de ambas normativas representa para el Gobierno autónomo la homologación de Asturias “a cualquier democracia avanzada” al dotarse de normas que “van más allá de la legislación estatal, tanto en el ámbito de la transparencia como en la modernización del régimen de incompatibilidades”, señala Guillermo Martínez.

Javier Fernández, que ha presidido su primer Consejo de Gobierno tras su intervención por una angina de pecho, y su equipo no escapan a la realidad que reflejan los sondeos acerca del descontento generalizado con la política y con los políticos. “La gestión de la crisis y la corrupción son dos posibles causas y debemos empeñarnos en recuperar la confianza en las instituciones y una de las mejores maneras es tener los bolsillos de cristal”, asegura.

Asturias, con la normativa sobre el Buen Gobierno, se une a las comunidades que ya han legislado sobre esta cuestión y que hasta el momento sólo son La Rioja, Baleares y Extremadura.

El anteproyecto asturiano, que espera que pase el filtro del Parlamento, no entra a regular el gran debate abierto sobre si un alto cargo imputado en una causa judicial debe o no debe dimitir, ya que, a juicio del Gobierno, es “una cuestión en la que cada partido tiene su propio umbral”, dice Martínez. Es un tema delicado que deja en manos de las fuerzas políticas.

El anteproyecto profundiza más en la no aceptación de regalos “más allá de los usos o costumbres sociales” y en la presentación de una declaración de causas de posibles incompatibilidades, acompañada de otra que pueda generar cualquier tipo de ingresos y una tercera de bienes y derechos patrimoniales.

Estas obligaciones afectarán a los miembros del Gobierno así como a las viceconsejerías, secretarías generales técnicas y directores generales, así como a los jefes de gabinete. También se incluyen las secretarías generales técnicas y los titulares de presidencias, gerencias, entes públicos y fundaciones. En el caso de sus cónyuges, será voluntaria.

En cuanto al régimen de incompatibilidades, el anteproyecto impide a un alto cargo tener por sí mismo o a través de su pareja una participación superior al diez por ciento en empresas que tengan contratos con el Principado o reciban algún tipo de subvención.

Además, no podrán pertenecer a más de dos consejos de administración, salvo autorización del Consejo de Gobierno, y percibir retribución salvo las indemnizaciones que correspondan legalmente y que no excedan el 30 por ciento de la remuneración anual que perciban por su condición de alto cargo.

Los altos cargos del Principado estarán obligados por ley a poner en conocimiento de la Justicia cualquier incumplimiento de la legalidad vigente que llegue a su conocimiento. En el caso de que amparen o silencien actos ilegales, serán destituidos, sancionados con un periodo de inhabilitación de cinco a diez años para ocupar otro cargo público y privados de la indemnización.

Así figura en el anteproyecto de Ley de Buen Gobierno,aprobado por el Consejo de Gobierno, y que, a juicio del portavoz del ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, será, junto con la ley de Transparencia, “clave para asegurar la calidad democrática”.