Hace apenas una semana, una investigación de El País recogió testimonios de un numeroso grupo de mujeres, profesionales del mundo del cine y la televisión, sobre el director cinematográfico Eduard Cortes, autor de la serie de Netflix Ni una más y de Merlí en TV3, pero también de trabajos cinematogràficos como La vida de nadie (2002), The Pelayos (2011) o Ingrid (2009), una película que narra la relación de una artista autodestructiva con diversos ambientes artísticos que usan las redes sociales como plataforma creativa.
Precisamente es al casting para esta última película al que aluden algunos de los testimonios de presuntos abusos de poder por parte de Cortés recogidos en la prensa. Fotógrafas como Silvia Grav, artistas como Eva Fàbregas o las actrices Sofía Barco, Norah Alexandra Vega y Nicole León, entre otras, aseguran que Cortés se benefició en su día de su posición en la industria al proponerles trabajo, sobre todo en esta producción en el transcurso de conversaciones con contenido íntimo y alejado de lo profesional.
Ahora, tras las reacciones del sector a la polvareda que levantó su denuncia pública contra el creador, las 27 ―que afirman ser en total 52― han emitido un comunicado y un vídeo en el que dicen querer poner de manifiesto que la sociedad no está preparada “para afrontar ciertos debates a muchos niveles”.
Las “grietas” del sistema legal
Las denunciantes que, según relatan en la citada investigación de El País, sufrieron la falta de apoyo y medios económicos por parte de las instituciones del cine para llevar sus denuncias al campo penal, quieren expresar en el comunicado su “agradecimiento por el apoyo recibido”. No obstante, seguidamente subrayan la intención de “señalar las grietas” que han visto “en la sociedad, en la industria, y en el sistema legal”.
“Para empezar, los protocolos dentro de las industrias y academias deben ir más allá de la creación de comisiones, libros blancos, días especiales, premios, y mesas redondas”, dicen. Por otro lado, señalan que “las investigaciones deben realizarse sin importar el estatus de afiliación” en referencia a que a la Academia Catalana de Cinema se ve obligada a cerrar la investigación cuando él se da de baja como académico. Recalcan que “el abuso no debería depender del rango del agresor”.
El comunicado prosigue valorando que “la sociedad también tiene que entender por qué muchas denuncias no se hacen a través de la policía”. Y seguidamente explica los motivos: “Los crímenes prescriben [antes de que la víctima esté preparada para denunciar], ocurren en la intimidad, o no siempre dejan pruebas físicas”.
Denunciar es caro
“Además”, agrega, “el abuso de poder es difícilmente punible si no hay un contrato firmado”. En este caso, según se relata, Cortés habría disfrazado su abuso de pruebas para casting. “Estas limitaciones legales dejan a las víctimas en una posición de indefensión que no se debería tolerar”, dice el comunicado.
Según relataron en la citada investigación, a muchas de las víctimas les fue imposible acudir a la vía penal por los costes que implica iniciar un proceso y para los cuales no dispusieron de ningún tipo de ayuda económica. “Denunciar es caro”, apostilla el comunicado de las 27. “Las víctimas enfrentan altos costos emocionales, legales, de revictimización, y económicos al intentar defenderse”, prosigue.
“La justicia gratuita y los abogados de oficio exigen unos parámetros muy difíciles de cumplir, o que simplemente no encajan en nuestro caso”, explica. A continuación concluye: “El Código Penal está obsoleto y necesita actualizarse para que los abusos de poder en entornos laborales sean castigados de manera efectiva, tal como en el pasado se reformaron las leyes para adaptarlas a la realidad y al conocimiento que hoy tenemos sobre la familia, el trabajo y los derechos humanos”.
Justicia gratuita
Las 27 también proponen medidas para evitar que, como les ha ocurrido a ellas, las academias y otras instituciones devengan totalmente inoperativas ante un caso de este tipo: “Para poder ayudar a todas las víctimas, es urgente retomar iniciativas que quedaron paralizadas, como la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley 1/1996), cuyo plazo venció en octubre de 2023 y que el Gobierno aún no ha completado”.
Aseguran que “esta reforma es clave para garantizar que las víctimas puedan acceder a recursos legales adecuados y no queden desprotegidas frente a las barreras económicas”. Y no obstante reclamar las citadas reformas, reivindican que “las denuncias públicas también son denuncias” y “en muchos casos, son la única manera de romper el silencio, evidenciar un patrón, y generar la catarsis necesaria para cuestionar y cambiar aquello que no funciona”. “Se ha demostrado que nuestro abuso no es un hecho aislado, sino una consecuencia de un sistema que lo permite”, remacha el escrito.