La escritora y activista Trifonia Melibea Obono fue detenida por la policía de Guinea Ecuatorial el sábado 19 de agosto a las cuatro de la tarde en Malabo, pero nadie se dio cuenta de ello. La ingresaron en la sede del Ministerio de Seguridad, un sitio con tan pocas garantías que allí todo el mundo la llama Guantánamo.
Obono visita España con frecuencia, pues es investigadora del equipo del Centro de Estudios Afro-Hispánicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, realizó su formación universitaria en España: tras cursar el doble grado de Ciencias Políticas y Periodismo, cursó un máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en la Universidad de Murcia. Más allá de su dedicación a la escritura, es también una notoria activista feminista y queer. En una entrevista con elDiario.es el pasado mes de abril, reconocía los problemas que sufría tanto en el ámbito internacional “al no reproducir los estereotipos que se esperan de una persona negra”, como en Guinea Ecuatorial: “Allí no se puede hablar de temática LGTBIQ+ porque consideran que eso es algo 'de los blancos'. Y el feminismo también. Es estructural”, afirmó.
La policía le retiró el móvil y no le permitió avisar a nadie de su detención, tampoco a su abogado. No fue hasta el domingo por la tarde, inquietos sus amigos y su hermana al no contestar los mensajes, que supieron que algo malo había sucedido. Finalmente, la escritora consiguió comunicarse con el exterior pero fue únicamente gracias a que precisaba de una medicación. Así, le permitieron llamar a su hermana pequeña para que se la llevara. En ese momento, se extendió la voz de alarma.
Nadie pudo ir a verla, no tenía autorización para visitas. Tampoco el Gobierno informó del porqué se la había detenido. Gonzalo Abaha, miembro de la oenegé Somos Parte del Mundo, de la que Trifonia Melibea Obono forma parte, se dedicó a llamar a organizaciones y embajadas en busca de ayuda. Fue él quien telefoneó a su abogado.
“Es muy habitual en Guinea que haya detenciones en un barrio o una carretera sin explicación concreta de por qué sucede. No tienes derecho a solicitar un abogado ni ponerte en comunicación con tu familia”, explica Abaha en comunicación telefónica con elDiario.es desde Malabo. “Se quedan allí incomunicados hasta que el jefe superior decide que te dejen. En Guantánamo se tortura a la gente y se viola a mujeres. Así es Guinea, un país de atropellos”.
El rápido movimiento de Abaha causó efecto, y organizaciones españolas como la Fundación Pedro Zerolo o Acción Triángulo alertaron de la detención. A última hora del domingo, Obono fue liberada. Su compañero de militancia asegura que las Embajadas de España y Estados Unidos estuvieron “implicadas” y que ha sido gracias a la presión internacional que ha sido liberada: “De no ser por eso, seguiría incomunicada, a saber dónde estaría”.
Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Melibea Obono pero no ha contestado a los mensajes. Gonzalo Abaha explica que la policía le ha requisado su móvil para investigar sus comunicaciones.
Las detenciones de activistas LGTBI bajo el régimen de Teodoro Obiang se han recrudecido en las últimas semanas. En especial, desde la publicación del informe Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y degradantes contra las personas LGTBQI+ en Guinea Ecuatorial, que Somos Parte del Mundo hizo público en la sede de la Unión Europea en Madrid el pasado mes de mayo. Obono hizo la presentación y estuvo acompañada de Juan González Mellizo, jefe de Comunicación de la Representación de la Comisión Europea en España y del ex Defensor del Pueblo en el País Vasco Iñigo Lamarca, entre otros.
En el informe, del que Obono ha sido consultora, recoge testimonios y fotografías de violencias ejercidas contra personas de la comunidad LGTBIQ+ guineana. Muchas de ellas a su paso por ese llamado Guantánamo, como el de Julia, una mujer trans de 24 años que en 2021 relató su encarcelación durante dos semanas en una celda oscura de ese lugar: “En las mañanas traían un pan seco, era mi alimento diario. Todos los días, a las cuatro de la tarde, me llevaban a la sala de tortura, en el subterráneo, con muchas camillas sin colchones. Los agentes de policía decían que la ausencia de colchones es útil porque así la electricidad llega a la espalda de la persona a través de los hierros”.
Su testimonio continúa así: “En la sala tenían muchas herramientas de tortura, objetos punzantes como machetes y cuchillos. Recuerdo haber visto un tubo de gas, una toma de gas. Vi palos de pegar, de madera, bien gordos, también un sitio con poste. Te ponían las esposas, con los brazos hacia atrás, y te dejaban colgado. También había una cosa así calentada con fuego que te colocaban entre las piernas. Mientras te torturaban, observabas la cara de un maniquí, que es de un hombre agotado, torturado, con babas, feo, llorón. Siempre que me torturaban, de la manera que fuese, me obligaban a mirar el rostro del maniquí”. Julia afirma que esos actos sucedían todos los días a la misma hora. Y que allí no tenía nombre, sino que se dirigían a ella por el número de su celda. “Yo desaparecí de este mundo y nunca he vuelto a ser lo que era antes. Guantánamo es un edificio de tortura, no es otra cosa”.
“La publicación de este informe ha caído bien”, afirma el activista, también escritor y autor del libro Las ratas también se enamoran. “Se ha intentando intimidar, se han producido detenciones, han sido llevados a los juzgados solo ser lesbiana o gais y antes de llegar allí han recibido palizas de la policía”, explica.
En verdad, el ambiente estaba ya tenso con un informe anterior. Se trataba de una encuesta sobre trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Guinea Ecuatorial con especial atención al caso de las minorías sexuales. El estudio llevaba como antetítulo Homofobia de Estado.
En él se afirman que son las familias las principales “tratantes”, ya que entregan en las comisarías a sus hijos o hijas homosexuales “para que, a través de cincuenta porrazos en el trasero, se transformen en heterosexuales”. “A los cincuenta porrazos en el trasero se agregan los encarcelamientos. Las familias determinan los días de duración del encierro”, señalan.
Tras la publicación de sendos informes ha comenzado la persecución a la organización que los firma, Somos Parte del Mundo. “Hace un mes, unos encapuchados golpearon la sede de la organización en Bata [la capital económica del país] y quisieron entrar pero la puerta estaba bloqueada”, recuerda Gonzalo Abaha. “En Malabo vino el Delegado del Gobierno con la policía, forzando la puerta, para investigarnos, saber con quiénes colaboramos, con intimidación. Confiscaron lo que había en la casa”, explica. Esta sede sirve también como refugio para personas del colectivo LGTBIQ+ que se encuentran en situación de calle. “Como el Gobierno no ha autorizado la homosexualidad, me hicieron firmar un documento donde yo admitía que esas personas eran homosexuales”, dice. Que los informes publicados señalen con datos personajes a supuestos responsables de la trata de personas menores de edad, como empresas o compañías aéreas, es uno de los motivos de la persecución, según Abaha.
Aunque está en su casa, Trifonia Melibea Obono está bajo el impacto de los dos días de detención: “Sigue con cansancio y susto, un poco malita”, admite su compañero, que indica que por ahora ella no ha querido explicar lo que ha sucedido en el sitio de su detención. “Allí no se pasa nada bien –advierte Abaha– de esa cárcel nadie sale como ha entrado”.
Precisamente Obono es una de las participantes del documental Homofobia de Estado que Filmin estrenará el próximo 22 de septiembre dirigido por el cántabro Richard Zubelzu (La batalla del viento, Yo soy una niña) en el que se da voz a los activistas guineanos LGTBI Ángel y Gonzalo, que explican la persecución que sufren en su país las mujeres y las personas LGTBI, y cómo salir del armario es un tabú dentro de las familias.
El informe que se presentó en la sede de la UE en España afirma que la inseguridad jurídica gobierna las vidas de las personas LGTBIQ+ en Guinea Ecuatorial y que el trato cruel, inhumano y degradante hacia las minorías sexuales se produce por “la implicación de policías, comunidades de vecinos y militares”. Aunque el Código Penal que se aprobó en 2022 no protege a las minorías sexuales, sí deroga leyes que según los activistas se siguen aplicando, como una ley de Orden Público de 1980 o la de Vagos y Maleantes de 1954. También piden que se legisle en base a los Principios de Yogyakarta, que recomiendan a los gobiernos cómo aplicar la legislación internacional en materia de derechos humanos y diversidad sexual. Por otro lado, también piden que el sistema educativo y los medios de comunicación divulguen que la OMS eliminó en 1990 la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, para promover un cambio que al menos no haga cómplice a la sociedad de los abusos legislativos y de las fuerzas de seguridad.