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OPINIÓN | Aldama, bomba de racimo, por Antón Losada

El parlamento asturiano investigará los sobrecostes en la ampliación del puerto de Gijón

Las comisiones de investigación se acumulan en el parlamento asturiano. A la del 'caso Villa', sobre los 1,4 millones de euros que regularizó el exsindicalista José Ángel Fernández Villa se une la de los sobrecostes de la obra de ampliación del puerto de Gijón, El Musel. La iniciativa del Partido Popular ha sorprendido al resto de los grupos parlamentarios, que, sin dudarlo, respaldaron por unanimidad la propuesta.

El PP ha justificado la necesidad de esta comisión de investigación en la petición de la Comisión Europea de reclamar a España la devolución de los 198 millones de euros de los fondos de cohesión y cancelar los 49,5 aún pendientes, tal y como recomienda el informe de la Oficina de la Lucha Anticorrupción (OLAF) de la UE tras detectar supuestas irregularidades y fraudes en la contratación y ejecución de la obra.

“Por una gestión calamitosa se puede perder una ingente cantidad de fondos europeos”, dice el diputado popular encargado de la propuesta. Con esta iniciativa, los populares quieren colocar la pelota en el tejado de los socialistas, que consideran que es un asunto del Gobierno central, quien debe argumentar la defensa del puerto de Gijón ante las instituciones europeas.

“No vamos a consentir que culpen al actual Gobierno de España”, esgrime el diputado popular, que acusa al Gobierno de Javier Fernández de “deslealtad institucional”.

En la carta de la Comisión Europea al Ministerio de Hacienda, se responsabiliza al Ejecutivo de Rajoy de “inacción ante el informe OLAF” con el fin de que prescriba el tema. El Gobierno asturiano ha recurrido a este argumento para responsabilizar a Madrid de “aparentar defender con firmeza los intereses del puerto, cuando lo que en realidad se puede estar haciendo es una defensa de pacotilla”.

Las acusaciones mutuas entre PSOE y PP han terminado en una comisión de investigación parlamentaria que, a juicio de IU, quedará coja si sólo comparecen las personas nombradas por el Gobierno de Asturias y no otras con responsabilidades directas en la Autoridad Portuaria.

La coalición va a exigir “responsabilidad y transparencia” para clarificar una obra que “está viciada desde el minuto uno porque fallaron los mecanismos de control desde el principio”, asegura su portavoz.

La iniciativa del PP ha causado cierta confusión al adelantarse a Foro, que ya tiene regristrado en la cámara autonómica solicitar una comisión de investigación sobre la gestión del puerto asturiano. “Vamos a tener dos comisiones sobre lo mismo”, se pregunta el portavoz socialista, que le dice al diputado del PP que “una mala persona puede ser cualquier cosa menos una buena persona”.

Por su parte, Ciudadanos por Asturias ha presentado una denuncia contra los responsables de UTE Dique Torres, adjudicataria de la obra, el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, el ex director del puerto, José Luis Díaz Rato, y a todos los ex consejeros responsables desde 2005 hasta el 2011.

En la demanda se cita como testigo al ex presidente asturiano Vicente Álvarez Areces para conocer si estaba en el consejo de adjudicación de la obra y que hacía en él sin ser miembro.

Las comisiones de investigación se acumulan en el parlamento asturiano. A la del 'caso Villa', sobre los 1,4 millones de euros que regularizó el exsindicalista José Ángel Fernández Villa se une la de los sobrecostes de la obra de ampliación del puerto de Gijón, El Musel. La iniciativa del Partido Popular ha sorprendido al resto de los grupos parlamentarios, que, sin dudarlo, respaldaron por unanimidad la propuesta.

El PP ha justificado la necesidad de esta comisión de investigación en la petición de la Comisión Europea de reclamar a España la devolución de los 198 millones de euros de los fondos de cohesión y cancelar los 49,5 aún pendientes, tal y como recomienda el informe de la Oficina de la Lucha Anticorrupción (OLAF) de la UE tras detectar supuestas irregularidades y fraudes en la contratación y ejecución de la obra.