El Gobierno ya se ha comprometido con ERC a dotar el fondo de la ley del Cine para la producción en catalán, financiar el doblaje y garantizar que las plataformas introducen tanto las versiones dobladas como los subtítulos cuando existan. Este ha sido el acuerdo que ha permitido desencallar los Presupuestos Generales del Estado, frente a la petición inicial de obligar a los servicios de streaming a ofrecer un porcentaje de producción catalana en su catálogo. Sin embargo, la nueva Ley Audiovisual es mucho más que la disputa entre el partido independentista y el Ejecutivo.
La norma tiene como objetivo adaptar la legislación a la realidad de un mercado definido por nuevos hábitos de consumo que, a su vez, están ligados a la aparición de un cada vez mayor número de plataformas de televisión bajo demanda, es decir, Netflix, HBO Max, Disney+ o Movistar+, entre otras. La anterior regulación es del año 2009, pero desde entonces han aparecido nuevas empresas tecnológicas que han modificado el consumo masivo del audiovisual y, por tanto, la ley se había quedado desfasada.
De esta manera, se establecen cuotas de obras europeas y españolas en los catálogos, la obligatoriedad de destinar parte de los ingresos a nuevas producciones o requisitos para proteger a los menores, la diversidad de género o raza. Todo ello, además, enmarcado en la creación de un hub audiovisual, todavía poco definido, que pretender convertir a España en lugar de destino para empresas interesadas en producir contenido.
Pero, exactamente, ¿cuánto destina el Gobierno a financiar la producción audiovisual? El Ministerio de Cultura remite a las memorias de ayudas a la cinematografía recogidas cada año. Estas solo se refieren al cine porque, según detalla, las series de televisión no cuentan con ayuda específica del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
De esta forma, si se recopila el presupuesto total concedido a las distintas líneas de ayuda, se obtiene que, de los últimos años, 2018 es el periodo más generoso, con casi 112 millones de euros. Por el contrario el peor es 2013, con 36,9 millones de euros durante el mandato de Mariano Rajoy y en plena crisis financiera. Fue solo un año después de que los populares subieran el IVA del cine del 8% al 21%.
En lo que se refiere a este ejercicio, el de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, las ayudas que recibe el cine español se mantienen estáticas en 70 millones, la misma cantidad que el PP reservó para 2017 y que decepcionó al sector. “No nos hemos centrado en la producción, sino en otras cuestiones que nos parecen igualmente relevantes. Por ejemplo, todo el dinero del bono cultural que está en el cine no está detallado en el presupuesto, porque yo no sé qué parte de este bono va a acabar en el cine. Pongamos que un 20%, que son 40 millones de euros más”, explicó hace unos meses el ministro de Cultura, Miquel Iceta, al ser preguntado sobre ello por este periódico en rueda de prensa.
Detrás de la gran cifra anual de las ayudas al cine se encuentran diferentes partidas que van cambiando según el signo del Gobierno y a veces incluso de un año para otro. Por ejemplo, en 2014 y 2013 decidieron agrupar las ayudas a la producción de cortometrajes en solo una partida, cuando lo normal es que esté en dos: a las piezas realizadas y a las que están sobre proyecto. Debido a ello no resulta fácil la comparación entre periodos, ya que los malabares con las partidas también están determinados por la situación del momento.
Por ejemplo, en la memoria de ayudas de 2020 se puede encontrar un apartado destinado a las salas de exhibición como consecuencia de la crisis de la COVID-19 que asciende a los 13 millones de euros, abarcando casi un 20% del presupuesto. También hay casos en los que las partidas desaparecen: en 2018 dejó de existir la de Amortización de largometrajes, destinada a sufragar una parte de los costes de determinadas producciones durante los 12 primeros meses de exhibición. ¿Pero por qué?
Su explicación es la aprobación del Real Decreto que modificaba la Ley del Cine de 2007, que establecía que “las ayudas generales para la producción de largometrajes irán sustituyendo progresivamente a las ayudas a la amortización de largometrajes”. La razón es el conocido como 'fraude del taquillazo', adelantado por El País. Una investigación interna del Ministerio de Cultura destapó la connivencia entre productores y salas para falsear los datos de recaudación y así acceder a las ayudas.
En lo que se refiere a la producción independiente, las ayudas están agrupadas en tres líneas: ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyectos, ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto y ayudas a la producción de cortometrajes realizados. Estas tres partidas, según se puede comprobar, mantienen una línea ascendente a partir de 2017 y en la última memoria, la de 2020, juntas suman casi 13 millones de euros.
No obstante, según explica a este periódico el ICAA, las empresas independientes también se pueden beneficiar de la mayor línea de dotación, la de ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto, ya que las grandes productoras tienen la obligación de coproducir proyectos con ellas porque su titularidad sobre estos no puede ser superior al 60%. En la última memoria disponible, de hecho, se puede comprobar cómo esta partida sirvió para financiar 70 filmes, en su mayoría con una dotación de 1,2 millones de euros. Entre ellos se encuentran títulos conocidos, tales como Maixabel o Tadeo Jones 3, u otros algo más de nicho, como Mamá está en Tinder o Un novio para mi mujer.
En estas memorias de ayudas no existe un apartado dedicado a las producciones en lenguas cooficiales. Preguntado por ello, el Ministerio de Cultura apunta que estas pueden acogerse a las consideradas como “obras audiovisuales difíciles”, una medida de incentivos aprobadas hace un año en el Consejo de Ministros para favorecer una mayor diversidad en las producciones. En el caso de una película proyectada en España y rodada en euskera o catalán, por ejemplo, se reciben incentivos de hasta el 80% del coste reconocido.
Queda esperar, por tanto, a ver cómo la nueva Ley Audiovisual entronca con un entorno de producción nacional que desde hace años demanda una serie de mejoras que, especialmente tras la pandemia de la COVID-19, se han visto agravadas.