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Asturias, pendiente del Constitucional para cobrar 30 millones de euros del impuesto a la banca
Treinta millones de euros de la recaudación de 2013 del impuesto a la banca en Asturias están pendientes de la resolución del Tribunal Constitucional. El Gobierno del Principado confía “en ganar la batalla” al recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra el tributo autonómico, porque “la verdad nos asiste”, asegura el consejero de la Presidencia y Portavoz, Guillermo Martínez.
La intención del Ejecutivo es cobrar de forma íntegra el impuesto a la banca de 35,7 millones, de los que ya ha recaudado 4,9, una vez se aclare todo el embrollo que lo rodea. El veto se inicia cuando en el Ministerio de Hacienda salta la alarma, al ver que comunidades como Cataluña, Asturias y Valencia toman la decisión de aplicar este tributo vigente ya en Extremadura, Andalucía y Canarias.
Para evitar el avance, el Gobierno central activa un gravamen estatal, de tipo cero, con la intención de bloquear la recaudación por parte de las Comunidades Autónomas. Las entidades financieras aprovechan el cruce de demandas y solicitan por la vía contencioso-administrativa la suspensión para no pagar el impuesto, a la espera de la sentencia del Constitucional, aunque, en el caso de Asturias, sí presentan los avales correspondientes.
El Ejecutivo asturiano apunta al equipo de Mariano Rajoy de la paralización del cobro y de impedir con esta maniobra que Asturias cuente con ese dinero, que destinaría a políticas de empleo, sanidad y servicios sociales. Desde el Ministerio llegan informaciones de un cambio de actitud para ceder a las autonomías el impuesto. Pero el Principado asegura que “no tenemos constancia de que el Gobierno de España haya retirado el veto del Constitucional para desarrollar este impuesto en Asturias”, dice Martínez.
La idea de Montoro es que la regulación de este tributo quede recogida en la reforma fiscal, paso previo a la revisión de la financiación autonómica. De esta forma, será el Gobierno quien marque los límites del impuesto antes de cedérselo a las Comunidades.
La actitud de espera que mantiene el Principado ha encendido los ánimos de Izquierda Unida, impulsora del mismo cuando se llevaba bien con el socialista Javier Fernández, que reclama mano dura al Ejecutivo. Le acusa de aplicar tácticas dilatorias, de pasividad y de permanecer de brazos cruzados ante la actuación de los bancos.
“Es lamentable que un ciudadano tenga que pagar en tiempo y forma o, de lo contario, hacerse cargo de los intereses de demora, apremios y embargos, y ahora los bancos pretenden irse de rositas con nada menos que treinta millones de euros”, dice Ángel González, portavoz de la coalición en la Junta General del Principado.
El Gobierno asturiano se defiende de las críticas que vierte su ex socio y asegura que “nadie puede poner en duda la batalla política y jurídica que estamos realizando”, dice Guillermo Martíneze. “Se ha visto nuestra voluntad política a la hora de poner en marcha el impuesto y en la gestión inmediata. Ninguna otra Comunidad Autónoma ha reclamado esa cantidad a los bancos ni ha ido tan lejos como el Principado”, añade.
La confianza del Ejecutivo autonómico en ganar esta batalla al Gobierno central llega tras conocer la sentencia favorable del Constitucional al impuesto autonómico a las grandes superficies, por el que recaudará más de siete millones de euros.
Treinta millones de euros de la recaudación de 2013 del impuesto a la banca en Asturias están pendientes de la resolución del Tribunal Constitucional. El Gobierno del Principado confía “en ganar la batalla” al recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra el tributo autonómico, porque “la verdad nos asiste”, asegura el consejero de la Presidencia y Portavoz, Guillermo Martínez.
La intención del Ejecutivo es cobrar de forma íntegra el impuesto a la banca de 35,7 millones, de los que ya ha recaudado 4,9, una vez se aclare todo el embrollo que lo rodea. El veto se inicia cuando en el Ministerio de Hacienda salta la alarma, al ver que comunidades como Cataluña, Asturias y Valencia toman la decisión de aplicar este tributo vigente ya en Extremadura, Andalucía y Canarias.