El sector del cine y los gobiernos del PSOE han tenido, casi siempre, un buen entendimiento, y así fue también el primer año de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno tras la moción de censura de 2018. Después de unos días convulsos por la elección de Máximo Huerta y su posterior dimisión, llegaba a la cartera de Cultura, José Guirao, gestor Cultural con experiencia que conquistó al sector en pocos meses y puso en marcha reformas importantes para las industrias culturales. Incomprensiblemente, tras las elecciones de un año después, Sánchez le sustituiría por José Manuel Rodríguez Uribes, que ya se encontró su primer enfrentamiento por la pandemia.
En julio de 2021 llegaba a Cultura, para revertir una situación tirante entre el Ministro y la industria, Miquel Iceta. Afable, dispuesto a escuchar y bregado en decenas de batallas políticas. Su talante fue de agrado de todos, pero pronto se encontró con una batalla que desde su cartera se dejó perder: la Ley Audiovisual. Una ley que se tramitaba desde el Ministerio de Economía, pero que afectaba de forma fundamental al mundo del cine. Dicha ley establecía la obligación de producción audiovisual a las plataformas, tal cual lo hacían hasta ahora solo las televisiones. Una demanda a la que España iba tarde -es una transposición de una ley europea que llevaba tiempo arrastrándose- y que igualaba a los prestadores de servicios. Si Telecinco o Antena 3 estaban obligadas a hacer películas, Netflix y HBO debían estarlo.
Lo que parecía una conquista para el sector del cine se convirtió rápidamente en una derrota cuando el Gobierno cambió, en el último momento, la definición de productor independiente favoreciendo a las plataformas y los grandes grupos de comunicación en detrimento de los verdaderos productores independientes. Con esa definición, la productora de Atresmedia Cine -Buendía-, o de Mediaset -Telecinco Cinema- eran consideradas como independientes cuando hicieran un trabajo para Netflix u otra plataforma. Un ‘truco’ ante el que todo el sector se opuso. Se rompía el buen entendimiento del cine con el gobierno. La unanimidad produjo manifestaciones y discursos ante una ley que ponía en peligro la creación de cine español en, irónicamente, el gran año del cine español.
Iceta tranquilizaba a todos anunciando que en la futura Ley del Cine la definición de productor independiente sería la que demandaban y que el texto sería aprobado antes de final de año. Era otra ley fundamental, ya que una Ley del Cine rige las ayudas de los años siguientes, y si se perpetuaba la definición de producción independiente que se creó para la Ley Audiovisual, el sector hubiera quedado muy tocado. La promesa de Iceta se ha cumplido. La Ley del Cine ha sido aprobada antes de final de año por el Consejo de Ministros que solicita su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia y, según el Ministerio de Cultura, ha defendido la definición que el sector quería y que mantiene la que estaba en el anterior texto de 2007. Una Ley que también sirve para hacer las paces de cara a un año en el que las elecciones están ya a la vuelta de la esquina.
La Ley, que pasa a llamarse Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, “busca apoyar y fomentar la diversidad cultural, esencial para un ecosistema audiovisual rico, diferenciado y competitivo de forma global”. “En este sentido, el proyecto de Ley destaca por su compromiso con los sectores independientes y la autonomía creativa, y mantiene la definición de productora independiente reclamada por el sector. La definición aplica a las medidas de fomento del audiovisual que recoge el texto, que asimismo hace hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará mayoritariamente a productoras independientes, y no a las obligaciones recogidas en la Ley de Comunicación Audiovisual”, dice el comunicado del Ministerio de Cultura. Un texto, que según fuentes de la institución, nace tras dos rondas de reuniones con sector desde la presentación del anteproyecto y de cuyas aportaciones ha salido “enriquecido”.
El proyecto de Ley destaca por su compromiso con los sectores independientes y la autonomía creativa, y mantiene la definición de productora independiente reclamada por el sector
“De forma general, el proyecto de Ley subraya la necesidad de ayudas públicas capaces de impulsar todos los aspectos del audiovisual. Se considera necesario apoyar todas las fases de creación y promoción de un proyecto (escritura, desarrollo, pre-producción, distribución…), así como se incide en apoyar también la exhibición; la internacionalización; la organización de festivales, premios, mercados y eventos profesionales; los proyectos de investigación, alfabetización cinematográfica y audiovisual y creación de audiencias; las actividades de formación; los nuevos formatos, nuevas tecnologías y actividades de I+D+i; o la conservación del patrimonio”, añade la nota.
Una de las preocupaciones del sector es si la existencia de dos definiciones de producción independiente iban a provocar choques y fricciones en algún ámbito. Desde Cultura lo descartan y señalan que, hasta ahora, también ha habido dos definiciones y no ha habido ningún conflicto ni incompatibilidad, además aseguran que han estudiado si podía provocar algún punto de conflicto y no han encontrado ninguno.
Las claves de la Ley del Cine
Uno de los principales cambios que recoge esta Ley del Cine y que ya se anunció cuando se aprobó el anteproyecto es que, por primera vez, recoge a las series. De ahí ese cambio en la denominación de la Ley. Ahora, el texto se abre a otras obras audiovisuales “que no estén destinadas en primer término a ser exhibidas” en salas de cine. Las series, documentales y demás formatos podrán optar a las subvenciones por primera vez. También las plataformas -que deberán aportar con transparencia sus datos de visionados-. Un cambio que el gremio de productores ha celebrado, puesto que muchos de ellos colaboraban en proyectos para el streaming y la televisión.
Este cambio abre, también, muchas incógnitas. ¿Cómo convivirán las ayudas al cine y las series, cuáles serán los criterios? De momento, desde Cultura lo que aseguran es que “la Ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series”.
En este sentido, desde Cultura apuntan a que las series tendrán su línea específica así como su órgano colegiado junto al que trabajarán para instaurarla. Eso sí, subrayan de nuevo que el porcentaje mayoritario será para el cine y que las series que se apoyen serán las que lo necesiten, ya que la idea es “llegar donde no llegue el mercado” y apoyar aquellas producciones que necesitan un apoyo extra.
Según la Ley “se prestará atención a la exhibición cinematográfica con ayudas a la exhibición a la que podrán acceder todas las salas, aunque se mantendrá la especial atención a las salas independientes o de núcleos rurales”. El proyecto de Ley presta, además, especial cuidado a la igualdad real entre hombres y mujeres, a través de reservas específicas en las dotaciones de las distintas líneas de ayudas como ya se ha venido implantando en los últimos años con excelentes resultados. Hasta ahora, se reservaba un 35% de la dotación de ayudas a producción para mujeres a través de las órdenes de ayudas, pero ahora eso será “una obligación recogida en la Ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción”. No todo son aumentos, la cuota de pantalla que los cines deben reservar a cine nacional y europeo pasa de un 25% a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres, por lo que deja más margen para el cine de Hollywood.
Otro de los cambios demandados y deseados de la nueva Ley del Cine es la inclusión del Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico como Patrimonio Histórico Español y de la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC). En este sentido se contempla “la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual”. Sus beneficiarios “deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio”.
Por último, tal como estaba en el anteproyecto, se recoge la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura audiovisual, y se da un “plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley” para ponerlo en marcha. Estará “compuesto por representantes de asociaciones y organizaciones de los sectores, de la administración estatal, autonómica y local, y vocales de reconocido prestigio y abordará cuestiones de políticas públicas, alfabetización audiovisual o patrimonio, entre otras. Entre sus funciones, se añaden en este proyecto de Ley las de impulsar mecanismos de conciliación, mediación y arbitraje para la propuesta de acuerdos y solución de controversias”.